La situación de Turquía cuestiona las ayudas para la adhesión, según los auditores de la UE

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) denunció hoy el “grave riesgo” al que se enfrenta la continuidad de los fondos de ayuda de preadhesión concedidos por Bruselas a Turquía (9.000 millones de euros de 2007 a 2020) debido a la “falta de compromiso político” del Gobierno turco.

“Si la situación sigue igual en áreas como el Estado de Derecho o la libertad de prensa, las expectativas a largo plazo son muy negativas”, aseguró en declaraciones a la prensa Dennis Wernerus, uno de los auditores responsables del informe.

Con el fin de preparar la adhesión de los países candidatos o potenciales, la UE proporciona, a través del Instrumento Estructural de Adhesión (ISPA), ayuda financiera que abarca desde el desarrollo regional a la cooperación transfronteriza o el fortalecimiento de las instituciones.

Los auditores recomiendan a la Comisión Europea (CE) que, para garantizar la “eficiencia” de los fondos entregados a Turquía, asuma directamente su gestión en determinadas áreas.

“Hasta ahora la CE está adoptando una postura de descentralización, pero sería recomendable que centralizase una parte de la gestión de los fondos para asegurar el cumplimiento de los objetivos acordados con Turquía”, destaca el informe, titulado “Asistencia de preadhesión a la UE de Turquía: resultados escasos hasta ahora”.

Aunque el documento revela que los fondos se dirigen a algunas de las áreas donde son más necesarios, los auditores afirman que estos “no han cumplido sus objetivos” en aspectos como la imparcialidad de la Justicia, la libertad de prensa o “la lucha contra la corrupción en las altas esferas”.

Los auditores también recomiendan a la CE la aplicación de un principio de condicionalidad; es decir, que la concesión de los fondos destinados a determinadas áreas o proyectos concretos esté supeditada al cumplimiento de una serie de objetivos.

El Parlamento Europeo defendió la inclusión del principio de condicionalidad, aunque esta decisión no es vinculante y tan solo el Consejo Europeo puede denegar la concesión de más fondos.

“Los objetivos y los plazos en el primer periodo de fondos ISPA que analizamos (2007-2014) se cumplieron, pero en la segunda parte (2014-2020) su efectividad se ha visto afectada por una serie de eventos”, aseguró Wenerus.

El documento recoge las medidas que tomó el Gobierno turco en respuesta al intento de golpe de Estado de julio de 2016, como la suspensión de 4.000 jueces y fiscales y la detención de unos 2.400, así como la suspensión de cerca de 40.000 profesores.

El Tribunal de Cuentas de la UE analizó dos proyectos gestionados por el Ministerio de Justicia con un presupuesto total de cerca de cuatro millones de euros, uno de ellos destinado a mejorar la relación de la judicatura con la prensa y otro para mejorar el propio sistema judicial.

El primero pretendía crear una red de portavoces judiciales que trasladase información a los periodistas para facilitar la transparencia de los procesos, pero, según el informe, la continuidad de este sistema peligra “ante la falta de voluntad y la ausencia de financiación más allá de la europea”.

El proyecto relativo a la mejora del sistema judicial pretendía instruir a profesionales alrededor de todo el país para que éstos pudiesen ofrecer formación a otros trabajadores de la judicatura, aunque los auditores denuncian que algunos de ellos “han sido detenidos”.

Además de estas medidas y “la falta de voluntad política” del Gobierno de Turquía, el Tribunal de Cuentas señala que otra de las principales causas del incumplimiento es la escasa capacidad de la Administración turca.

Los objetivos planteados en el Acuerdo de Preadhesión a la UE con Turquía también incluyen la modernización de la economía, un sector en el que, a diferencia de en lo relativo al Estado de Derecho, sí se está cumpliendo con lo acordado, según los auditores.

Está previsto que los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la CE, Jean-Claude Juncker, así como el primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, se reúnan con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Varna (Bulgaria) el 26 de marzo para discutir sobre la futura relación de Ankara con el bloque comunitario.