La ministra de Sanidad subraya el compromiso de pasar de los 1.200 a los 2.100 millones de euros para dependencia

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la capital aragonesas en un encuentro con entidades sociales, junto con el número dos del PSOE al Congreso por Zaragoza, Pau Marí-Klose, y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, la socialista María Victoria Broto, Carcedo ha remarcado que en el proyecto de PGE “rechazado por la derecha y el independentismo”, el esfuerzo del ministerio en atención a la dependencia “casi se duplica”.

A su entender, “ese es el camino” que se ha de seguir “hasta que todas las personas que estén valoradas y necesiten un servicio o una prestación la tengan disponible”.

Según ha dicho, el objetivo sería disponer de un presupuesto que permitiera “responder a la responsabilidad que competen a las Administraciones públicas” y que en el Estado se ha recortado durante el Gobierno del PP, algo que ha obligado a las Comunidades autónomas “a hacer un sobre esfuerzo” para desarrollar el calendario previsto.

La ministra ha detallado que el proyecto de ley de PGE de 2019 incorporaba 515 millones de euros más por parte de la Administración General del Estado para atención a la dependencia, que sumados a los 315 que se aprobaron a través de un real decreto ley para financiar la cotización de la Seguridad Social a cuidadores de dependientes, “sobre todo mujeres que tuvieron que abandonar su trabajo para cuidar a sus hijos, maridos y padres”, suponen 830 millones de euros de incremento presupuestario.

Esto permitiría alcanzar los 2.100 millones de euros frente a los 1.200 que se destinan ahora, “un impulso muy importante para estabilizar la financiación de la atención a la dependencia y acabar con eses limbo de personas que están valoradas y tienen un derecho adquirido, pero no disponen ni de prestaciones, ni de servicios”, ha sentenciado la ministra.

INCREMENTO PROGRESIVO

Carcedo ha comentado que se trata de “ir progresivamente incrementado la participación del Estado” en la financiación de la atención a la dependencia, después de que las Comunidades autónomas tuvieran que “dar un paso adelante porque el calendario de la ley estaba ahí y las personas con dependencia necesitaban esas prestaciones”.

En este punto, ha remarcado que Aragón ha sido la segunda Comunidad que ha hecho un mayor esfuerzo inversor en la legislatura autonómica que concluye en mayo, después de que comenzara siendo la que menor inversión destinaba, y financia el 85 por ciento del coste de la dependencia por lo que “el Estado se ha quedado muy relegado”.

Por eso, “pretendíamos dar un paso adelante en los PGE de 2019, asumiendo las responsabilidades que la ley le otorga a la Administración general”, ha enfatizado la ministra.

OTRAS ACCIONES

María Luisa Carcedo se ha referido a otros “avances” que el Gobierno socialista ha puesto en marcha en los últimos meses para “revertir” los recortes de “los siete años de gobierno de la derecha”, en los que el Estado del bienestar “se ha visto muy deteriorado y erosionado” por el concepto que tiene de las políticas sociales “como gasto prescindible” y por eso “han sido las más castigadas por los recortes”.

La ministra de Sanidad ha mencionado algunas iniciativas para revertirlos, como la recuperación de la universalidad de la asistencia sanitaria y la financiación de la cotización a la Seguridad Social de las personas que cuidan a los dependientes.

Además, ha continuado, “hemos logrado el voto de las personas con discapacidad”, así como “acelerar” la ordenación de la distribución de los fondos provenientes del 0,7 por ciento del IRPF entre las entidades del tercer sector para que puedan repartirse “de forma urgente” y las entidades “no se vean en la situación perentoria y con la enorme preocupación que tuvieron los años precedentes”.

Carcedo ha comentado, no obstante, que han quedado cuestiones pendientes, como la reforma de la Seguridad Social “en cuanto al concepto de las personas con discapacidad”, así como las leyes sobre la capacidad jurídica de las personas dependientes, para la protección de la infancia frente a la violencia y otras que “trabajamos intensamente y se quedaron con el anteproyecto de ley ultimado para ser aprobado”.

La ministra ha asegurado que si el PSOE sigue en el gobierno impulsará estas leyes y también otras medidas como el ingreso mínimo vital y un plan de empleo juvenil, con la finalidad de “continuar revirtiendo todos los recortes del Estado del bienestar que durante estos años se han venido acumulando y recuperar el concepto de derecho de ciudadanía para el acceso a todos los servicios públicos”.