Las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España “pueden constituir ayudas estatales prohibidas” si se otorgan a sectores con actividades económicas como la enseñanza no subvencionada, según una sentencia publicada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La corte comunitaria precisa que las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado español, como el Bachillerato, “parecen revestir carácter económico”, pues se financian mediante el pago de las matrículas y mensualidades de los alumnos o sus familias.
El fallo del tribunal ha llegado para aclarar el caso de un centro de las Escuelas Pías en Getafe (Madrid) que pretende desgravarse el coste de unas obras, unos 23.000 euros, mediante la exención del impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
Los magistrados europeos han sido cuestionados en una consulta previa por un tribunal español que debía solventar este caso. Así, han sentenciado que las enseñanza no obligaria, no subvencionada, no puede percibir estas ayudas. El centro en cuestión imparte clases de ciclos obligatorios de manera concertada y también fase voluntaria como es el Bachillerato.
La Corte explica que hay que dilucidar si esas obras estuvieron destinadas a las actividades educativas concertadas con el Estado o no. Cuestión clave para decidir si se trata de ayuda ilegal: “La exención fiscal controvertida puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que corresponde comprobar al juez nacional”.
Ahora será el turno del juez español determinar finalmente si la exención de impuestos solicitada constituye una ayuda estatal prohibida. Si así fuera, España tendría que informar al departamento de Competencia de la Unión Europea.
La Conferencia Episcopal Española se ha limitado asegurar que “respetando el ordenamiento jurídico vigente” y que está estudiando la sentencia “por su complejidad”.