Pablo Crespo ha negado, a preguntas de la fiscal, que las empresas de la red Gürtel emitiesen facturas falsas a cargo de administraciones públicas. Ha asegurado que todos los trabajos por los que cobraron están certificados por los ayuntamientos que les contrataron. “No creo que ninguna administración pública trague con pagar 120.000 euros por un trabajo que no se ha hecho”, ha añadido.