Sánchez duplica los Consejos de Ministros en campaña para aprobar más medidas sociales antes de las elecciones
Dos Consejos de Ministros extraordinarios en los dos primeros viernes de campaña. Pedro Sánchez pisa el acelerador del Ejecutivo en plena recta final para las elecciones generales del 29 de noviembre y duplicará el número de cónclaves ministeriales para impulsar la agenda legislativa más social. Después de aprobar este martes un paquete de medidas con beneficios a la dependencia y a familias monomarentales, la idea de Moncloa es que esos anuncios se multipliquen de aquí al 29N como contraste a la política de recortes que aseguran los socialistas que esconden bajo el brazo PP y Vox.
“Son muchas las cosas que tenemos pendientes y que queremos aprobar, y todas son importantes para la vida de la gente. Nosotros prometimos que gobernaríamos hasta el último día antes de las elecciones y esta es la prueba”, explican en Moncloa, donde se sacuden como pueden las acusaciones de electoralismo y oportunismo político y se aferran a la idea de que son “medidas muy diferentes” y de que “no caben todas”, y por eso la duplicidad de consejos de ministros.
Por el momento, en las filas del Ejecutivo se guarda silencio sobre el contenido de esas medidas, cuyo anuncio tendrá un impacto evidente en una campaña electoral marcada, entre otras cosas, por la contraposición de modelos económicos y sociales. En dejar patente ese contraste se vuelcan los socialistas en busca de la movilización de la izquierda, a la que el Gobierno alerta de que la partida que se juega en las urnas tiene en juego un retroceso real por la amenaza de la derecha y la extrema derecha de derogar buena parte de lo construido en los últimos ocho años.
En la rueda de prensa de este martes, el ministro Pablo Bustinduy fue el encargado de presentar medidas sociales por un valor total de casi 1.800 millones de euros. Por una parte, un real decreto-ley para “reconocer a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección social”. Se trata de una partida de más de 820 millones de euros al año que beneficiará a un total de 760.000 familias y en torno a tres millones de personas.
Además, en un segundo decreto, el Gobierno aprobó el blindaje del sistema de dependencia mediante una inversión histórica de 7.240 millones de euros para 2027. Una partida que tiene como fin que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación total del sistema para “consolidar el cambio hacia un nuevo modelo de cuidados”.
Lo que se mantiene en el aire, por el momento, es el indulto al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en base a una supuesta filtración de datos personales de la que fuera pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que en realidad nunca se probó. La decisión política del Ejecutivo de aplicar el indulto es clara, aunque fuentes gubernamentales aseguran que lo que está en el aire es el momento y que queda por decidir si ese indulto, del cual aún se espera informe del ministerio fiscal, se lleva a cabo en un Consejo de Ministros anterior a las elecciones o ya posterior al 29N y con el Gobierno en funciones.
El salario mínimo o la ley de nacionalidad saharaui
Aunque el Gobierno no concreta demasiado sobre cuáles serán las medidas que se aprobarán en las próximas fechas, la semana pasada el Ministerio de Trabajo confirmó que entre ellas se encontrará la subida del salario mínimo interprofesional, que además experimentará un aumento que previsiblemente se situará por encima de la inflación: de un 5,3%. Ese porcentaje supone situar el sueldo mínimo en 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas, 65 euros al mes más que donde se ubica el umbral actualmente.
Además, el departamento que lidera la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz tiene entre ceja y ceja la aspiración de aprobar antes del final de la legislatura la nueva normativa para reforzar el control del registro horario. Tras varios aplazamientos, la idea de Trabajo y de Economía era aprobar en septiembre un decreto para endurecer este mecanismo, que las empresas están obligadas a aplicar, y convertirlo en digital e interoperable por la Inspección de Trabajo. Pero dos meses después no ha habido novedades al respecto.
Otra norma que también se encuentra entre las que tiene pendientes el Gobierno es la que serviría para conceder la nacionalidad española a los saharauis que tenían DNI español en 1977, un año después de la retirada de España como potencia colonizadora del Sáhara. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Tesh Sidi, también candidata del Frente Amplio por Madrid a las elecciones generales, volvió a exigir este martes que esa ley se apruebe por decreto, dado que recibió luz verde del Congreso el pasado septiembre y pasó al Senado para su aprobación definitiva, pero decayó a pocas semanas de su puesta en marcha a causa de la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes.
Si el Gobierno aprueba dicho decreto, la Diputación Permanente del Congreso —el órgano reducido que mantiene en funcionamiento la Cámara Baja en los periodos en los que esta está disuelta— tendría que convalidarlo en el plazo de un mes, al igual que ocurrirá con los decretos de dependencia y de familias monomarentales aprobados este martes. El Ejecutivo cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante los textos en el órgano y, de hecho, el debate y la votación de estos decretos le permitiría poner en un brete a PP, Vox y Junts en plena recta final de la campaña.