La reforma electoral, de “pucherazo” a tabla de salvación del bipartidismo

La siempre aplazada reforma electoral ha pasado en pocos meses de herejía antidemocrática e intento de “pucherazo” que casi nadie se atrevía a poner sobre la mesa a propuesta común, “tabla de salvación” del bipartidismo y solución de emergencia para la inestabilidad política de las instituciones.

Prácticamente todos los partidos reconocen que las diferentes normas electorales necesitan una puesta al día, aunque en muchas ocasiones las propuestas van en sentidos opuestos.

Mientras los partidos mayoritarios apuestan por mayorías estables, los pequeños apelan a la idea de “un ciudadano, un voto” y por sistemas proporcionales que den entrada a todas las opciones políticas.

No obstante, hasta hace pocas fechas muy pocos dirigentes políticos habían dado el paso de hincarle el diente a esa patata caliente, so pena de ser acusados de intentar cambiar las reglas del juego para perpetuarse en el poder.

Que se lo digan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el pasado verano planteó que en los ayuntamientos gobernara la lista más votada.

Después de varios meses apelando a la reflexión y al debate con el resto de fuerzas políticas, el PP renunció a aprobar esa reforma en la actual legislatura ante la manifiesta falta de consenso y las abiertas críticas de partidos como el PSOE.

Y es que a nadie se le escapa que gran parte del poder municipal del PP se basa en mayorías absolutas que, con el actual panorama político, no parece probable que pueda revalidar.

Para arrebatarle esos consistorios, la oposición se conjura a la política de pactos, ante la evidente falta de posibles aliados del PP.

Al menos, hasta la irrupción de Ciudadanos, que algunos ven ya como la futura “muleta” del Partido Popular en todas esas instituciones en las que puede perder su mayoría absoluta.

Enterrada en principio la propuesta de Rajoy, ahora han sido varios “barones” regionales, no sólo del PP sino también del PSOE, los que han planteado la necesidad de darle una vuelta a la ley electoral con la excusa de la estabilidad, amenazada por la atomización política del momento. Aunque ya es tarde para estas elecciones.

Bajo distintos modelos, como la preferencia de la lista más votada o la segunda vuelta electoral, el objetivo es el mismo: apuntalar políticamente las instituciones.

Desde el PP, en las últimas semanas se han sucedido las propuestas de las candidatas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes y del presidente extremeño José Antonio Monago.

Cifuentes se ha comprometido, si gana las elecciones, a poner en marcha un sistema electoral “inglés”, reduciendo el número de diputados regionales a menos de 100 y dividiendo la comunidad en circunscripciones para acercar los candidatos a los ciudadanos.

Aguirre apuesta por un sistema de circunscripciones mayoritario y a dos vueltas en el caso de que nadie obtenga mayoría absoluta en la primera.

Monago ha dado un paso más y ha anunciado una consulta popular sobre la reforma de la ley electoral para que los ciudadanos digan si quieren que gobierne la lista más votada, una segunda vuelta o reducir el número de parlamentarios extremeños.

Pese a las diferencias políticas abismales y las pasadas críticas desde las filas socialistas, la segunda vuelta es ahora también la propuesta de la candidata del PSOE para presidir Andalucía, Susana Díaz, que planteó ayer su modelo en el debate de investidura.

Díaz aboga por que los alcaldes, los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno sean elegidos por sufragio universal estableciéndose una segunda vuelta si en la primera no logra la mayoría absoluta.

Le ha recogido el guante el Gobierno central, que está dispuesto a abrir el debate sobre la reforma aunque critica a Díaz por plantear ahora lo que para su partido era un simple pucherazo y un fraude electoral hasta hace apenas unos meses.

Amaño electoral del que también se acusó a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que durante esta legislatura ha sacado adelante una reforma del estatuto de autonomía y de la ley electoral para reducir de 49 a 33 el número de diputados autonómicos, bajo el principio de la austeridad.

Se la acusó repetidamente de cambiar las reglas del juego para mantener su mayoría en la asamblea regional bloqueando la entrada de más fuerzas políticas, aunque ahora parece que esa misma reforma que, según sus detractores, había pergeñado a su medida, no impedirá que se rompa el tradicional bipartidismo en la comunidad. Al menos, según lo que dicen las encuestas.

En quince días se sabrá quién tenía razón.

Enrique Rodríguez de la Rubia