IU confía en consensuar el final de la ley de Amnistía de 1977 que impide juzgar los crímenes del franquismo
¿Por qué no se persiguen los delitos del franquismo contra los derechos humanos? ¿Por qué se pasean por las calles torturadores de la dictadura? Porque en octubre de 1977 se aprobó la ley de amnistía.
En octubre de 1977 acababan de celebrarse las primeras elecciones tras la dictadura, y quedaba un año para la aprobación de la Constitución. Sin embargo, en aquel Parlamento, recién estrenado se antepuso lo que se entendía por “reconciliación” por encima de otros valores, como la reparación o la persecución de los crímenes de la dictadura. Así se expresaba en la tribuna del Congreso el día portavoz del PCE Marcelino Camacho en el debate sobre la ley de amnistía, preso en las cárceles franquistas por sindicalista y fundador de CCOO: “Como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”.
Ahora, cuarenta años después, Izquierda Unida, coalición en la que se integra el PCE, ya tiene un borrador de proposición de ley en el marco del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea para derogar aquella ley de Amnistía. ¿Por qué? “Porque esta ley supone el verdadero freno a la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo”, según explica Esther López Barceló, coordinadora del Área de Memoria Democrática de IU.
El texto de IU anula la Ley 46/1977, de 15 de octubre, “de Amnistía en todos aquellos aspectos que vulneran el Derecho Internacional en materia de persecución de crímenes de lesa Humanidad; declara la nulidad de pleno derecho de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que supusieron condenas que atentan contra los Derechos Humanos y atiende la evolución del Derecho Penal Internacional en el sentido de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, el Gobierno dará apoyo a las reclamaciones que por este motivo formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura franquista”.
No obstante, “Izquierda Unida avanzará aún más en su trabajo para consensuar los puntos de la iniciativa con más asociaciones de la Memoria y otras formaciones políticas, lo que incluirá una ronda de contactos con el conjunto de ellas”. El objetivo, según fuentes de IU, es sumar voluntades más allá del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con el fin de poder lograr una mayoría suficiente como para aprobar la proposición de ley en el Congreso en otoño, cuando la ley de amnistía cumplirá cuatro décadas.
La ley de amnistía fue fruto del pacto de las élites que forjó la Transición, con la dictadura en los talones y ley de amnistía mediante, que alumbró ese régimen del 78 cuyas costuras hoy se estiran y se rompen por algunos lados, pero que se construyó gracias al pacto entre el franquismo, sus herederos y los perdedores de la Guerra Civil. Y por ese camino, se transigió con la impunidad de la dictadura. Fue la reforma, en lugar de la ruptura. Fue la reconciliación amnésica plasmada en un texto constitucional que instauraba una monarquía parlamentaria que preponderaba los partidos mayoritarios a través de la circunscripción electoral provincial, a los que situaba en el centro de la política, y que enterraba los crímenes del franquismo.
