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La FEMP pide “racionalidad” en la regla de gasto porque castiga a los municipios
El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha reclamado hoy “racionalidad” en la aplicación de la regla de gasto para los municipios porque denuncia que “fomenta el despilfarro, prima a los que gastan y castiga a los que ahorran”.
La FEMP indica en un comunicado que ha celebrado su Junta de Gobierno y que, tras la misma, Caballero ha reivindicado un cambio en la aplicación de la regla de gasto, mientras que ha anunciado que el jueves habrá una reunión de carácter técnico en el Ministerio de Hacienda para la que mantiene “notables expectativas” en diversas cuestiones relacionadas con la financiación local.
“Creo que podremos obtener resultados que redundarán en beneficio de los ciudadanos”, ha dicho y ha recordado que la administración local es “saneada y responsable” y que “ha cumplido con todos los requerimientos en regla de gasto, superávit y deuda”.
Caballero también se ha referido a la utilización del superávit municipal prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado PGE que, según ha señalado, “serán entre 4.000 y 5.000 millones” que podrán dedicarse a las ciudades y política sociales.
Ha citado, entre las cuestiones prioritarias, abrir escuelas infantiles, llevar adelante actuaciones relacionadas con la vivienda social o con la puesta en marcha de las denominadas “electrolineras”.
Tras la reunión de la FEMP, su vicepresidenta, Concepción Gamarra, ha asegurado que los PGE han demostrado que las promesas del Ejecutivo sobre “municipalismo son papel mojado”.
Ha explicado que muchas de las propuestas de enmiendas a las cuentas anuales del Estado aprobadas hoy por la FEMP “han tenido que realizarse para tratar de que el Ejecutivo ”cumpla con lo pactado con los ayuntamientos“.
Se ha planteado una propuesta de enmienda, ya que el PGE no lo recogen, ha aclarado Gamarra, para que se extienda a 2019 la posibilidad de concluir la ejecución de las inversiones financieramente sostenibles autorizadas en 2017 y financiadas con el superávit de 2016.