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El presidente del Congreso peruano, enfrentado a su partido, llama nefasta a una ley

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El presidente del Congreso peruano, enfrentado a su partido, llama nefasta a una ley

El presidente del Congreso peruano, enfrentado a su partido, llama nefasta a una ley

El presidente del Congreso de Perú, el fujimorista Daniel Salaverry, se enfrentó hoy a su propio grupo parlamentario y calificó de nefasta la aprobación de una ley que, en la práctica, atenua las sanciones penales a la financiación ilegal de los partidos políticos.

"(La) Ley de Financiamiento ilegal de partidos es nefasta. No solo le hace un daño terrible al país, sino también afectará negativamente cualquier pretensión política a futuro de quienes se beneficien con ella", escribió Salaverry en su cuenta en Twitter.

El presidente del Legislativo, quien ha pedido licencia al partido fujimorista Fuerza Popular mientras ejerce ese cargo, anunció que no piensa suscribir la norma aprobada, tal como también ha anunciado el presidente del país, Martín Vizcarra.

"No firmaré autógrafa y someteré a votación la reconsideración planteada", enfatizó Salaverry, quien abandonó el miércoles el pleno legislativo cuando se iba a someter el proyecto a votación, por lo que el proceso fue seguido por su primer vicepresidente, el también fujimorista Segundo Tapia.

La norma fue aprobada con los votos de Fuerza Popular, del Partido Aprista Peruano, de la centrista Alianza Para el Progreso, de varios representantes del oficialista Peruano por el Kambio y por cinco independientes, quienes la exoneraron de la segunda votación que ordena la ley.

El proyecto incorpora el "financiamiento de origen delictivo para organizaciones políticas" al Código Penal, con una pena no menor de cinco años ni mayor de 15, si el importe recibido "es superior al equivalente" a 500 Unidades Impositivas Tributarias, es decir 2.075.000 soles (unos 628.000 dólares).

Sin embargo, tanto políticos como juristas han señalado que, en realidad, implica una forma de disminuir las sanciones por el delito de lavado de activos, que contempla un mínimo de ocho años de prisión y, además, establece que los acusados deben "saber" o "presumir" el origen ilícito del aporte.

Parlamentarios que se opusieron a la ley aseguraron que favorece a políticos que están siendo investigados por lavado de activos, como la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el expresidente Alan García, del Partido Aprista.

Fuentes del Ministerio Público (Fiscalía) denunciaron que la iniciativa pone en riesgo los procesos por los casos Lava Jato y Odebrecht en Perú, mientras que el abogado penalista Carlos Caro consideró que podría "aplicarse retroactivamente a todos los casos".

La aprobación llevó este jueves al presidente Vizcarra a enfrentarse nuevamente al Congreso, con el que ha chocado en numerosas ocasiones en los últimos meses, al anunciar que observará (no promulgará) la ley y señalar que "este tipo de hechos genera indignación de los peruanos".

Sin embargo, el portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que se ha tergiversado la intención de la ley, que en su opinión busca llenar un vacío en el Código Penal sobre los delitos vinculados a las campañas políticas.

Por otra parte, tras conocerse hoy el pronunciamiento de Salaverry, el parlamentario fujimorista César Segura consideró que lo nefasto es la posición del presidente del Congreso de ir en contra "de una votación que ya existió".

El también fujimorista Mario Mantilla anunció que su bancada se reunirá para tomar una decisión sobre Salaverry, a quien acusó de dejar "mal parada" a su agrupación.

Por su parte, el congresista oficialista Juan Sheput saludó la posición de Salaverry y consideró que el fujimorismo estaría "haciendo el ridículo" si plantea una moción de censura o lo expulsa de su formación política.

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