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Los jueces se muestran divididos ante la derogación de la justicia universal

Las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria están en contra de la reforma del PP por ser un "retroceso en los derechos humanos" que obedece a "presiones" de otros países, como China

La Asociación Profesional de la Magistratura defiende la limitación de la ley al entender que de esos crímenes se encargan los organismos internacionales

Gallardón afirma que nunca un Gobierno amplió tanto la posibilidad de acceder a la justicia

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el Congreso. / Efe

Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria responden a un cuestionario sobre el fin de la justicia universal que ha aprobado el PP por la vía de urgencia.

¿Qué le parece la limitación de la justicia universal que ha aprobado el PP?

Joaquim Bosch (Jueces para la Democracia): Es un paso atrás en la lucha contra los más graves crímenes contra la humanidad y un claro retroceso en la defensa de los derechos humanos. Es un cambio que se produce por las presiones de los países más poderosos (China y EEUU) porque la Audiencia Nacional tiene investigaciones en marcha que les afectan. El Gobierno las frena para defender a estos países. Al final, se mejoran los intereses diplomáticos en perjuicio de los derechos humanos.

Pablo Llarena (Asociación Profesional de la Magistratura): Es una modificación que ya fue reclamada por importantes sectores doctrinales. La justicia debe actuar en el territorio español o cuando los delitos se producen en el extranjero y afectan a España. Para la persecución de delitos que se producen en el extranjero y no afectan al interés general de los españoles, existen los tribunales internacionales.

Marcelino Sexmero (Francisco de Vitoria): Me parece exacerbada y desproporcionada. Impide la persecución de delitos de lesa humanidad, una materia en la que España era pionera. La reforma responde a criterios políticos y extrajudiciales. No puede ser amparada por los jueces.

¿Qué opinión le merece que se haya aprobado por el trámite parlamentario de urgencia?

Bosch: El fondo del asunto y la forma son criticables. Como existían presiones, en vez de seguir el proceso normal, a través de una argucia parlamentaria se ha llevado a cabo. El debate es menor y hay menos garantías porque no hay informes ni del Poder Judicial ni del Consejo de Estado. Se ha seguido un proceso legislativo censurable.

Llarena: El hecho de que los trámites parlamentarios se acojan a procedimientos más o menos veloces es una decisión que corresponde a las Cámaras. Lo que suscita interés es el contenido, más que el procedimiento.

Sexmero: La vía urgente evidencia que hay criterios políticos porque, si respondiera a principios jurídicos, se hubiera seguido el trámite normal, con la emisión de informes por los organismos pertinentes. Se ha hecho con prisas por las cuestiones políticas que hay detrás.

¿Qué casos importantes se han tratado gracias a la justicia universal y cuáles deberían judicializarse pero no se podrá por su supresión?

Bosch: La justicia universal no persigue todo tipo de delitos, sino aquellos cuyo sujeto pasivo es la lesa humanidad. Con esta reforma, pierden los derechos humanos y las víctimas, entre ellas las españolas, que van a tener difícil que los delitos sean perseguidos cuando se han producido en el extranjero, salvo que el atacante sea también español. Algunos asuntos importantes fueron el de Pinochet o las condenas a militares argentinos, y de los que están ahora judicializados, el caso de José Couso, los genocidios de Ruanda y el Sahara, entre otros.

Llarena: Con base al principio de justicia universal se han seguido asuntos de importancia en cuanto a los valores jurídicos a los que afectan, que están relacionados con los derechos humanos. Esos delitos pueden ser juzgados en los organismos internacionales.

Sexmero: Va a ser muy difícil investigar estos delitos, salvo que el que lo cometa viva en España. La reforma deja en indefensión incluso a ciudadanos españoles.

Si se recurre al Constitucional, ¿podría rechazarse la reforma del PP? ¿Contraviene esta limitación los tratados internacionales?

Bosch: La cuestión puede ser, de partida, jurídicamente dudosa y está en contradicción con algunos tratados internacionales, porque la lucha por la defensa de los derechos humanos queda erosionada.

Llarena: No puedo hacer una valoración de lo que dirá el Constitucional. La responsabilidad de ese pronunciamiento corresponde al propio tribunal. En cuanto a los tratados internacionales, España se compromete a perseguir judicialmente algunos delitos y lo seguirá haciendo; pero los delitos que no afecten a españoles o que no se hayan cometido por españoles en el extranjero o que no afecten a bienes jurídicos españoles deben asumirlos las instituciones internaciones.

Sexmero: Es una incógnita lo que pueda hacer el Constitucional debido a las manipulaciones que el PP y el PSOE han generado en este tribunal. Resulta muy difícil prever una decisión. Con unas debidas garantías, el tribunal debería calificar como inconstitucionales algunas de las modificaciones de la ley.

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