Jueces, fiscales, abogados, letrados de Justicia y hasta periodistas. Una línea del pacto que suscribieron PSOE y Junts para la investidura a finales de 2023 provocó una enorme ola de indignación en el mundo judicial que desembocó en multitud de comunicados y hasta manifestaciones frente a los juzgados. Era la primera vez que un documento de esa entidad aludía a la existencia del 'lawfare'.
La reacción en tromba anuló prácticamente cualquier opción de debatir sobre ese fenómeno –del que entonces ya se habían dado casos en nuestro país– y puso de manifiesto un importante déficit democrático en el tercer poder del Estado, incapaz de abordar temas delicados o incómodos a través de una conversación sosegada.
El mensaje era que el trabajo del Ejecutivo se debe fiscalizar, el del legislativo también, pero el de los jueces hay que acatarlo en silencio. No cabe la más mínima crítica sin que parte de la justicia pite falta y saque la tarjeta de la injerencia en el tercer poder del Estado.
Aquella reacción furibunda impidió el debate público y nos dejó sin un mínimo consenso sobre qué se considera 'lawfare'. Es un concepto con infinitas aristas, que se manifiesta de maneras muy distintas y que adquiere dimensiones distintas en cada país. La explicación más abstracta es que se trata de una guerra judicial en la que se usan los tribunales contra el adversario político, pero lo cierto es que bajo esa definición genérica caben multitud de situaciones.
Pero esta semana el juez Juan Carlos Peinado nos ha ayudado a entender un poco mejor en qué consiste una de las modalidades del 'lawfare'.
El instructor ha retorcido hasta el ridículo la investigación a la mujer del presidente del Gobierno, ha abierto nuevas vías cuando la Audiencia Provincial le cerraba otras, ha forzado los límites del derecho desde un despacho de plaza Castilla en el que entraban testigos y salían imputados. La última maniobra buscaba la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, con una contradicción inventada durante su declaración del pasado 16 de abril.
El juez redactó una exposición razonada de 32 páginas en las que pedía al Supremo que imputase a Bolaños por falso testimonio y malversación. La respuesta del tribunal, estrictamente jurídica, deja al descubierto una maniobra que tiene poco que ver con el derecho y mucho con la política.
El tribunal dice que el juez se saltó el trámite de consultar a la Fiscalía antes de enviar la exposición razonada – “Esa omisión es extraña a la forma de proceder habitual en la jurisdicción penal”– y señala que Peinado omitió aspectos y documentos cruciales del caso, que tuvo que aportar la Fiscalía, que define como “aspectos relevantes para el conocimiento de los hechos”.
El auto señala que Peinado pidió la imputación de Bolaños sin un “mínimo respaldo indiciario”, obviando conceptos básicos del derecho como que el falso testimonio es un delito que “requiere que la falsedad de lo declarado sea un dato objetivo”, cuando aquí solo había una presunta y forzada discrepancia de versiones. También le afea que, habiéndolo citado como testigo, le exija la veracidad en su testimonio de un acusado.
El desprecio a la acusación de malversación es igualmente claro: “No existen indicios probatorios, más allá de meras hipótesis, sin el suficiente sustrato fáctico”. El auto desarrolla por qué no se puede atribuir malversación a una persona por “la mera detentación de un cargo público y el desarrollo de sus funciones”.
Hay una “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud”. Una frase demoledora sobre la petición de un juez de que se impute al ministro de Justicia.
El juez que hizo declarar como testigo al ministro de Justicia para luego intentar imputarlo lo hizo sin prueba o indicio alguno, con omisiones flagrantes y un claro desprecio de las normas básicas del derecho, en un proceso que ha servido a PP y Vox para pedir en numerosas ocasiones la dimisión de Félix Bolaños. Es difícil encontrar un ejemplo más claro de lo que es el 'lawfare' en su expresión más pura.
La disculpa de los habituales negacionistas del 'lawfare' es que se trata de un caso aislado que no ha prosperado. Para que haya 'lawfare' no tiene por qué haber condena. El 'lawfare' busca desgastar al adversario, ahogarlo en titulares negativos, dejar el poso de la sospecha, extender el desprestigio, llevarlo hasta el límite en el que no pueda continuar, sin necesidad de llegar a una condena. Que les pregunten a Victoria Rosell, Mónica Oltra o al fiscal general del Estado.
La otra disculpa, muy socorrida, es que es un caso aislado, que se va a la montaña de casos aislados que un día nos enterrará sin que hayamos podido abrir un debate público sobre la existencia del 'lawfare' y de los jueces que ponen su ideología por delante de derecho. Que son una minoría, pero existen.
PD: Tras el pacto de PSOE y Junts se puso el grito en el cielo porque, según publicaron varios medios, el Congreso iba a hacer desfilar por una comisión a jueces señalados por 'lawfare'. El Supremo expresó su malestar por la “cacería” de jueces para “neutralizarlos”. Las asociaciones dijeron que era “un golpe de gracia al sistema constitucional español” y que se iba a “quebrar la democracia”. Nada de aquello ocurrió. No se ha abierto ninguna comisión de investigación sobre el 'lawfare' y ningún juez ha tenido que comparecer. Otro de aquellos episodios en los que se iba a derruir el Estado de derecho, pero al final no.