La oposición dice que Rousseff tuvo “sentido común” al no citar “golpe” ante la ONU

Los partidos de la oposición en Brasil afirmaron hoy que la presidenta Dilma Rousseff tuvo “sentido común” al abstenerse de denunciar ante la ONU que se considera víctima de un intento de “golpe” en su país, por el juicio político que amenaza su mandato.

“Sería una vergüenza llevar a la ONU un asunto interno, incluso porque daría una versión que no es la correcta ya que hasta la propia Corte Suprema la desmintió. Creo que cayó en sí y recuperó el sentido común”, afirmó el portavoz del opositor partido Demócratas (DEM) en la Cámara Alta, senador Ronaldo Caiado.

Para Caiado, uno de los más activos líderes de la oposición en Brasil, Rousseff se percató de que no podía sustentar fuera de Brasil una tesis que es negada tanto por el Congreso como por la Corte Suprema.

Para el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), en cambio, la jefe de Estado demostró ser una “verdadera estadista” al sólo hacer en la ONU una sutil referencia a la crisis en Brasil.

“Teníamos la expectativa de que la presidenta denunciara ante la ONU el golpe institucional que sufre, pero ella fue elegante y se mostró una gran estadista al hacer tan sólo una sutil referencia a las dificultades del país”, aseguró el senador Jorge Viana, del PT.

Algunos asesores de la jefa de Estado habían admitido que la mandataria pretendía aprovechar la presencia de numerosos jefes de Estado en la ceremonia de firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático este viernes en la ONU para denunciar la “injusticia” de la que dice sentirse víctima y que amenaza su mandato.

Rousseff, sin embargo, centró su discurso en el cambio climático y tan sólo reservó unas pocas palabras al final del pronunciamiento para destacar el “grave” momento que atraviesa el país.

“Nuestro pueblo es un pueblo trabajador y con un gran aprecio por la libertad. Sabrá, no tengo dudas, impedir cualquier retroceso”, afirmó la mandataria, antes de expresar su agradecimiento “a todos los líderes que han expresado su solidaridad” con ella.

Según el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la presidenta desistió de hacer referencias al supuesto “golpe” en la ONU luego de que algunos magistrados de la Corte Suprema, ante tal posibilidad, advirtieran que el proceso es legal y que cumple con las exigencias de la Constitución.

La decisión de Rousseff de pasar de lado sobre el asunto en la ONU no impidió que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, divulgara un extenso comunicado en el que alega que el juicio político es un instrumento legítimo, previsto por la Constitución y que sigue un rito ya establecido por la Corte Suprema.

La nota, publicada también en inglés, al parecer sería una respuesta en caso de que Rousseff lo tildara de “golpista” en la ONU, ya que Cunha, pese a que enfrenta numerosos procesos de corrupción y rompió con el Gobierno por no ayudarlo a eludir sus problemas judiciales, fue quien aceptó iniciar el trámite del juicio.

El vicepresidente brasileño, Michel Temer, a quien Rousseff ha acusado de ser un “traidor” y el “jefe de la conspiración”, también se previno de cualquier acusación y concedió una entrevista, publicada este viernes en el New York Times, en la que negó todas las acusaciones y defendió la legalidad del juicio destituyente.

La apertura del juicio político fue aprobada el domingo pasado por el plenario de la Cámara de Diputados y, para su inicio, ahora solo depende de que reciba el apoyo de al menos 41 de los 81 senadores.

La oposición alega que la mandataria incurrió en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Pese a que los acusadores dicen que tales maniobras constituyen un “crimen de responsabilidad”, que la Constitución establece como justificante para su destitución, el Gobierno niega cualquier ilegalidad.

Según el Gobierno, aunque las maniobras fuesen irregulares, las medidas no amparan el proceso destituyente, por lo que el juicio constituye un intento de “golpe”.

En caso de que el Senado también de vía libre al juicio, Rousseff tendrá que separarse del cargo por 180 días, plazo que tiene la Cámara Alta para juzgarla, y en ese período sería sustituida por el vicepresidente.

Temer, incluso, ya filtró el discurso que pronunciaría en la posesión y en los últimos días ha consultado a diferentes políticos y economistas para formar su Gabinete.