Los próximos pasos de la investigación judicial secreta del accidente de Urda

A las 8.53 horas del pasado miércoles 28 de octubre dos trenes, el AVE 2080 y el Iryo 6076, colisionaron en la vía 2 de la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla causando al menos 69 muertos. El trágico accidente ocurrió a la altura de la localidad toledana de Urda y, en cuanto los juzgados de instrucción de Orgaz tuvieron conocimiento del suceso, dos juezas cogieron su vehículo y se dirigieron al lugar del siniestro.

A medida que pasaban los minutos y las horas se iban conociendo detalles que podían explicar esa colisión. Desde un inicio, y con fuentes gubernamentales, se habló del factor humano como posible causa, y se puso el foco en uno de los controladores del tráfico ferroviario que operaba desde el centro de control de Adif en la estación de Atocha. Habría cogido las riendas de la circulación tras un fallo en el sistema automático LZB. Llegó esa tesis, llegaron también los audios en los que se pudo escuchar a los maquinistas acatar las órdenes (o intentarlo, en el caso de la maquinista del Iryo). Llegó finalmente un relato que afectaba de lleno a una futura investigación que nunca fue manejado en esas primeras horas por las autoridades judiciales y sí por el ámbito político.

A pesar del comprensible caos informativo de esas primeras horas, en el que se mezclaba la información de servicio a las víctimas con detalles del posible detonante, en cuanto la Fiscalía Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tomaron cartas en el asunto y las juezas de Orgaz estuvieron sobre el terreno, se puso pie en pared. La jueza de instrucción Aristea Afroditi Ortiz, recién salida de la carrera judicial y con primer destino en esa localidad toledana, asumió la investigación porque fue quien estaba de guardia en esa mañana. Y una de sus primeras decisiones fue decretar el secreto de las pesquisas. Ahora se conoce que ella se dedicará en exclusiva a investigar el accidente.

Con esta base, la pregunta que está en el aire es cómo transcurrirá esta instrucción y qué paralelismos puede seguir con otros casos como el de Adamuz o el de Angrois. ¿Se eternizará?, ¿acabará en un callejón sin salida?, ¿se parecerá en algo la verdad judicial a la verdad que ya planea por programas informativos y de entretenimiento? Expertos consultados por elDiario.es ponen el foco en que, si bien en los tres casos se investigan accidentes ferroviarios que han conllevado un gran número de víctimas mortales (en Córdoba fallecieron 46 personas y en Angrois, 80), los sucesos son completamente distintos en atención a las posibles causas.

En lo que sí coincidirán las investigaciones de Adamuz y de Urda es en que se personarán en la causa asociaciones ultras, seudosindicatos y partidos que harán que la instrucción no solo pierda agilidad, sino que, además, tenga una gran carga política, con el ruido innecesario que conlleva para cualquier causa. Otro punto en el que coinciden ambos accidentes es en que, en la investigación, tendrá un peso determinante el análisis técnico de lo que ocurrió. Y ahí, el papel de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) será determinante para la vía judicial, más allá de lo que puedan aportar los diferentes peritos de parte a los que, con toda seguridad, acabará recurriendo la principal empresa pública afectada, Adif.

Bajando a lo concreto, lo que se sabe hasta ahora de la instrucción de la jueza Ortiz es que ha tomado decisiones rápidas y relevantes con el objetivo de salvaguardar la prueba, algo que en Adamuz fue diferente. En ese caso, se dio la circunstancia de que operarios de Adif llegaron a mover parte del material que era objeto de investigación sin autorización de la jueza, según indicó la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe.

Las primeras decisiones

La jueza que investiga en Urda, en las primeras horas, acordó por providencia prohibir el acceso a la zona del siniestro a toda persona ajena a la instrucción. De hecho, no permite que nadie se acerque a menos de dos kilómetros de la vía y solo fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial cuentan con la autorización judicial para permanecer en la zona. En esa misma resolución, la jueza prohibió la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada con el objetivo de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios.

Por otro lado, acordó también la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados para su posterior análisis. Y acordó que agentes de la policía judicial, que solo deben responder ante ella y no ante sus superiores jerárquicos, se personaran en el centro de control de Atocha para obtener cuanta información pudieran para dar con la causa del siniestro. En este sentido, especificó que debían hacerse con los primeros informes al respecto que elaborara Adif sobre los controladores implicados en el suceso, y obtener los protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario.

La lectura de todas estas diligencias es clara: la jueza dio un golpe en la mesa y dejó claro que ella era la que iba a tomar todas las decisiones y a marcar los tiempos, por encima de cualquier interés práctico que pudiera llegar a tener Adif para reparar o restablecer el tramo afectado. E hizo una cosa más para evitar filtraciones de datos sensibles en los primeros días, decretó el secreto de sumario de las actuaciones.

Pero más allá de estas primeras decisiones, lo que cabe preguntarse ahora es qué ritmo o qué se puede esperar de la investigación judicial. Como siempre, los pasos de la instrucción serán lentos, los avances se harán esperar y, previsiblemente, no casarán bien con las expectativas de los afectados y mucho menos con la sed de avances de los medios de comunicación. Ya ha ocurrido en Adamuz. Ya ha ocurrido en otras catástrofes como la dana.

Por de pronto, teniendo en cuentas las decisiones de la jueza, aún se está en el momento de recuperar todos los cadáveres y restos por lo que las labores sobre el terrero continúan. Este mismo domingo trascendía que había requerido de forma urgente a Adif Renfe para que dispusiera de los operarios de grúa necesarios para que, por turnos, pudieran continuar con las labores de retirada de vagones de la zona del accidente y así localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el lugar.

Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz está decidida a proteger a las víctimas y familiares del accidente, y ha acordado por resolución que se prohíba la obtención, divulgación o publicación de información o imágenes relativas a las víctimas del siniestro o sus familias para preservar la intimidad, integridad y dignidad de las mismas y evitar situaciones de revictimización.

Más allá de estas primeras decisiones, la jueza tendrá que valorar cuándo comienza a tomar declaración a las diferentes personas de interés en relación al siniestro. Hasta ahora, por fuentes conocedoras del caso ha trascendido que se ha intentado sin éxito tomar declaración -fuentes señalan que incluso se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil- en hasta dos ocasiones al operario que, según las grabaciones filtradas, dio la orden de que el AVE siguiera con “marcha normal”. Por las manos de la jueza pasarán, con todo, una pluralidad de actores, desde operarios de Adif, a testigos, víctimas o cargos políticos. Pero si en este caso ocurre como en Adamuz, esas declaraciones se harán esperar y se dejarán para una segunda fase de la investigación una vez se avance en la parte más técnica.

En el aire está que no ocurra como sucedió con el siniestro ferroviario de Angrois, que tuvo lugar en julio de 2013 y que hasta 2024, once años después, no contó con una sentencia. El Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela condenó entonces a dos años y medio de prisión tanto al maquinista, Francisco Garzón, como al exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento del tren Alvia. La jueza Elena Fernández Currás consideró probado que ambos eran responsables de 79 delitos de homicidio y de 143 de lesiones por imprudencia grave. En enero de 2026, la Audiencia Provincial absolvió a Cortabitarte y confirmó la condena del maquinista. Pero Garzón recibió en septiembre informe favorable para su indulto.

Investigación paralela a la de la AITAT

En todo caso, en la tragedia de Urda la investigación judicial correrá en paralelo a la que realice la AITAT, que ya ha hecho públicos hasta dos informes, si bien el segundo de este pasado 1 de noviembre, es una ampliación del primero. Y en algún momento, la pata judicial del caso acabará bebiendo de las pesquisas de esa autoridad independiente que pende del Ministerio de Transportes. Y en otro carril, independiente, pero que tratará de utilizar el suceso políticamente, transcurrirá el discurso de los grandes partidos con sus comisiones de investigación parlamentarias sobre la responsabilidad del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Con todo, la prioridad ahora mismo es la identificación de cadáveres. A 2 de noviembre, el Centro Integrado de Datos informó de que gracias a las labores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real se había logrado poner a disposición de los familiares a 47 fallecidos. El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas y, en la noche del 1 al 2 de noviembre se informó de que se habían identificado ya 66. Más de 60 profesionales han participado o participan aún en Toledo en esas labores de realización de autopsias, entre ellos una veintena de médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres.

Cuando estas primeras pesquisas acaben, la vía judicial deberá resolver sobre personaciones de acusaciones populares, sobre unificación de querellas y denuncias a la causa principal, y sobre las diferentes diligencias que desde partidos como Vox ya han solicitado y dejado por escrito. Incluso el Tribunal Supremo deberá decidir si acepta o no una querella de los de Santiago Abascal que piden imputar al ministro Óscar Puente por homicidio imprudente. Pero ese será otro escenario, totalmente ajeno al momento de urgencia de identificación de las víctimas que, todavía, es prioritario.