La fiscal general del Estado advierte de que la crítica legítima a la Justicia “no puede confundirse con la descalificación sistemática”
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha indicado este jueves durante el acto de apertura del año judicial que si bien la sociedad actual se caracteriza por “una creciente demanda de transparencia y por una legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas”, esto no puede confundirse “con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad”.
Ésta es la primera ocasión en que ha asistido a este acto como fiscal general dado que nombrada tras la dimisión en noviembre de 2025 del ex fiscal general Álvaro García Ortiz después de que fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación.
Sobre esa actuación del Ministerio Público que es objeto de crítica, Peramato ha añadido que en ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales “mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos” en los que se interviene. Y ha resaltado que a menudo “se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica” y que se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten “convenga a unos o a otros”.
“Los y las fiscales españoles desempeñan su trabajo en condiciones de enorme exigencia profesional, soportando cargas de trabajo crecientes y atendiendo asuntos de extraordinaria complejidad. Y lo hacen con discreción, con rigor y con una lealtad total y absoluta a los valores constitucionales que fundamentan nuestra convivencia democrática”, ha defendido.
Al hilo, la fiscal general ha apostillado que la fortaleza del Ministerio Fiscal “no descansa en quienes, de forma transitoria, ocupan puestos de responsabilidad” sino que se sustenta “en la integridad, la profesionalidad y la dedicación de quienes integran la carrera fiscal y, sobre todo, en el compromiso cotidiano de sus 2.804 miembros, que pronto serán más de 3.000, con el servicio público de la Justicia”.
Por otro lado, la fiscal general ha defendido la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dará la batuta de las investigaciones a los fiscales. “El objetivo es reforzar las garantías de la ciudadanía. Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales. Y quien controla la legalidad de la investigación debe encontrarse plenamente desvinculado de las tareas investigadoras”, ha explicado para luego destacar que es necesario reformar el Estatuto de Ministerio Fiscal.
“Es justo reconocer que el proyecto de reforma de nuestro Estatuto constituye un importante paso adelante y una apuesta valiente”, ha añadido, para luego destacar que es necesario “desvincular el mandato de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de la duración del Gobierno que la nombró”. Y ha destacado que los fiscales siguen precisando “más autonomía”: “Autonomía que incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la Justicia”.
La fiscal general se ha referido también a los casos de corrupción que ha perseguido el Ministerio Público en este último año, pero sin hacer referencia expresa al caso Koldo que fue juzgado por el Supremo. Peramato ha indicado que este fenómeno “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones” y, por tanto, constituye “una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española”. “La investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”, ha indicado.
Peramato se ha referido también a la situación que se vive en Ceuta, donde los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva de migrantes. “Trasladar un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras”, ha explicado.
En este sentido, Peramato ha llamado a “preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad”, algo que, ha añadido, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.