El exjefe Antidroga de la Guardia Civil en El Estrecho fracasa en su último recurso y será juzgado por un tribunal del jurado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que rechaza los últimos recursos del teniente coronel de la Guardia Civil David Oliva y dos de sus antiguos colaboradores en la causa que se sigue contra ellos por cohecho y revelación de secretos, hechos acaecidos mientras integraban OCON-Sur, el dispositivo especial para la lucha contra el narcotráfico en El Estrecho que fue desmantelado por Interior en 2022. La resolución es firme y no cabe recurso contra ella, por lo que aboca a los tres agentes a sentarse en un banquillo ante un tribunal del jurado en fecha aún por determinar.

Hace más de un año, en abril de 2025, la Fiscalía presentó su escrito de acusación, en el que pide seis años y medio de cárcel para el teniente coronel Oliva, en otro tiempo aupado mediáticamente como azote de las redes del narcotráfico en el sur de España. El Ministerio Público le acusa de haber comprado la voluntad de otro guardia civil, destinado en Asuntos Internos, para que le facilitara toda la información que había sobre él en el citado servicio. Asuntos Internos sospechaba de los vínculos de Oliva con un clan de narcotraficantes de la provincia de Cádiz. Como pago de Oliva al guardia civil filtrador este fue destinado en el dispositivo comandado por David Oliva.

Junto a Oliva y el ex agente de Asuntos Internos se sentará un teniente, colaborador del teniente coronel. Para este teniente, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por los mismos delitos que debe responder el teniente coronel Oliva, cohecho y revelación de secretos, mientras que para el antiguo agente de Asuntos Internos, el Ministerio Público pide tres años y seis meses de prisión únicamente por revelación de secretos.

Oliva y el teniente acusado integraron el dispositivo OCON-Sur desde su puesta en marcha, en 2018. OCON-Sur fue la respuesta del actual Gobierno al crecimiento de la vía del narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, su penetración en distintas capas de la sociedad y la violencia utilizada por los miembros de los clanes, que habían empezado a atacar a los agentes de la autoridad.

En los apenas cuatro años que estuvo desplegado, el dispositivo sumó más de 10.000 detenciones y la incautación de 1.400 toneladas de droga. En octubre de 2018, con una explicación que no convenció al tejido social de la zona, Interior devolvió la lucha antidroga a las comandancias de la Guardia Civil y disolvió el dispositivo especial, compuesto por 150 agentes que habían tenido una dedicación exclusiva y mayores retribuciones.

El motivo de aquella decisión ministerial fue un misterio hasta que trascendió la imputación del teniente coronel Oliva en abril de 2023. El año anterior, el ministro del Interior había sido advertido de la investigación en marcha contra Oliva, por lo que decidió poner fin al dispositivo especial de la Guardia Civil, explican fuentes del instituto armado.

Según la investigación, Oliva había averiguado que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil andaba tras él por su relación con un clan asentado en la playa de Bolonia (Cádiz), así que contactó con uno de los agentes del SAI. Acordó con él que le facilitara toda la información obrante en Asuntos Internos a cambio de llevarlo a trabajar con él a OCON-Sur, en Cádiz, destino al que aspiraba el filtrador por motivos familiares.

El agente de Asuntos Internos entregó a Oliva un pendrive con toda la información y terminó destinado en OCON-Sur. La filtración de información, obtenida del servidor de Asuntos Internos, constituiría un delito de revelación de secretos, mientras que la concesión del puesto en el lugar donde quería el filtrador, otro de cohecho.

La estrategia de defensa de los guardias civil incluyó denunciar un presunto montaje de la Policía Nacional para acusar en falso a Oliva de vínculos con los narcotraficantes. La denuncia de los guardias civiles motivó la imputación de un mando de la Udyco. El TSJ de Madrid rechaza que esa causa abierta contra el policía en un juzgado de Madrid sea motivo para invalidar el procedimiento contra los tres mandos del instituto armado. Los guardias civiles argumentan que el montaje policial respondería al deseo de la Udyco de que desapareciera el exitoso OCON-Sur, dentro de la rivalidad entre Cuerpos

Al tiempo, la defensa de los guardias civiles interpuso numerosos recursos que han retrasado la decisión que implica finalmente que vayan a ser juzgados por un tribunal del jurado, competente en los delitos de cohecho que cometen funcionarios públicos.

“La nulidad carece de justificación”

Los guardias civiles acusados sostienen que toda la investigación está viciada por las supuestas falsedades e ilegalidades cometidas contra ellos por la Udyco de la Policía Nacional, también el trabajo que hizo después el propio Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la propia Guardia Civil y los consiguientes autos judiciales.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior de Madrid resuelven que el informe del SAI “no es tributario” del trabajo de la Udyco y que recoge “hasta trece indicios que fundamentan la oportunidad de la pesquisa”, según se puede leer en el auto de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que ha tenido acceso elDiario.es. “En suma, la investigación llevada a cabo resultó respetuosa de los derechos fundamentales concernidos y la nulidad pretendida carece de justificación”, añade la resolución.

El procedimiento se encuentra ya en el trámite de las cuestiones previas. Los acusados impugnaron la incorporación de distintas pruebas que el TSJM rechaza. “Lo que no cabe es convertir el trámite de cuestiones previas al juicio en una oportunidad sanatoria universal de cualquier acto procesal anterior o una ocasión preventiva de hipotéticas irregularidades futuras. No existe, por tanto, vulneración de derechos fundamentales que propicie la nulidad pretendida”, culmina el auto.

Otro de los guardias civiles denuncia las diligencias de escuchas que se acordaron y la invasión injustificada de sus derechos fundamentales. Esta conclusión supone, a juicio del tribunal, “desconocer el valor convictivo de los indicios, cuya valoración conjunta permitió inferir que el susodicho mantenía una relación muy estrecha con persona vinculada al narcotráfico, a pesar de su condición de guardia civil, que en más de una ocasión intermedió para protegerla y que tenía un patrimonio no acorde con sus ingresos”.