El Gobierno dice que Argentina tardará años en tener tarifas de gas equilibradas

El jefe de Gabinete argentino, Marcos Peña, reconoció que el país va a tardar “varios años” en tener un sistema de precios del gas “justo” y “equilibrado”, en una entrevista publicada hoy, cuatro días después de que un fallo de la Corte Suprema del país frenara parcialmente el “tarifazo”.

“Estamos en los comienzos de un proceso para poder encarar una mejora de todo el sistema energético. Va a tardar varios años hasta que Argentina importe menos gas y pueda tener un sistema tarifario justo, equilibrado y que se pueda cuidar a los sectores más vulnerables. Esto demora un poco ese proceso claramente”, dijo Peña al diario Clarín.

No obstante, Peña apuntó que valoran “mucho la independencia de la Corte” porque “una mejor calidad democrática tiene que ver con respetar las decisiones independientemente de las opiniones”.

Peña consideró que igualmente el cuadro tarifario que ha quedado tras la revocación de los aumentos por parte de la Justicia “es injusto”, “desigual a nivel territorial” y que al no promover “la inversión” va a “hacer que cada día” Argentina esté “un poco peor”.

Por ello, el funcionario hizo un llamamiento a las fuerzas políticas, sociales, empresariales y sindicales para participar en el proceso de audiencia pública que comenzará en septiembre y que la Corte Suprema consideró “obligatorio” previo a realizar cualquier modificación en las condiciones de los servicios básicos.

La Corte Suprema falló este jueves a favor de anular las subidas del precio del gas ordenadas por el Gobierno para los usuarios residenciales debido a que la decisión no se había sometido a audiencia pública previa.

La actualización de los precios había supuesto inicialmente aumentos de hasta el 800 % aunque posteriormente el Gobierno fijó un tope de subida del 400 % para los particulares ante al fuerte descontento social.

La anulación no abarcó a otros tipos de usuarios, como los industriales o comerciales a los que también se aplicaron subidas con un tope máximo del 500 %, ya que la Corte solo se declaró competente para juzgar sobre los intereses de los usuarios residenciales al considerar que solo estos son un colectivo homogéneo.

La subida del gas llegó junto a incrementos en el precio de otros servicios básicos, como la luz, que también están bajo la lupa de la Justicia actualmente.