El Gobierno dará tres millones a las comunidades para exhumar fosas y divulgación de la memoria histórica

El Gobierno ha decidido el reparto de tres millones de euros para las comunidades autónomas para que estas concedan subvenciones para la búsqueda, identificación y dignificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura. Ha llegado al acuerdo junto a las administraciones autonómicas reunidas en la I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática.

La partida está dividida en dos: dos millones de euros para la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, y el millón restante se destinará a actividades de divulgación, dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria.

A cada comunidad autónoma —Ceuta y Melilla no tienen ninguna fosa pendiente de exhumar— le corresponderá un fijo de 20.000 si tiene al menos una fosa que acometer. El resto (1.660.000 euros) se repartirá en función de las fosas identificadas que tenga cada comunidad autónoma y que estén pendientes de intervenir. Este actuación se enmarca en un plan a cuatro años. Las Comunidade Autónomas propondrán sus listas de proyectos a financiar, se discutirán con el Ministerio de Presidencia y las comunidades recibrián transferencias trimestrales.

Al Gobierno le constan 557 fosas comunes sin intervenir en el territorio español, por lo que se destinaría una media de 14.360 euros a cada una en este plazo de cuatro años, una cantidad que las asociaciones que vienen practicando exhumaciones e identificaciones de los restos consideran escasa: desplazamientos, especialistas (antropólogo, arqueólogo, genetista, historiador) maquinaria, días de excavaciones, a veces prueba y error hasta dar con el enterramiento, y luego análisis de los huesos y estudios de cotejo de ADN con los familiares para intentar la identificación. Tomando como ejemplo un reciente concurso público del Gobierno balear, si se tratara de una fosa con una sola persona en ella y se realizara en un solo día, el coste de esas actuaciones sería de 15.000 euros, pero esa no es la tipología única y en España hay fosas como la del Barranco de Víznar, incluidas en el denominado Plan de Choque para 2020, donde se estima que hay enterradas hasta 400 personas y para cuya intervención se han adjudicado 28.000 euros a la Univeridad de Granada y 18.000 a través de la Federación Española de Municipios y Provincias al Ayuntamiento de Víznar.

Respecto al millón de euros para divulgación y memorialización, cada comunidad autónoma recibirá un fijo de 600.000 euros y el resto (400.000 euros) se repartirán en función del número de fosas exhumadas previamente entre el año 2000 y 2020, un trabajo que han realizado las asociaciones, durante unos años con subvención y de 2013 a 2020 sin ningún apoyo del Estado.

Andalucía es la Comunidad Autónoma que más tiene previsto recibir en total, con cerca de 508 mil euros. Le sigue Catalunya, con 336 mil y Valencia con 283 mil.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una de las asociaciones que más ha trabajado, con y sin subvención desde hace veinte años, recuperando los cuerpos de las víctimas desaparecidas de la Guerra Civil y el franquismo y dignificando su memoria, critica muy duramente este anuncio: “El Gobierno tendría que reunirse con las Comunidades Autónomas no para hablar de dinero sino para ver cómo se trata este tema en la enseñanza, de cómo se va a dar a conocer quiénes fueron los verdugos y las atrocidades que cometieron, de cómo hay que rendir homenaje a quienes lucharon contra el franquismo… lo que debería hacer una Secretaría de Estado de Memoria Democrática”.

Silva se pregunta porqué, si la conversación es sobre dinero, “no se va a indemnizar a las familias de los desaparecidos como han indemnizado a las víctimas del terrorismo”, lo cual le parece “vergonzoso” y más cercano a “la propaganda política” que a la verdadera reparación. La ARMH ha decidido no participar de estas subvenciones. “Parece que todo este problema fuera una cuestión de euros, como si los derechos humanos no se defiendan por parte de una democracia cueste lo que cueste, me parece indignante”, añade su presidente.