Una mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acusa a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar “las exigencias del principio de separación de poderes” por tramitar de forma “urgente” y “sin audiencia de ningún tipo” la reforma que restringe su capacidad para nombrar jueces con el mandato caducado, como viene haciendo este órgano desde hace más de dos años. Estas afirmaciones están recogidas en un acuerdo muy crítico con los partidos que sustentan al Gobierno y que han suscrito 16 de los 21 miembros del CGPJ: los once conservadores y cuatro progresistas más el presidente, Carlos Lesmes. En contra han votado los otros cinco vocales progresistas, que formularán un voto particular. La renovación del CGPJ, cuyo mandato expiró en diciembre de 2018, sigue bloqueada por el rechazo del PP a pactar con el Gobierno.
El pleno de la institución ha acordado solicitar a la Mesa del Congreso que reconsidere su negativa a dar audiencia sobre esta reforma al propio CGPJ, a las asociaciones de jueces y fiscales y a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en las reformas judiciales. Los vocales firmantes critican que esa decisión —aprobada el pasado 13 enero con los votos de PSOE y Unidas Podemos, que tienen la mayoría en la Mesa— fuera acordada “sin ofrecer razón alguna”, lo que les “preocupa especialmente” e insisten en que no es el “camino adecuado” ni el “más respetuoso” con “las exigencias del principio de separación de poderes”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 561.1 que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma se ha planteado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, una modalidad que no requiere ese control previo. La mayoría de vocales, no obstante, defienden que su petición de informe era un “recordatorio” de los “principios y requerimientos” que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial.
El acuerdo aprobado afirma que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario y a la ciudadanía del “conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial”. Además, considera que “orilla la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones que tienen competencias en materia de justicia”.
Además del presidente Lemes, han firmado el acuerdo once vocales elegidos a propuesta del PP —José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea—, tres elegidos a propuesta del PSOE —Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto— y Enrique Lucas, propuesto por el PNV. Han votado en contra los vocales progresistas Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Álvaro Cuesta.
Nombramientos discrecionales
La reforma que proponen PSOE y Unidas Podemos, respaldada por la mayoría reforzada de la investidura, tiene como objetivo impedir que un Consejo interino pueda hacer nombramientos discrecionales como los que prevé seguir haciendo en el Pleno del próximo 28 de enero. Ya son 61 desde diciembre de 2018, cuando expiró su mandato. En el Gobierno defienden que se trata de acabar con un vacío legal, pues actualmente la única competencia que el CGPJ no puede ejercer en funciones es nombrar a un nuevo presidente. Se trata de una anomalía que no ocurre con los demás poderes del Estado.
El pasado 13 de octubre, PSOE y Unidos Podemos registraron otra proposición con la que pretendían rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ. Este texto fue cuestionado por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la oposición y tres de las cuatro asociaciones judiciales y fue retirado por el Gobierno apenas nueve días después. Parecía que se abría entonces una vía de negociación con el PP, que exigió la retirada de la reforma para sentarse a negociar y que lleva meses poniendo encima de la mesa diferentes argumentos para desbloquear la situación. El líder del PP, Pablo Casado, ha añadido este jueves un nuevo argumento para mantener ese bloqueo. En su opinión, “durante el estado de alarma no se pueden renovar las instituciones del Estado”.
Con estas palabras se ha manifestado Casado durante una entrevista en La Sexta en la que ha insistido en que para poder desbloquear la renovación del CGPJ es preciso que el acuerdo solo sea entre PSOE y PP. “Pedro Sánchez quiere meter en ese acuerdo a Podemos. Jamás en 40 años se ha pactado con otros partidos”, ha añadido, a pesar de que, en el pasado, sí ha habido acuerdos con PNV o IU para renovar el CGPJ, informa Iñigo Aduriz.