Guerrero, el alto cargo más polémico que puso en jaque a la Junta del PSOE

Sevilla, 11 oct (EFE).- “A mí se me dice un día, 'A partir de aquí este es el 'modus operandi'. Pues ya está: 'Sí, 'bwana'”, afirmaba Francisco Javier Guerrero en una entrevista con Efe en mayo de 2018, en la que sostenía que el sistema para conceder y pagar las ayudas de los ERE fraudulentos no lo montó él, sino la Junta de Andalucía.

Sin pelos en la lengua, el que fuera director general de Trabajo andaluz entre octubre de 1999 y abril de 2008 se había convertido en el perejil de todas las salsas del caso de los ERE, una de las mayores tramas de corrupción conocidas que le llevó dos veces a prisión, el único inculpado en este caso que lo ha hecho, y en la que figuraba como investigado en muchas más piezas.

Guerrero ha fallecido este domingo en su domicilio de la capital andaluza, donde esperaba la resolución del recurso de la sentencia que hace casi un año le condenó a siete años, once meses y un día de cárcel, así como a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por delitos continuados de malversación y prevaricación.

De 63 años y natural de El Pedroso, en la sierra norte de Sevilla, la figura de Guerrero va unida a la de su exchófer, Juan Francisco Trujillo, que recibió 1,4 millones de euros en ayudas para tres proyectos presuntamente sin actividad y que declaró que parte de su dinero se gastó en cocaína y fiestas y copas para él y su jefe.

“Ni he sido drogadicto ni he pagado de la administración pública una copa en mi vida. O me la he pagado yo o me la han pagado los amigos”, zanjaba Guerrero, que atribuía esa acusación a una “inquina personal”, y al que tampoco dolieron prendas en rechazar en una comparecencia en el Parlamento haber sido “un putero”.

Más allá de este episodio, el ex alto cargo ha sido un protagonista crucial en el caso de los ERE, ya que las investigaciones iniciales de la jueza instructora Mercedes Alaya dieron un avance cualitativo tras conocerse que declaró a la Policía Nacional, en diciembre de 2010, que estas ayudas sociolaborales, consignadas en la partida 31-L de los presupuestos de la Junta de Andalucía, se repartían a modo de “fondo de reptiles”.

Dolido porque desde la Junta se hablara de “cuatro golfos” como toda extensión del caso de los ERE y se le situara entre esos responsables, Guerrero vio cómo las defensas de muchos de los otros 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz se basaban en desconocer cómo se gestionaban las ayudas porque “eran competencia del director general de Trabajo”.

Asumía que “el que firma es el que paga” y que con su firma había concedido 567 millones en ayudas, entre otros a amigos y alcaldes socialistas, pero argumentaba que usó “el procedimiento del que nos habíamos dotado en la Junta de Andalucía”, que consideraba “absolutamente legal y transparente”, según explicó a Efe.

Cuando se le preguntaba por qué no se hizo caso a los reiterados avisos de la Intervención sobre lo “inadecuado” del sistema, Guerrero no lo dudaba: “¿El interventor es Dios?”, respondía, para dejar claro que había que resolver situaciones urgentes de trabajadores y empresas “que tienen que depender de este sistema, no de que a usted como interventor le dé lo mismo firmarlo hoy que dentro de cuatro meses”.

Eva Ruiz.