Facua ve “extremadamente grave” que Catalá ocultase que el fallo de LexNET propició más de 400 descargas
La organización Facua-Consumidores en Acción ve “extremadamente grave” que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareciera en el Congreso de los Diputados a finales de agosto para explicar el enorme agujero de seguridad de LexNETLexNET y ocultara la existencia de más de 400 descargas ilegales de datos altamente sensibles y secretos de los ciudadanos, a pesar de saber de ellas desde un mes antes.
Facua, en una nota de prensa difundida hoy, solicita al Ministerio de Justicia que identifique a los afectados por el acceso a sus datos de forma ilegal y se dirija a estos para que si hubieran padecido alguna clase de daño por el acceso de terceros a esa información altamente sensible de sus procesos judiciales, puedan ejercer su derecho a tomar medidas legales contra el Ejecutivo.
En su explicación el 31 de agosto, Catalá sólo desgranó que 49 usuarios de esa plataforma telemática para las comunicaciones en el sistema judicial lograron entrar en los buzones de sus compañeros, en los que los abogados y procuradores reciben documentos judiciales. Sin embargo, Catalá olvidó contar que el sistema de auditoría de la plataforma había detectado también que aprovechando el fallo de seguridad, algunos usuarios habían descargado ilegalmente ciertos documentos judiciales con información confidencial.
Facua considera “gravísima” la negligencia cometida por el Ministerio de Justicia al haber puesto en marcha un sistema con un enorme agujero de seguridad cuyas consecuencias serán difíciles de conocer y más aún que su mayor representante, Rafael Catalá, oculte el alcance real de las incursiones ilegales.
Con sólo cambiar el ID que le identifica, cualquier abogado o procurador podía publicar y acceder a todo tipo de documentos en causas ajenas así como notificar o borrar cualquier sentencia de la Administración de Justicia. Para FACUA es “un escándalo de enormes dimensiones” el hecho de que los usuarios de LexNET hayan podido acceder a todo tipo de datos de terceros: autos de jueces y escritos de abogados con información sobre sus clientes, además de documentación aportada por Policía y Guardia Civil sobre sus investigaciones para causas judiciales.
