Juezas y fiscales afganas que condenaron a hombres talibanes piden socorro a España

David Noriega

0

Zobaida Akbari trabajaba, hasta el 15 de agosto de 2021, en el departamento de la Oficina del Fiscal General de Afganistán. Ese día los talibanes tomaron Kabul y esta fiscal, que había perseguido centenares de casos de terrorismo contra los propios radicales y contra comandantes locales del Daesh, tuvo que huir de su hogar. “Fuimos de nuestra casa a la de unos familiares, porque nos estaban buscando”, relata. Tras semanas de angustia, consiguió salir del país y llegar a Islamabad, Pakistán. Ella es una de las 32 mujeres juristas por las que han intercedido asociaciones de jueces y fiscales ante el Gobierno español, que consideran que su situación es crítica.

La vida en Afganistán un año después de la vuelta de los talibanes: "Golpean a las niñas solo por sonreír"

Saber más

En una carta abierta enviada a Pedro Sánchez, las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales lamentan “que desde el Gobierno de España no se está respondiendo a esta crisis humanitaria de la manera que se espera de un país como el nuestro”. En su escrito, recuerdan que estas mujeres “han tenido poder para acusar y condenar a los hombres, y ello es el anatema de la ideología talibán”, y que “desde hace demasiado tiempo” han solicitado protección internacional en la Embajada de España en Islamabad, sin obtener respuesta.

Qudsia Sharify es una de esas mujeres. Según cuenta a elDiario.es, hace siete meses que solicitó protección internacional ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español desde la capital pakistaní. Esta joven de 28 años comenzó su carrera profesional en 2016 como abogada investigadora para la eliminación de la violencia contra las mujeres en Ghor. “En ese momento yo era la única mujer que trabajaba en la justicia en esa provincia”, explica. En 2018 se mudó a Kabul, para ocupar un puesto de fiscal, que la llevó a participar en unos 40 procesos contra talibanes, mientras lo compaginaba con labores de consultora en investigación de género en organizaciones internacionales.

“En agosto de 2021, cuando el gobierno afgano colapsó por culpa de los talibanes, comenzaron los días de miseria, especialmente para las mujeres”, relata Sharify. “Primero arrebataron a las niñas el derecho a la educación, las protestas fueron brutalmente reprimidas y las manifestantes fueron detenidas y torturadas en cárceles. Las fiscales y juezas fueron expulsadas de sus trabajos y el sistema judicial se está derrumbando mientras los casos se resuelven según la fetua [ley islámica]”, explica desde Islamabad. Las organizaciones que trabajan para ayudar a este colectivo indican que desde la toma de Kabul, los talibanes han asesinado a 26 fiscales. “Estamos intentando salvar nuestras vidas”, indica.

En un informe de Amnistía Internacional, publicado el 27 de julio, la organización coincide en señalar que “los talibanes violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación; diezman el sistema de proyección y apoyo para quienes huyen de la violencia de género en el ámbito familiar; detienen a mujeres y niñas por infracciones menores de normas discriminatorias; y contribuyen al aumento del número de matrimonios precoces y forzados en Afganistán”. Además, las conclusiones del estudio coinciden con lo expresado por Sharify: “Las mujeres que protestan pacíficamente contra estas normas opresivas son amenazadas, detenidas, recluidas, torturadas y sometidas a desaparición forzada”.

“Desde la Unión Progresista de Fiscales llevamos un año haciendo valer ante el Gobierno y ante el ministerio de Asuntos Exteriores la situación límite que viven tanto el colectivo de jueces como el de fiscales y juristas defensoras de los derechos humanos. Para que un Estado de derecho como el nuestro funcione, es necesario que haya gente que garantice este servicio público. Cuando la situación se revierte porque hay una toma del poder por parte de los talibanes, es una obligación moral proteger a estas personas”, defiende la presidenta de la UPF, Inés Herrera.

“Ponemos el foco en la importancia que tiene que se proteja a las mujeres juezas, fiscalas y abogadas, porque además de la condición de defensa de ese Estado, se trata de mujeres que han estado juzgando a hombres y a hombres talibanes”

“Ponemos el foco en la importancia que tiene que se proteja a las mujeres juezas, fiscalas y abogadas, porque además de la condición de defensa de ese Estado, se trata de mujeres que han estado juzgando a hombres y a hombres talibanes”, por lo que se encuentran en una situación de “absoluta emergencia” ante el riesgo de ser deportadas al caducar sus permisos en Pakistán. “Como crucen la frontera, las van a matar”, coincide Ignacio Rodríguez, fundador de 14Lawyers, una organización que presta apoyo a abogados de derechos humanos que trabajan en contextos hostiles. Él ha viajado a Pakistán y ha estado en contacto con algunas de estas mujeres y considera que el ministerio “está manejando la situación con total arbitrariedad”.

“España ha evacuado a 3.900 personas”

Desde el pasado agosto y hasta el 5 julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores aceptó tan solo 796 visados de ciudadanos afganos, de los que 266 son visados de mujeres, indican las asociaciones de juezas y fiscales. Este miércoles, llegó a España un avión con 294 colaboradores afganos con lo que, según los datos del departamento que dirige José Manuel Albares, “España ha evacuado a unas 3.900 personas desde hace un año”. En la nave, que salió de Islamabad y aterrizó en la base aérea de Torrejón, no viajaba ninguna de las 32 mujeres por las que tratan de interceder las asociaciones españolas, indica Rodríguez. Desde el ministerio señalan que “no procede facilitar información personal o profesional sobre los pasajeros para preservar su seguridad y por protección de datos”.

“El Gobierno está abandonando a todas aquellas personas que se expusieron públicamente”, considera Rodríguez. En la carta dirigida a Pedro Sánchez, se pide “que se dé cabida a las 32 mujeres juezas y fiscales afganas que se encuentran en Islamabad y a sus familias en los vuelos que el Gobierno de España ha programado para las próximas fechas”. En concreto, se referían al de este 10 de agosto, pero el pasado 21 de julio llegó a Torrejón otro avión militar con 63 ciudadanos afganos procedente de la capital paquistaní, que fueron recibidos por la ministra de Defensa Margarita Robles. Ese avión era un A400 del Ejército del Aire, el mismo modelo que se empleó en agosto de 2021 para realizar las primeras evacuaciones desde Kabul y con una capacidad para 140 ocupantes.

Desde el ministerio señalan que las evacuaciones son cada vez más difíciles “por el control que van ejerciendo los talibanes” y que “para valorar las solicitudes de visados que permitan la presentación de solicitud de asilo en España, se aplican los criterios que marca la Convención de Ginebra del Estatuto del Refugiado de 1951 y aquellos establecidos por la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria”, en concreto en “aquellos artículos que marcan las causas de persecución que puedan dar lugar al reconocimiento de la condición de refugiado”.

Amenazas, ataques y sentencias de muerte

El peligro que corren estas mujeres se ha visto multiplicado con la toma de Kabul, pero la presencia talibán en Afganistán viene de lejos. En 2020, Fatima Mahmoodi era la jefa de la oficina contra la violencia de género de la Fiscalía de Apelaciones de la provincia de Kapisa. En aquel año, recuerda, la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán la advirtió tras descubrir que agentes encubiertos de los talibanes planeaban asesinarla. No es el único caso. “El 20 de agosto de 2015, nuestro conductor observó que otro vehículo nos seguía de camino a casa. Intentó desviarse para ver si el otro coche continuaba detrás de nosotros. Entonces pasó junto a mi automóvil, me miró y nos disparó”, relata Akbari, que no atribuye el atentado a una casualidad: “Ya me habían advertido y amenazado varias veces por mi trabajo”.

En abril de 2021, cuatro meses antes de la toma de Kabul, Akbari recibió una carta. Según relata, el escrito rezaba: “Se le informa de que la hemos visto emitir innumerables juicios injustos contra los muyahidines y los talibanes. Los Emiratos islámicos de Afganistán la sentencian a usted y a toda su familia a pena de muerte”. Una estrategia de terror que conoce bien y contra la que combatió durante años. “Después de toda una vida siendo testigo de los altibajos de la vida en Afganistán, no soy ingenua sobre el inmenso coste de mi solicitud. Como alguien que ha presenciado personalmente el enjuiciamiento de terroristas en Afganistán, sé que detrás de cada avance hay equipos de personas trabajadoras y comprometidas que asumen enormes riesgos para salvar vidas”, explica.

A medida que los talibanes iban avanzando por todo el país, en un proceso que concluyó el pasado mes de agosto, iban liberando de las cárceles a sus simpatizantes. Hombres a los que he encarcelado o ayudado a juzgar juezas y fiscales. “Ahora estamos en Pakistán, en una situación muy precaria de seguridad y económica. Pero, además, estamos amenazadas por los talibanes, que tienen una gran influencia en este país, y por los prisioneros liberados de las cárceles, que en muchos casos se han trasladado aquí”, lamenta Mahmoodi, que asegura llevar ocho meses esperando respuesta a alguno de los email que envió a la embajada española en Islamabad.

Mientras la espera se hace interminable, en España no pierden la esperanza. O, al menos, es lo que se desprende de las palabras de Herrera: “Estamos ante un Gobierno que presume de su actuación en la defensa de los derechos humanos, por eso creemos que nuestra petición será atendida, puesto que es prudente, rigurosa y absolutamente ajustada a derecho”. Mientras tanto, 32 mujeres que han defendido con la ley la justicia en Afganistán siguen esperando una respuesta. 

Zobaida Akbari trabajaba, hasta el 15 de agosto de 2021, en el departamento de la Oficina del Fiscal General de Afganistán. Ese día los talibanes tomaron Kabul y esta fiscal, que había perseguido centenares de casos de terrorismo contra los propios radicales y contra comandantes locales del Daesh, tuvo que huir de su hogar. “Fuimos de nuestra casa a la de unos familiares, porque nos estaban buscando”, relata. Tras semanas de angustia, consiguió salir del país y llegar a Islamabad, Pakistán. Ella es una de las 32 mujeres juristas por las que han intercedido asociaciones de jueces y fiscales ante el Gobierno español, que consideran que su situación es crítica.

La vida en Afganistán un año después de la vuelta de los talibanes: "Golpean a las niñas solo por sonreír"

Saber más

En una carta abierta enviada a Pedro Sánchez, las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales lamentan “que desde el Gobierno de España no se está respondiendo a esta crisis humanitaria de la manera que se espera de un país como el nuestro”. En su escrito, recuerdan que estas mujeres “han tenido poder para acusar y condenar a los hombres, y ello es el anatema de la ideología talibán”, y que “desde hace demasiado tiempo” han solicitado protección internacional en la Embajada de España en Islamabad, sin obtener respuesta.

Qudsia Sharify es una de esas mujeres. Según cuenta a elDiario.es, hace siete meses que solicitó protección internacional ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español desde la capital pakistaní. Esta joven de 28 años comenzó su carrera profesional en 2016 como abogada investigadora para la eliminación de la violencia contra las mujeres en Ghor. “En ese momento yo era la única mujer que trabajaba en la justicia en esa provincia”, explica. En 2018 se mudó a Kabul, para ocupar un puesto de fiscal, que la llevó a participar en unos 40 procesos contra talibanes, mientras lo compaginaba con labores de consultora en investigación de género en organizaciones internacionales.

“En agosto de 2021, cuando el gobierno afgano colapsó por culpa de los talibanes, comenzaron los días de miseria, especialmente para las mujeres”, relata Sharify. “Primero arrebataron a las niñas el derecho a la educación, las protestas fueron brutalmente reprimidas y las manifestantes fueron detenidas y torturadas en cárceles. Las fiscales y juezas fueron expulsadas de sus trabajos y el sistema judicial se está derrumbando mientras los casos se resuelven según la fetua [ley islámica]”, explica desde Islamabad. Las organizaciones que trabajan para ayudar a este colectivo indican que desde la toma de Kabul, los talibanes han asesinado a 26 fiscales. “Estamos intentando salvar nuestras vidas”, indica.

En un informe de Amnistía Internacional, publicado el 27 de julio, la organización coincide en señalar que “los talibanes violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación; diezman el sistema de proyección y apoyo para quienes huyen de la violencia de género en el ámbito familiar; detienen a mujeres y niñas por infracciones menores de normas discriminatorias; y contribuyen al aumento del número de matrimonios precoces y forzados en Afganistán”. Además, las conclusiones del estudio coinciden con lo expresado por Sharify: “Las mujeres que protestan pacíficamente contra estas normas opresivas son amenazadas, detenidas, recluidas, torturadas y sometidas a desaparición forzada”.

“Desde la Unión Progresista de Fiscales llevamos un año haciendo valer ante el Gobierno y ante el ministerio de Asuntos Exteriores la situación límite que viven tanto el colectivo de jueces como el de fiscales y juristas defensoras de los derechos humanos. Para que un Estado de derecho como el nuestro funcione, es necesario que haya gente que garantice este servicio público. Cuando la situación se revierte porque hay una toma del poder por parte de los talibanes, es una obligación moral proteger a estas personas”, defiende la presidenta de la UPF, Inés Herrera.

“Ponemos el foco en la importancia que tiene que se proteja a las mujeres juezas, fiscalas y abogadas, porque además de la condición de defensa de ese Estado, se trata de mujeres que han estado juzgando a hombres y a hombres talibanes”

“Ponemos el foco en la importancia que tiene que se proteja a las mujeres juezas, fiscalas y abogadas, porque además de la condición de defensa de ese Estado, se trata de mujeres que han estado juzgando a hombres y a hombres talibanes”, por lo que se encuentran en una situación de “absoluta emergencia” ante el riesgo de ser deportadas al caducar sus permisos en Pakistán. “Como crucen la frontera, las van a matar”, coincide Ignacio Rodríguez, fundador de 14Lawyers, una organización que presta apoyo a abogados de derechos humanos que trabajan en contextos hostiles. Él ha viajado a Pakistán y ha estado en contacto con algunas de estas mujeres y considera que el ministerio “está manejando la situación con total arbitrariedad”.

“España ha evacuado a 3.900 personas”

Desde el pasado agosto y hasta el 5 julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores aceptó tan solo 796 visados de ciudadanos afganos, de los que 266 son visados de mujeres, indican las asociaciones de juezas y fiscales. Este miércoles, llegó a España un avión con 294 colaboradores afganos con lo que, según los datos del departamento que dirige José Manuel Albares, “España ha evacuado a unas 3.900 personas desde hace un año”. En la nave, que salió de Islamabad y aterrizó en la base aérea de Torrejón, no viajaba ninguna de las 32 mujeres por las que tratan de interceder las asociaciones españolas, indica Rodríguez. Desde el ministerio señalan que “no procede facilitar información personal o profesional sobre los pasajeros para preservar su seguridad y por protección de datos”.

“El Gobierno está abandonando a todas aquellas personas que se expusieron públicamente”, considera Rodríguez. En la carta dirigida a Pedro Sánchez, se pide “que se dé cabida a las 32 mujeres juezas y fiscales afganas que se encuentran en Islamabad y a sus familias en los vuelos que el Gobierno de España ha programado para las próximas fechas”. En concreto, se referían al de este 10 de agosto, pero el pasado 21 de julio llegó a Torrejón otro avión militar con 63 ciudadanos afganos procedente de la capital paquistaní, que fueron recibidos por la ministra de Defensa Margarita Robles. Ese avión era un A400 del Ejército del Aire, el mismo modelo que se empleó en agosto de 2021 para realizar las primeras evacuaciones desde Kabul y con una capacidad para 140 ocupantes.

Desde el ministerio señalan que las evacuaciones son cada vez más difíciles “por el control que van ejerciendo los talibanes” y que “para valorar las solicitudes de visados que permitan la presentación de solicitud de asilo en España, se aplican los criterios que marca la Convención de Ginebra del Estatuto del Refugiado de 1951 y aquellos establecidos por la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria”, en concreto en “aquellos artículos que marcan las causas de persecución que puedan dar lugar al reconocimiento de la condición de refugiado”.

Amenazas, ataques y sentencias de muerte

El peligro que corren estas mujeres se ha visto multiplicado con la toma de Kabul, pero la presencia talibán en Afganistán viene de lejos. En 2020, Fatima Mahmoodi era la jefa de la oficina contra la violencia de género de la Fiscalía de Apelaciones de la provincia de Kapisa. En aquel año, recuerda, la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán la advirtió tras descubrir que agentes encubiertos de los talibanes planeaban asesinarla. No es el único caso. “El 20 de agosto de 2015, nuestro conductor observó que otro vehículo nos seguía de camino a casa. Intentó desviarse para ver si el otro coche continuaba detrás de nosotros. Entonces pasó junto a mi automóvil, me miró y nos disparó”, relata Akbari, que no atribuye el atentado a una casualidad: “Ya me habían advertido y amenazado varias veces por mi trabajo”.

En abril de 2021, cuatro meses antes de la toma de Kabul, Akbari recibió una carta. Según relata, el escrito rezaba: “Se le informa de que la hemos visto emitir innumerables juicios injustos contra los muyahidines y los talibanes. Los Emiratos islámicos de Afganistán la sentencian a usted y a toda su familia a pena de muerte”. Una estrategia de terror que conoce bien y contra la que combatió durante años. “Después de toda una vida siendo testigo de los altibajos de la vida en Afganistán, no soy ingenua sobre el inmenso coste de mi solicitud. Como alguien que ha presenciado personalmente el enjuiciamiento de terroristas en Afganistán, sé que detrás de cada avance hay equipos de personas trabajadoras y comprometidas que asumen enormes riesgos para salvar vidas”, explica.

A medida que los talibanes iban avanzando por todo el país, en un proceso que concluyó el pasado mes de agosto, iban liberando de las cárceles a sus simpatizantes. Hombres a los que he encarcelado o ayudado a juzgar juezas y fiscales. “Ahora estamos en Pakistán, en una situación muy precaria de seguridad y económica. Pero, además, estamos amenazadas por los talibanes, que tienen una gran influencia en este país, y por los prisioneros liberados de las cárceles, que en muchos casos se han trasladado aquí”, lamenta Mahmoodi, que asegura llevar ocho meses esperando respuesta a alguno de los email que envió a la embajada española en Islamabad.

Mientras la espera se hace interminable, en España no pierden la esperanza. O, al menos, es lo que se desprende de las palabras de Herrera: “Estamos ante un Gobierno que presume de su actuación en la defensa de los derechos humanos, por eso creemos que nuestra petición será atendida, puesto que es prudente, rigurosa y absolutamente ajustada a derecho”. Mientras tanto, 32 mujeres que han defendido con la ley la justicia en Afganistán siguen esperando una respuesta. 

Zobaida Akbari trabajaba, hasta el 15 de agosto de 2021, en el departamento de la Oficina del Fiscal General de Afganistán. Ese día los talibanes tomaron Kabul y esta fiscal, que había perseguido centenares de casos de terrorismo contra los propios radicales y contra comandantes locales del Daesh, tuvo que huir de su hogar. “Fuimos de nuestra casa a la de unos familiares, porque nos estaban buscando”, relata. Tras semanas de angustia, consiguió salir del país y llegar a Islamabad, Pakistán. Ella es una de las 32 mujeres juristas por las que han intercedido asociaciones de jueces y fiscales ante el Gobierno español, que consideran que su situación es crítica.

La vida en Afganistán un año después de la vuelta de los talibanes: "Golpean a las niñas solo por sonreír"

Saber más

En una carta abierta enviada a Pedro Sánchez, las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales lamentan “que desde el Gobierno de España no se está respondiendo a esta crisis humanitaria de la manera que se espera de un país como el nuestro”. En su escrito, recuerdan que estas mujeres “han tenido poder para acusar y condenar a los hombres, y ello es el anatema de la ideología talibán”, y que “desde hace demasiado tiempo” han solicitado protección internacional en la Embajada de España en Islamabad, sin obtener respuesta.