El presidente del Gobierno ha desvelado en el Congreso que impulsará una reforma del articulado de la LeCrim, que marca un tiempo máximo en los tiempos de instrucción de una causa judicial tras la reforma impulsada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy.
Según Sánchez, este artículo es “especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas”, entre las que ha destacado las referidas a la corrupción. La limitación del tiempo de la instrucción es algo que impulsó Rajoy a través del exministro Rafael Catalá. Pero la ley que entró en vigor el 1 de julio de 2015 no se pudo cumplir, como certificaron los fiscales.