CRÓNICA

España no es tan diferente a EEUU: los tribunales son una trinchera más de la lucha política

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En España se lleva mucho tiempo hablando de la judicialización de la política. Básicamente, consiste en convertir a los tribunales en la tercera cámara del proceso legislativo. Todas las decisiones de los gobiernos están sometidas al control judicial, lo que es lógico en una democracia. En España y en todos los países con una Constitución escrita, eso confiere un poder esencial al Tribunal Constitucional. Alianza Popular llevó esa situación al extremo en los años ochenta con la presentación de recursos previos de inconstitucionalidad contra casi todas las leyes relacionadas con derechos esenciales. Una de ellas legalizó el aborto en 1985.

Una reforma legislativa aprobada en la época de los gobiernos de Felipe González puso fin a ese carácter previo. Las leyes recurridas no verían interrumpida su entrada en vigor hasta que el TC tomara una decisión. Eso no cambió la actitud de Alianza Popular, y después del Partido Popular. Los recursos ante el TC continuaron siendo un arma básica de su estrategia política. Todo lo que hacían los gobiernos socialistas era por definición anticonstitucional. A partir de esa concepción, era imposible negar el carácter político del TC, lo quisieran o no sus miembros. El PP había decidido por ellos.

Por seis votos a tres, el Tribunal Supremo de EEUU decidió este viernes eliminar el derecho constitucional al aborto, que había sido reconocido por ese mismo tribunal en una sentencia de 1973. La decisión concede a cada uno de los 50 estados del país la vía legal necesaria para prohibirlo si así lo deciden con la aprobación de una ley. También pueden establecer limitaciones que hagan imposible en la práctica ejercer ese derecho.

Se calcula que en torno a la mitad de los estados lo hará por contar con cámaras legislativas controladas por el Partido Republicano. Trece de ellos han activado leyes ya aprobadas que habían quedado suspendidas a la espera de que se solventaran los recursos judiciales contra ellas o la sentencia del Tribunal Supremo.

El movimiento antiabortista en EEUU llevaba muchos años trabajando con el objetivo de que jueces contrarios al derecho al aborto fueran nombrados para el Supremo. Sus opciones no parecían en principio muy altas. Siempre se decía que el Tribunal Supremo nunca cambiaría la decisión de 1973 por ser “cosa juzgada” y contar con un amplio apoyo social. Magistrados conservadores compartían ese punto de vista, que además aislaba al Supremo de la confrontación política. De lo contrario, el tribunal, cada vez que hubiera un cambio relevante en su composición, se dedicaría a reescribir todas las sentencias anteriores.

Incluso varios de los seis magistrados que acaban de poner fin al derecho al aborto se mostraron de acuerdo con esa idea cuando comparecieron en el Senado en el proceso de confirmación de su elección. El magistrado Brett Kavanaugh, elegido por Trump en 2018, así se lo ratificó en privado a la senadora republicana Susan Collins. Estaban mintiendo y eso ha quedado claro ahora.

Los sectores ultraconservadores no se habían dado por vencidos. Estaban convencidos de que si los presidentes republicanos nombraban a magistrados antiabortistas y estos se hacían con el control del Tribunal Supremo, podían acabar con la sentencia original Roe vs. Wade de 1973. Los tres nuevos integrantes designados por Donald Trump en su presidencia hicieron posible el cambio.

La derecha en EEUU se marcó como prioridad ocupar el Tribunal Supremo para impedir que leyes o decretos presidenciales pudieran cuestionar su ideario, como se ha visto esta semana, en relación al derecho a portar armas o al derecho al aborto. La estrategia era clara: conseguir en los tribunales revertir los cambios sociales que gozaban de un apoyo mayoritario en la opinión pública y que no podían sacar adelante en las elecciones y en el Congreso.

En España, hay de entrada una intervención política evidente en la elección del poder judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. Está matizada por el hecho de que se requieren mayorías reforzadas en el Congreso y el Senado para elegir a sus integrantes. Hasta que el Partido Popular, no por primera vez, decidió en esta legislatura boicotear su proceso de elección y negarse a pactar su renovación.

Optó por ignorar el mandato constitucional que obliga a renovar el CGPJ, que a su vez tiene la responsabilidad de nombrar a dos miembros del Constitucional, y la ley orgánica de 1985 que establece su método de elección. El PP –al igual que Ciudadanos– exige que se cambie ese sistema para conceder a las asociaciones judiciales, que son conservadoras en su mayoría, el derecho a hacer algunos de los nombramientos. No tiene mayoría en las Cortes para aprobar esa reforma legislativa y no la promovió cuando sí tenía esa mayoría absoluta con Aznar o Rajoy, pero cuenta con una minoría significativa que le sirve para bloquear la renovación.

La parálisis va a alcanzar ahora al TC. El Gobierno de Pedro Sánchez ha ideado una fórmula que le permita elegir a dos miembros del TC, como marca la ley, y hacer posible al mismo tiempo que el CGPJ nombre a otros dos, a pesar de que una reforma anterior le condenó a ocuparse sólo de asuntos de trámite mientras continúe en esta situación de interinidad, que es una forma elegante de describir una situación de ilegalidad. El cambio permitiría asegurar una mayoría progresista en el Constitucional.

La jugada procede del hecho de que es posible que el TC no acepte a los dos miembros elegidos por el Gobierno si el CGPJ no puede elegir a los dos que le corresponden por ley.

En una confirmación de que la justicia se ha convertido en una trinchera más de la pelea política, vocales del CGPJ han definido de “obscenidad tremenda” la última propuesta del Gobierno, según El Mundo. Esos responsables del poder judicial no tienen inconveniente en emplear el lenguaje agresivo propio de los partidos políticos en relación a una situación que lleva vulnerando el mandato constitucional de renovación desde hace 1.300 días. Este último detalle no les provoca la misma furia.

En España, el Tribunal Constitucional tiene pendiente desde 2010 la sentencia sobre el recurso del PP contra la ley del aborto en vigor. Es cierto que varios medios han informado en los últimos meses de que lo más probable es que el veredicto convalide esa ley y que no ha salido adelante por el intento de que consiga el mayor consenso posible. Pero no es la única ley pendiente. Se encuentran en la misma situación la última ley de educación y la ley de eutanasia. El TC ya dejó patente su sesgo ideológico adoptando los argumentos de Vox al declarar inconstitucional el estado de alarma en la pandemia.

El Constitucional es un campo de batalla más de la lucha política. Ignorarlo supone incurrir en el mismo error de los que pensaron que el Tribunal Supremo de EEUU nunca se atrevería a poner fin al derecho al aborto.

En España se lleva mucho tiempo hablando de la judicialización de la política. Básicamente, consiste en convertir a los tribunales en la tercera cámara del proceso legislativo. Todas las decisiones de los gobiernos están sometidas al control judicial, lo que es lógico en una democracia. En España y en todos los países con una Constitución escrita, eso confiere un poder esencial al Tribunal Constitucional. Alianza Popular llevó esa situación al extremo en los años ochenta con la presentación de recursos previos de inconstitucionalidad contra casi todas las leyes relacionadas con derechos esenciales. Una de ellas legalizó el aborto en 1985.

Una reforma legislativa aprobada en la época de los gobiernos de Felipe González puso fin a ese carácter previo. Las leyes recurridas no verían interrumpida su entrada en vigor hasta que el TC tomara una decisión. Eso no cambió la actitud de Alianza Popular, y después del Partido Popular. Los recursos ante el TC continuaron siendo un arma básica de su estrategia política. Todo lo que hacían los gobiernos socialistas era por definición anticonstitucional. A partir de esa concepción, era imposible negar el carácter político del TC, lo quisieran o no sus miembros. El PP había decidido por ellos.

Por seis votos a tres, el Tribunal Supremo de EEUU decidió este viernes eliminar el derecho constitucional al aborto, que había sido reconocido por ese mismo tribunal en una sentencia de 1973. La decisión concede a cada uno de los 50 estados del país la vía legal necesaria para prohibirlo si así lo deciden con la aprobación de una ley. También pueden establecer limitaciones que hagan imposible en la práctica ejercer ese derecho.

Se calcula que en torno a la mitad de los estados lo hará por contar con cámaras legislativas controladas por el Partido Republicano. Trece de ellos han activado leyes ya aprobadas que habían quedado suspendidas a la espera de que se solventaran los recursos judiciales contra ellas o la sentencia del Tribunal Supremo.

El movimiento antiabortista en EEUU llevaba muchos años trabajando con el objetivo de que jueces contrarios al derecho al aborto fueran nombrados para el Supremo. Sus opciones no parecían en principio muy altas. Siempre se decía que el Tribunal Supremo nunca cambiaría la decisión de 1973 por ser “cosa juzgada” y contar con un amplio apoyo social. Magistrados conservadores compartían ese punto de vista, que además aislaba al Supremo de la confrontación política. De lo contrario, el tribunal, cada vez que hubiera un cambio relevante en su composición, se dedicaría a reescribir todas las sentencias anteriores.

Incluso varios de los seis magistrados que acaban de poner fin al derecho al aborto se mostraron de acuerdo con esa idea cuando comparecieron en el Senado en el proceso de confirmación de su elección. El magistrado Brett Kavanaugh, elegido por Trump en 2018, así se lo ratificó en privado a la senadora republicana Susan Collins. Estaban mintiendo y eso ha quedado claro ahora.

Los sectores ultraconservadores no se habían dado por vencidos. Estaban convencidos de que si los presidentes republicanos nombraban a magistrados antiabortistas y estos se hacían con el control del Tribunal Supremo, podían acabar con la sentencia original Roe vs. Wade de 1973. Los tres nuevos integrantes designados por Donald Trump en su presidencia hicieron posible el cambio.

La derecha en EEUU se marcó como prioridad ocupar el Tribunal Supremo para impedir que leyes o decretos presidenciales pudieran cuestionar su ideario, como se ha visto esta semana, en relación al derecho a portar armas o al derecho al aborto. La estrategia era clara: conseguir en los tribunales revertir los cambios sociales que gozaban de un apoyo mayoritario en la opinión pública y que no podían sacar adelante en las elecciones y en el Congreso.

En España, hay de entrada una intervención política evidente en la elección del poder judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. Está matizada por el hecho de que se requieren mayorías reforzadas en el Congreso y el Senado para elegir a sus integrantes. Hasta que el Partido Popular, no por primera vez, decidió en esta legislatura boicotear su proceso de elección y negarse a pactar su renovación.

Optó por ignorar el mandato constitucional que obliga a renovar el CGPJ, que a su vez tiene la responsabilidad de nombrar a dos miembros del Constitucional, y la ley orgánica de 1985 que establece su método de elección. El PP –al igual que Ciudadanos– exige que se cambie ese sistema para conceder a las asociaciones judiciales, que son conservadoras en su mayoría, el derecho a hacer algunos de los nombramientos. No tiene mayoría en las Cortes para aprobar esa reforma legislativa y no la promovió cuando sí tenía esa mayoría absoluta con Aznar o Rajoy, pero cuenta con una minoría significativa que le sirve para bloquear la renovación.

La parálisis va a alcanzar ahora al TC. El Gobierno de Pedro Sánchez ha ideado una fórmula que le permita elegir a dos miembros del TC, como marca la ley, y hacer posible al mismo tiempo que el CGPJ nombre a otros dos, a pesar de que una reforma anterior le condenó a ocuparse sólo de asuntos de trámite mientras continúe en esta situación de interinidad, que es una forma elegante de describir una situación de ilegalidad. El cambio permitiría asegurar una mayoría progresista en el Constitucional.

La jugada procede del hecho de que es posible que el TC no acepte a los dos miembros elegidos por el Gobierno si el CGPJ no puede elegir a los dos que le corresponden por ley.

En una confirmación de que la justicia se ha convertido en una trinchera más de la pelea política, vocales del CGPJ han definido de “obscenidad tremenda” la última propuesta del Gobierno, según El Mundo. Esos responsables del poder judicial no tienen inconveniente en emplear el lenguaje agresivo propio de los partidos políticos en relación a una situación que lleva vulnerando el mandato constitucional de renovación desde hace 1.300 días. Este último detalle no les provoca la misma furia.

En España, el Tribunal Constitucional tiene pendiente desde 2010 la sentencia sobre el recurso del PP contra la ley del aborto en vigor. Es cierto que varios medios han informado en los últimos meses de que lo más probable es que el veredicto convalide esa ley y que no ha salido adelante por el intento de que consiga el mayor consenso posible. Pero no es la única ley pendiente. Se encuentran en la misma situación la última ley de educación y la ley de eutanasia. El TC ya dejó patente su sesgo ideológico adoptando los argumentos de Vox al declarar inconstitucional el estado de alarma en la pandemia.

El Constitucional es un campo de batalla más de la lucha política. Ignorarlo supone incurrir en el mismo error de los que pensaron que el Tribunal Supremo de EEUU nunca se atrevería a poner fin al derecho al aborto.

En España se lleva mucho tiempo hablando de la judicialización de la política. Básicamente, consiste en convertir a los tribunales en la tercera cámara del proceso legislativo. Todas las decisiones de los gobiernos están sometidas al control judicial, lo que es lógico en una democracia. En España y en todos los países con una Constitución escrita, eso confiere un poder esencial al Tribunal Constitucional. Alianza Popular llevó esa situación al extremo en los años ochenta con la presentación de recursos previos de inconstitucionalidad contra casi todas las leyes relacionadas con derechos esenciales. Una de ellas legalizó el aborto en 1985.

Una reforma legislativa aprobada en la época de los gobiernos de Felipe González puso fin a ese carácter previo. Las leyes recurridas no verían interrumpida su entrada en vigor hasta que el TC tomara una decisión. Eso no cambió la actitud de Alianza Popular, y después del Partido Popular. Los recursos ante el TC continuaron siendo un arma básica de su estrategia política. Todo lo que hacían los gobiernos socialistas era por definición anticonstitucional. A partir de esa concepción, era imposible negar el carácter político del TC, lo quisieran o no sus miembros. El PP había decidido por ellos.