La violencia y la impunidad son los principales obstáculos para los DD.HH. en El Salvador

La ola de violencia que afecta a El Salvador y la impunidad en los casos de vulneraciones contra grupos minoritarios son los principales obstáculos para la protección de los derechos humanos en este país, señalaron hoy diversos defensores.

El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, explicó a Efe que la situación de “violencia generalizada” que vive el país, y que hasta el 7 de diciembre se cobró la vida de 6.215 personas, es el “problema más grande” en materia de derechos humanos en El Salvador.

Añadió que no solo la violencia de las pandillas vulnera estos derechos sino que se suman la generada en contra las mujeres, la niñez y la comunidad de la diversidad sexual.

Destacó que este contexto de violencia “contrasta” con “un escenario amplio de impunidad” en el sistema de justicia de El Salvador, donde el 12 % de los delitos resulta sin condena, según un informe emitido en mayo de 2015 por el Banco Mundial.

“Tenemos una Fiscalía débil o condescendiente cuando se trata de violaciones a los derechos humanos” de mujeres o grupos minoritarios y “hemos tenido pocos avances en la depuración del sistema judicial” que ha “contribuido a mantener estos espacios de impunidad”, advirtió Morales.

“Hemos dado seguimiento a casos de violencia atroz contra mujeres y hemos encontrado que los agresores son favorecidos, incluso con medidas alternas a la prisión” y las agredidas son “revictimizadas”, explicó el defensor.

Agregó que en los casos de mujeres que son procesadas por el delito de aborto, “se aplican criterios sexistas y de discriminación” y en muchos casos son condenadas con “pruebas dudosas” en las que se establecen “causas de muertes indeterminadas” de los recién nacidos.

“Se termina estableciendo la culpabilidad y no se procesan por aborto, sino que se cambia la tipificación a homicidio agravado con pruebas débiles”, acusó.

Por otra parte, remarcó que en el sistema judicial existe un “profundo desprecio” contra víctimas de crímenes de guerra ocurridos entre 1980 y 1992.

“Hay grandes nichos de impunidad en los que no vemos voluntad. Sobre estos se deben establecer responsabilidades y buscar cambios” con la elección de “personas idóneas” y “mecanismos de depuración internos”, sentenció.

Para Morales otro factor que ha generado vulneración a derechos humanos es el endurecimiento de las políticas estatales contra la criminalidad que ha adoptado el Gobierno en 2015.

“Ante la escalada delictiva y la respuesta de las instituciones, la población ha evidenciado más presuntos abusos y los ha denunciado; yo he constatado que muchos de estos casos han llegado a ser violaciones gravísimas a los derechos humanos”, explicó.

En el referido lapso, la PDDH recibió un total de 2.202 denuncias de posibles violaciones a derechos por parte de instituciones estatales de las que el 91,78 % fue contra la Policía, el Ejército y otros organismos estatales que intervienen en la represión del delito.

No obstante, advirtió de que lo “preocupante” no solo es el aumento de los casos, sino el incremento en la “gravedad” de los mismos.

“Hemos tenido casos de muertes arbitrarias, situaciones que podrían rayar en la tortura y estamos indagando posibles ejecuciones en el escenario de enfrentamientos armados entre policías y supuestos delincuentes, que terminan en la muerte de todos”, añadió.

Por su parte María Teresa Ascencio, miembro de las Unidades Juveniles de la PDDH, dijo que no pueden obviar la situación de la violencia contra los niños y jóvenes.

Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML), el 10,96 % de las víctimas de homicidio hasta el 30 de noviembre de 2015 fueron menores de edad.

“La realidad salvadoreña presenta situaciones que limitan la protección adecuada de los derechos de la niñez y adolescencia, ya que la sociedad nos sigue considerando como objetos y no como sujetos de derecho”, señaló la joven.

Agregó que la criminalidad “no es la única que afecta” a este sector de la sociedad, sino que también son víctimas de la violencia intrafamiliar y sexual.

De igual forma, Celia Medrano, de la organización no gubernamental Cristosal, señaló que un fenómeno que vulnera los derechos de la población es el desplazamiento forzado a causa de la violencia.

Aseguró que el “Ejecutivo y la mayoría de instancias estatales” están “reprobados” en garantizar la protección de los derechos humanos de “las víctimas desplazadas” porque estos no reconocen el fenómeno ni su “dimensión real”.

“Continuar negando la existencia de desplazados internos por violencia generalizada y la gravedad de la misma constituye una violación a derechos humanos” por parte del Estado, dijo a Efe.

Medrano citó un informe del Consejo Noruego para los Refugiados de 2014 que da cuenta que unas 289.000 personas “están en condiciones de desplazamiento” en El Salvador.