El presidente albanés amenaza con protestas y la disolución del Parlamento

Miles de personas salieron este lunes a las calles de Tirana convocadas por el presidente de Albania, Ilir Meta, para protestar contra el Gobierno del socialista Edi Rama, al que acusan de violar la Constitución y de tener vínculos con el crimen organizado.

El jefe de Estado, enfrentado desde hace año con el Ejecutivo socialista, amenazó con la disolución del Parlamento y con la convocatoria de nuevas protestas hasta que se restablezca, según dijo, el orden constitucional.

Meta acusó a Rama de acaparar el control de todas las instituciones del país balcánico, incluido el Tribunal Constitucional, lo que violaría la Carta Magna albanesa.

“Desde hoy se inicia la marcha del pueblo rojinegro (colores de la bandera albanesa) para restablecer su soberanía y para apoderarse muy pronto de las instituciones”, manifestó el presidente ante los manifestantes, en su mayoría militantes de los partidos opositores de centro derecha.

Si el Gobierno y la “organización mafiosa internacional” que lo apoya siguen “jugando” con la soberanía del país, el presidente declaró que apelará al pueblo y firmará un decreto para disolver el Parlamento tras el próximo 15 de marzo, cuando venza el plazo para la reforma electoral exigida por la Unión Europea.

Los socialistas, en el poder desde 2013, ignoraron la marcha y recordaron que justo hoy la Comisión Europea reafirmó su recomendación positiva para iniciar las negociaciones de adhesión comunitaria de Albania y la vecina Macedonia del Norte.

La Comisión aprecia en su informe los avances en la reforma judicial y del control de bienes y en la formación de los jueces y fiscales, que junto a la lucha contra el crimen organizado son condiciones prioritarias para poder iniciar las negociaciones para entrar en la UE.

Debido a la reforma judicial, un 60 % de los jueces y fiscales del país han sido destituidos por sospecha de tener patrimonio de origen sospechoso.

El propio Tribunal Constitucional cuenta con solo cuatro de los nueve jueces establecidos, mientras los bloques políticos enfrentados no se ponen de acuerdo sobre el procedimiento para nombrar a los jueces.

Los socialistas consideran que Meta ya no es garante de la unidad ciudadana, le acusan de violar la Constitución y de impedir, junto con la oposición, el avance de la reforma judicial y el progreso del país hacia la integración europea.