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OPINIÓN | Todos de puente, por Antón Losada

Crónica

La derecha judicial abre una brecha en el Gobierno y en Unidas Podemos

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"Estamos todos bailando al son que marca el Tribunal Supremo", dice un diputado de Unidas Podemos, muy crítico con lo que está pasando. Y no le falta razón. La controvertida condena al exdiputado Alberto Rodríguez ha generado una bronca interna en varios frentes: no solo dentro del Gobierno de coalición, con esa anunciada querella contra la presidenta del Congreso. También una división dentro de Unidas Podemos. Todo ello, para gran regocijo de la derecha.

Les recuerdo los precedentes, por si se perdieron algún capítulo previo. 

En una sentencia más que polémica, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó al diputado Alberto Rodríguez a una pena de 45 días de cárcel por un delito de atentado contra un agente de la autoridad. Le acusan, y lo dan como un hecho probado, de propinar una patada en la rodilla a un policía durante una manifestación en 2014. ¿Las pruebas? Poco más que el propio testimonio del policía.

El tribunal dictó sentencia sin unanimidad. Los cinco magistrados ascendidos al Supremo por los vocales nombrados por el PP en el CGPJ respaldaron la condena –entre estos cinco jueces, hay incluso un exsenador del PP, Vicente Magro–. Los dos magistrados de la minoría progresista se opusieron, recordando en su voto particular algo tan obvio como la presunción de inocencia: no basta con el testimonio del acusador para condenar a nadie. Nada extraño para cualquiera que ya conozca el monopolio que ha logrado el PP en el Tribunal Supremo –si quieren más detalles, les recomiendo este informe al respecto–. 

La sentencia contra Rodríguez fue mínima: 45 días de cárcel "con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo". Una pena sustituible por una multa de 540 euros, que el condenado ya ha pagado. 

El Supremo podría haber condenado a Rodríguez a la pena de inhabilitación para cargo público, cosa que no hizo en su sentencia. 

Y a partir de ese punto llegó un debate jurídico que se ha resuelto, por el momento, con la pérdida del escaño para el condenado, después de que los letrados del Congreso respaldaran que no era necesario, después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidiera aclaraciones de la Sala Segunda, después de que el Supremo insistiera en la ejecución de la sentencia –pero sin aclarar en qué consistía tal cosa–, después de que Batet decidiera expulsar a Rodríguez del Congreso. 

Lo ocurrido es una gravísima injerencia del poder judicial sobre el legislativo. Un pulso intolerable, porque no está tan claro como quiere hacer ver el Supremo que cumplir esa sentencia conlleve la pérdida del escaño.

Batet pudo actuar de otra manera. Ser más valiente, aun asumiendo que se jugaba el cargo, y actuar conforme al asesoramiento de sus letrados, en vez de pedir aclaraciones al Supremo, que no tiene esas funciones como hoy recuerda Javier Pérez Royo. Pero también es cierto que la posición en la que el Tribunal Supremo había colocado a la presidenta del Congreso era más que complicada, hiciera lo que hiciera. La bola lanzada solo podía acabar mal o peor, como de hecho ha ocurrido.

Si Batet hubiera optado por resistir frente al atropello del Supremo, quien hubiera presentado una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso habría sido Vox. O el PP. O ambos partidos. Y el juzgado que hubiera decidido al respecto habría sido esa misma Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha condenado a Rodríguez, donde la derecha mantiene una enorme mayoría. Les recuerdo el marcador: en la Sala de lo Penal del Supremo hay 12 magistrados conservadores –promovidos por los vocales del CGPJ nombrados por el PP–, frente a solo 3 progresistas. Es la consecuencia más obvia y directa de los sucesivos bloqueos a la renovación del Poder Judicial cada vez que la derecha pierde las elecciones, como ya he explicado en otros artículos.

Es también esa Sala de lo Penal la que tendría que dirimir la querella que se anunció contra Batet, por prevaricación. Una querella que no tiene ninguna posibilidad de prosperar y que ha generado una enorme grieta en el Gobierno de coalición, y también en Unidas Podemos. Una querella que está en duda que llegue siquiera a presentarse.

La cronología de lo ocurrido es bastante clara. A las nueve de la noche de este viernes, Unidas Podemos anunció una querella contra Batet. El comunicado enviado por Unidas Podemos a los medios era contundente: "Presentaremos una querella contra Meritxell Batet por prevaricación". Primera persona del plural. Nosotros. Es decir, Unidas Podemos.

Minutos después, elDiario.es y otros medios publicamos la noticia .Y fue entonces cuando buena parte de los dirigentes de Unidas Podemos se enteraron por la prensa de una decisión que una parte del partido –Ione Belarra, Enrique Santiago, Pablo Echenique...– había tomado sin consultar con el resto. Una decisión no menor: no todos los días un partido miembro de una coalición anuncia una denuncia penal contra la tercera autoridad del Estado, en manos de su socio de Gobierno.

No sabía de esa querella la vicepresidenta Yolanda Díaz. No lo sabía el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. No lo sabían los Comunes, según aseguran tres fuentes distintas de Unidas Podemos.

No solo no lo sabían. Tampoco comparten esa estrategia.

Sí hay un mensaje ese viernes en dos de los grupos de Telegram que utiliza internamente Unidas Podemos, según confirman distintas fuentes. A las 18:49 lo comunica en el grupo de dirección Enrique Santiago –secretario general del PCE y responsable de la estrategia jurídica–. A las 18:50, en el grupo parlamentario, donde también están los distintos asesores; en total, más de 90 personas. En esos mensajes Enrique Santiago les informa de que "vamos a preparar un recurso de amparo al Constitucional contra está resolución y una querella por prevaricación" ante el Supremo. Pero varios de los principales líderes de la coalición no son conscientes de que se trata de una querella contra Batet hasta que la prensa lo publica. Tampoco hay un gran debate hasta que la noticia ya corre por las portadas de los periódicos. En esos grupos no solo se habla de esa querella, y es un viernes a última hora de la tarde.

La bronca interna, como se imaginarán, fue tremenda. Y tras ella llegó, esa misma noche, una entrevista de Pablo Echenique en la Cadena SER, donde el portavoz de Podemos aseguró que quien presentaba la querella no era el partido, sino "Alberto Rodríguez, con todo nuestro apoyo". Echenique también dijo que Yolanda Díaz sabía de la decisión. Y ambas cosas no eran exactas.

Porque no solo la vicepresidenta segunda se había enterado por la prensa de esa supuesta querella contra la presidenta del Congreso. También el propio interesado, Alberto Rodríguez. Ni había sido consultado. Ni al parecer está convencido de presentarla, según fuentes cercanas al exdiputado. 

Hace apenas unas horas, Alberto Rodríguez anunció que deja Podemos. Una decisión que no es ajena a todo lo que ha ocurrido en estos últimos días. Que es extraordinariamente grave, también por lo que demuestra: la división interna en Unidas Podemos. La enorme diferencia de estrategia entre el núcleo duro del pablismo –que sigue apostando por la confrontación más dura posible con el PSOE– frente al rumbo que quiere marcar el mayor activo electoral que tiene ese espacio: Yolanda Díaz.

Fuentes del grupo parlamentario de UP creen que ese núcleo duro de Podemos –con Ione Belarra al frente– defiende tensar la cuerda con el PSOE e incluso llegar a romperla si fuese necesario, e ir a un adelanto electoral en el año 2022. No agotar la legislatura y aprovechar la buena valoración de Yolanda Díaz, que supera a Pedro Sánchez en el CIS. Creen también que el PSOE no a va a dar más vuelo a la vicepresidenta segunda y que lo ocurrido con la negociación de la reforma laboral es una muestra de que el PSOE no va a permitir que su popularidad siga aumentando. Por eso prefieren romper, antes de que el PSOE frene el ascenso de Yolanda Díaz. Es una estrategia que otros, en la coalición, ven suicida: por el enorme riesgo de que un hipotético adelanto electoral solo beneficie a la derecha.

Esa misma derecha que asiste, con alegría, a la probada capacidad de autodestrucción que siempre tiene la izquierda.

"Estamos todos bailando al son que marca el Tribunal Supremo", dice un diputado de Unidas Podemos, muy crítico con lo que está pasando. Y no le falta razón. La controvertida condena al exdiputado Alberto Rodríguez ha generado una bronca interna en varios frentes: no solo dentro del Gobierno de coalición, con esa anunciada querella contra la presidenta del Congreso. También una división dentro de Unidas Podemos. Todo ello, para gran regocijo de la derecha.

Les recuerdo los precedentes, por si se perdieron algún capítulo previo. 

En una sentencia más que polémica, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó al diputado Alberto Rodríguez a una pena de 45 días de cárcel por un delito de atentado contra un agente de la autoridad. Le acusan, y lo dan como un hecho probado, de propinar una patada en la rodilla a un policía durante una manifestación en 2014. ¿Las pruebas? Poco más que el propio testimonio del policía.

El tribunal dictó sentencia sin unanimidad. Los cinco magistrados ascendidos al Supremo por los vocales nombrados por el PP en el CGPJ respaldaron la condena –entre estos cinco jueces, hay incluso un exsenador del PP, Vicente Magro–. Los dos magistrados de la minoría progresista se opusieron, recordando en su voto particular algo tan obvio como la presunción de inocencia: no basta con el testimonio del acusador para condenar a nadie. Nada extraño para cualquiera que ya conozca el monopolio que ha logrado el PP en el Tribunal Supremo –si quieren más detalles, les recomiendo este informe al respecto–. 

La sentencia contra Rodríguez fue mínima: 45 días de cárcel "con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo". Una pena sustituible por una multa de 540 euros, que el condenado ya ha pagado. 

El Supremo podría haber condenado a Rodríguez a la pena de inhabilitación para cargo público, cosa que no hizo en su sentencia. 

Y a partir de ese punto llegó un debate jurídico que se ha resuelto, por el momento, con la pérdida del escaño para el condenado, después de que los letrados del Congreso respaldaran que no era necesario, después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pidiera aclaraciones de la Sala Segunda, después de que el Supremo insistiera en la ejecución de la sentencia –pero sin aclarar en qué consistía tal cosa–, después de que Batet decidiera expulsar a Rodríguez del Congreso. 

Lo ocurrido es una gravísima injerencia del poder judicial sobre el legislativo. Un pulso intolerable, porque no está tan claro como quiere hacer ver el Supremo que cumplir esa sentencia conlleve la pérdida del escaño.

Batet pudo actuar de otra manera. Ser más valiente, aun asumiendo que se jugaba el cargo, y actuar conforme al asesoramiento de sus letrados, en vez de pedir aclaraciones al Supremo, que no tiene esas funciones como hoy recuerda Javier Pérez Royo. Pero también es cierto que la posición en la que el Tribunal Supremo había colocado a la presidenta del Congreso era más que complicada, hiciera lo que hiciera. La bola lanzada solo podía acabar mal o peor, como de hecho ha ocurrido.

Si Batet hubiera optado por resistir frente al atropello del Supremo, quien hubiera presentado una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso habría sido Vox. O el PP. O ambos partidos. Y el juzgado que hubiera decidido al respecto habría sido esa misma Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha condenado a Rodríguez, donde la derecha mantiene una enorme mayoría. Les recuerdo el marcador: en la Sala de lo Penal del Supremo hay 12 magistrados conservadores –promovidos por los vocales del CGPJ nombrados por el PP–, frente a solo 3 progresistas. Es la consecuencia más obvia y directa de los sucesivos bloqueos a la renovación del Poder Judicial cada vez que la derecha pierde las elecciones, como ya he explicado en otros artículos.

Es también esa Sala de lo Penal la que tendría que dirimir la querella que se anunció contra Batet, por prevaricación. Una querella que no tiene ninguna posibilidad de prosperar y que ha generado una enorme grieta en el Gobierno de coalición, y también en Unidas Podemos. Una querella que está en duda que llegue siquiera a presentarse.

La cronología de lo ocurrido es bastante clara. A las nueve de la noche de este viernes, Unidas Podemos anunció una querella contra Batet. El comunicado enviado por Unidas Podemos a los medios era contundente: "Presentaremos una querella contra Meritxell Batet por prevaricación". Primera persona del plural. Nosotros. Es decir, Unidas Podemos.

Minutos después, elDiario.es y otros medios publicamos la noticia .Y fue entonces cuando buena parte de los dirigentes de Unidas Podemos se enteraron por la prensa de una decisión que una parte del partido –Ione Belarra, Enrique Santiago, Pablo Echenique...– había tomado sin consultar con el resto. Una decisión no menor: no todos los días un partido miembro de una coalición anuncia una denuncia penal contra la tercera autoridad del Estado, en manos de su socio de Gobierno.

No sabía de esa querella la vicepresidenta Yolanda Díaz. No lo sabía el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. No lo sabían los Comunes, según aseguran tres fuentes distintas de Unidas Podemos.

No solo no lo sabían. Tampoco comparten esa estrategia.

Sí hay un mensaje ese viernes en dos de los grupos de Telegram que utiliza internamente Unidas Podemos, según confirman distintas fuentes. A las 18:49 lo comunica en el grupo de dirección Enrique Santiago –secretario general del PCE y responsable de la estrategia jurídica–. A las 18:50, en el grupo parlamentario, donde también están los distintos asesores; en total, más de 90 personas. En esos mensajes Enrique Santiago les informa de que "vamos a preparar un recurso de amparo al Constitucional contra está resolución y una querella por prevaricación" ante el Supremo. Pero varios de los principales líderes de la coalición no son conscientes de que se trata de una querella contra Batet hasta que la prensa lo publica. Tampoco hay un gran debate hasta que la noticia ya corre por las portadas de los periódicos. En esos grupos no solo se habla de esa querella, y es un viernes a última hora de la tarde.

La bronca interna, como se imaginarán, fue tremenda. Y tras ella llegó, esa misma noche, una entrevista de Pablo Echenique en la Cadena SER, donde el portavoz de Podemos aseguró que quien presentaba la querella no era el partido, sino "Alberto Rodríguez, con todo nuestro apoyo". Echenique también dijo que Yolanda Díaz sabía de la decisión. Y ambas cosas no eran exactas.

Porque no solo la vicepresidenta segunda se había enterado por la prensa de esa supuesta querella contra la presidenta del Congreso. También el propio interesado, Alberto Rodríguez. Ni había sido consultado. Ni al parecer está convencido de presentarla, según fuentes cercanas al exdiputado. 

Hace apenas unas horas, Alberto Rodríguez anunció que deja Podemos. Una decisión que no es ajena a todo lo que ha ocurrido en estos últimos días. Que es extraordinariamente grave, también por lo que demuestra: la división interna en Unidas Podemos. La enorme diferencia de estrategia entre el núcleo duro del pablismo –que sigue apostando por la confrontación más dura posible con el PSOE– frente al rumbo que quiere marcar el mayor activo electoral que tiene ese espacio: Yolanda Díaz.

Fuentes del grupo parlamentario de UP creen que ese núcleo duro de Podemos –con Ione Belarra al frente– defiende tensar la cuerda con el PSOE e incluso llegar a romperla si fuese necesario, e ir a un adelanto electoral en el año 2022. No agotar la legislatura y aprovechar la buena valoración de Yolanda Díaz, que supera a Pedro Sánchez en el CIS. Creen también que el PSOE no a va a dar más vuelo a la vicepresidenta segunda y que lo ocurrido con la negociación de la reforma laboral es una muestra de que el PSOE no va a permitir que su popularidad siga aumentando. Por eso prefieren romper, antes de que el PSOE frene el ascenso de Yolanda Díaz. Es una estrategia que otros, en la coalición, ven suicida: por el enorme riesgo de que un hipotético adelanto electoral solo beneficie a la derecha.

Esa misma derecha que asiste, con alegría, a la probada capacidad de autodestrucción que siempre tiene la izquierda.

"Estamos todos bailando al son que marca el Tribunal Supremo", dice un diputado de Unidas Podemos, muy crítico con lo que está pasando. Y no le falta razón. La controvertida condena al exdiputado Alberto Rodríguez ha generado una bronca interna en varios frentes: no solo dentro del Gobierno de coalición, con esa anunciada querella contra la presidenta del Congreso. También una división dentro de Unidas Podemos. Todo ello, para gran regocijo de la derecha.

Les recuerdo los precedentes, por si se perdieron algún capítulo previo. 

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23 de octubre de 2021 - 20:48 h