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En libertad con cargos cuatro abogados detenidos por contratar presuntamente al comisario Villarejo

Villarejo fue detenido el pasado 3 de noviembre y dos días más tarde ingresó en prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca ingresan en la prisión de Estremera

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado en libertad con medidas cautelares a cuatro abogados de un mismo despacho detenidos por contratar supuestamente al comisario jubilado José Manuel Villarejo, líder de una trama dedicada a facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.

Según informan fuentes jurídicas, el magistrado les impone comparecencias mensuales ante el juzgado más cercano, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio para estos cuatro letrados detenidos el pasado lunes por la Policía en su lugar de trabajo.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 les ha tomado declaración después de interrogar al excomisario jefe de Barajas Carlos Salamanca, también imputado en la causa y en libertad provisional desde el pasado 6 de marzo. Las mismas fuentes han explicado que el juez ha suspendido el interrogatorio y le volverá a citar para que responda a las preguntas de las partes tras el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción.

Tanto Salamanca como Villarejo fueron detenidos el pasado 3 de noviembre y dos días más tarde ingresaron en prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada operación 'Tándem', dirigida por la Fiscalía Anticorrupción. A Salamanca también se le atribuye un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La operación fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".

Según Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.

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