El Gobierno espera que la salida de Magdalena Alvarez del BEI se concrete “de aquí a agosto”

Después de que el Gobierno invitara a Alvarez a abandonar su puesto --una silla que comparten España y Portugal, que se van turnando a la hora de designar candidatos-- y la exministra se haya resistido a irse, el Ejecutivo tomó la iniciativa esta semana y activó los procesos correspondientes encaminados a que la representante española salga de la institución.

Así, la representante española en el Consejo de Administración del BEI y subdirectora general del Ministerio de Economía, Clara Crespo, ha pedido por carta al presidente de la institución, Werner Hoyer, un dictamen de los servicios jurídicos sobre los procedimientos internos para acordar el cese de un miembro del Comité de Dirección.

Y es que hoy por hoy no está claro ni quién debería pedir el cese de Alvárez ni qué pasos son los necesarios para adoptar esa decisión. En concreto, Crespo ha solicitado aclaración sobre los requisitos para la adopción de los acuerdos por el Consejo de Administración y el Consejo de Gobernadores, así como sobre quién inicia el procedimiento, qué mayorías son necesarias para su aprobación y qué documentación hay que presentar.

En paralelo, la representante española en el máximo órgano de gobierno del BEI ha pedido que se consulte a la Oficina de Conflictos para que se pronuncie sobre si existe un riesgo de deterioro en la reputación para el BEI en las actuales circunstancias.

Según los cálculos del Ejecutivo español, la conclusión de estos procedimientos activados en el BEI se podría demorar hasta el mes de agosto, si bien el Gobierno confía en que antes del parón veraniego este tema se haya solucionado.

Crespo representa al Gobierno español en el Consejo de Administración del organismo, formado por un total de 29 miembros.

Magdalena Álvarez asumió su cargo en el BEI en 2010 como parte de un acuerdo entre España y Portugal para rotar su representación en el Comité de Dirección de la institución. El mandato de Álvarez debería expirar en dos años, y de producirse su sustitución, el Gobierno tendría la opción de nombrar a otro representante español.