Y de repente, el Supremo. De nuevo, los tribunales al rescate de un Alberto Núñez Feijóo en horas bajas. Nada nuevo. Hace tiempo que el PP decidió delegar en los jueces su labor de oposición bajo la máxima de que lo que no se gana en el Parlamento, se contesta desde los tribunales. Unos lo llaman judicialización de la política. Otros, incluso hablan de lawfare. Y en La Moncloa defienden, sobre todo, que “no creen en las casualidades” y que, a pesar de los pesares, todo lo que hoy se ha convertido en pasto de investigación judicial, como consecuencia de “una campaña de difamación muy bien sincronizada, será archivado antes de 2027”. A saber. Pleitos tengas y ganes, dice el refranero, ya que todo pleito es inherentemente perjudicial.
Sea como fuere, lo cierto es que si hace años los tiempos judiciales no eran los políticos, hoy los relojes de la justicia y los de la derecha política y mediática están perfectamente ajustados para que la conversación pública y la publicada cambien el foco en menos de 24 horas.
Vayamos por partes. El lunes Junts anunciaba una ruptura táctica con el Gobierno, lo que elevó aún más el estado de ansiedad que proyectan los populares, que cada día anuncian que será el último que Sánchez pase en La Moncloa. Poco les duró la zozobra porque los de Puigdemont dieron de inmediato portazo a una posible moción de censura y también a unas elecciones anticipadas, diluyendo el martes el entusiasmo con el que Feijóo recibía la fractura entre neoconvergentes y socialistas.
El miércoles, el líder del PP comprobaba en primera persona la indignación y el rechazo a Carlos Mazón de las víctimas de la dana durante el funeral de Estado que se celebró en Valencia en memoria de las 237 personas que fallecieron el 29 de octubre de hace un año. Ya no eran los telediarios de la española, ni los análisis de un panda de rojos desorejados, ni las encuestas de Tezanos… Decenas de familiares de las víctimas increparon al presidente de la Generalitat mientras proferían gritos de “¡asesino!”, “¡rata!”, “¡cobarde!”, “¡fuera!” o “sinvergüenza” con Feijóo sentado a pocos metros de la escena. La reprobación duró varios minutos mientras el jefe del Consell callaba con gesto compungido e, inevitablemente, la imagen se contrapuso en la memoria de algunos con aquella gran ovación con la que el PP, incluido Feijóo, recibió a Mazón en el congreso nacional del PP del pasado julio.
Esa misma tarde, los dirigentes del PP ya empezaron a admitir que la escena había supuesto un punto de inflexión en la continuidad de Mazón al frente de la Generalitat, pero sobre todo cargaban la responsabilidad sobre el mandamás de Génova y afeaban su pasividad ante un “problema que trasciende al PP valenciano y está causando un grave daño a todo el partido”.
La reflexión la hacía un diputado del Congreso, que defiende que Feijóo está obligado a activar ya la cuenta atrás para forzar la renuncia de Carlos Mazón. “O por las buenas o por las malas. O se va o se le obliga a marcharse, pero no se puede permanecer impasible ante una crisis de esta envergadura”, añade el mismo interlocutor. No es el único que así piensa en el universo de la derecha, donde los editoriales de la prensa afín y los análisis de los referentes mediáticos de cabecera exigen ya sin contemplaciones la dimisión inmediata de Mazón.
Y todo esto coincidiendo en el tiempo con un inesperado anuncio de elecciones anticipadas en Extremadura, una decisión de María Guardiola que no ha sido bien acogida en otros territorios, donde los barones que tampoco tienen posibilidad de aprobar sus presupuestos no están dispuestos a convocar los comicios, como ha hecho Guardiola. Primero porque Vox sigue imparable su curva de ascenso y segundo porque algunos creen, según palabras de un dirigente popular, que “la errática estrategia nacional de Feijóo puede sepultar las posibilidades electorales en las comunidades”. De algún modo, Feijóo vive ahora en la interna del PP una situación muy parecida a la que afrontó Sánchez antes de las autonómicas y municipales de 2023, cuando parte de sus cuadros regionales se quejaban de que la estrategia nacional les castigara a ellos, como así fue, en los territorios.
Que Extremadura abra el nuevo ciclo electoral no estaba tampoco en los planes de Feijóo, que durante un tiempo intentó convencer sin éxito a varios barones para afrontar un superdomingo electoral que pudiera utilizar de excusa para forzar el anticipo en la Comunidad Valenciana y sustituir así a Mazón. La negativa de Andalucía, pero también de Aragón y de Castilla y León, le ha obligado a cambiar el paso y a aceptar la decisión unilateral de Guardiola que, aunque pilla al PSOE extremeño con el pie cambiado y con su candidato a punto de sentarse en el banquillo por la contratación del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz, asume el riesgo de encontrarse con un resultado en el que la ultraderecha vuelva a condicionar la estabilidad otra vez del próximo gobierno, y no solo con 5 diputados.
La digestión del jueves se le hizo a Feijóo aún más pesada, después del fiasco que resultó la comparecencia de Sánchez en la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado. Tan altas fueron las expectativas del PP para la cita como diminuto fue el resultado que obtuvo de una sesión de la que Sánchez salió sin grandes rasguños. Por la zafiedad en las formas del senador popular que le interrogó. Por haber delegado el encargo en uno de los más aventajados discípulos de Isabel Díaz Ayuso. Por las constantes interrupciones al presidente del Gobierno, que favorecieron que no cayera en contradicciones. Por preguntar sobre lo que afirman los creativos titulares de los digitales amigos que dicen la UCO o los autos judiciales, y no sobre lo que realmente dicen la UCO o los escritos de los instructores. Por todo ello, el PP desaprovechó la última bala que tenía contra el presidente, como así reconoció oficiosamente la inmensa mayoría de una dirigencia que declaraba su frustración y volvía a fiar su suerte a los tribunales de Justicia.
Casualidad o no, cuando no había siquiera acabado la comparecencia de Sánchez en el Senado, uno de los digitales de cabecera de la derecha anunciaba a bombo y platillo que en la mañana del viernes se conocería un nuevo informe de la UCO, en esta ocasión sobre la supuesta implicación del ministro Ángel Víctor Torres en la trama de las mascarillas. Algo que no ocurrió, finalmente. Lo que sí se supo fue la decisión del magistrado del Supremo Leopoldo Puente de enviar al juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, donde se investiga una parte del caso Koldo, los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y su exasesor para que sean investigados.
El togado remitió el informe de la UCO sobre la situación patrimonial del exministro y la información facilitada por el PSOE al Supremo para que decida si hay indicios suficientes para abrir una investigación. Considera que hay “incógnitas” que “deben ser despejadas” para determinar si ha habido “actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”. Y es que defiende que las declaraciones del exgerente del PSOE y una secretaria del partido no han despejado todas las dudas sobre “quién era la persona y cuál el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas” o por qué no se comprobaba que la persona que reclamaba la devolución de gastos era, “conforme a los tickets o facturas aportadas”, quien los había realizado, de lo que algunas fuentes infieren que podría haberse cometido blanqueo en un procedimiento que Ábalos y Koldo García podrían haber utilizado para legalizar dinero irregular.
En el auto, el juez advierte de que esta forma de funcionar habría permitido al exministro y su antiguo asesor, por ejemplo, “presentar para devolución tickets por servicios que, en realidad, pudieran haber sido abonados por un familiar, por un amigo, un vecino, o simplemente encontrados por quien los presentaba al cobro”. Sin embargo, fuentes judiciales no terminan de entender el motivo por el que el instructor traslada la competencia a la Audiencia Nacional, ya que Ábalos sigue siendo aforado.
En el PSOE, no obstante, creen que esta decisión responde a una estrategia que busca la apertura de una causa por presunta financiación ilegal -un ilícito que no apunta ningún informe policial ni auto judicial, de momento- que “incluya la reclamación de todos los tiques de gasto y el registro de la sede socialista para proporcionar a la derecha nueva munición” en su ofensiva contra Sánchez.
“El auto de Cerdán, incontestable; el de Puente, incomprensible”
“Cada vez creemos menos en las casualidades. Cada tropiezo del PP va seguido de un informe policial, de un auto judicial o de un titular a toda página”, afirman en La Moncloa, donde aseguran estar preparados “para una nueva tortura porque si algo hemos demostrado es que aguantamos estoicamente cualquier calvario”. “Podrán difamarnos lo que quieran, pero al 2027 llegamos con todo esto archivado”, añade un colaborador de Sánchez, para quien si el auto que llevó a prisión a Santos Cerdán “era incontestable”, el de Leopoldo Puente es “vago e incomprensible”, pero da un respiro a Feijóo en su semana horribilis.
Lo que sí parece es que, como con las informaciones del parador en el que Ábalos se dio un festín con presuntas prostitutas y que los autores de la información han situado en no menos de tres puntos geográficos distintos sin que se sepa aún si se produjo o dónde fue, con los delitos que algunos medios han imputado de facto al PSOE empieza a pasar lo mismo. Primero fue una caja B, luego la financiación ilegal y ahora el blanqueo de dinero. Desde la dirección socialista sostienen que todo acabará “en una trama con la que Ábalos y Koldo estafaron al partido con facturas falsas para aumentar los gastos”. Si fuera así, el PSOE tendría en algún momento que querellarse contra el exministro y su exasesor por haber sido perjudicado, algo que aún no ha insinuado siquiera.
Pero, de momento, así es como el Supremo devolvió en menos de 24 horas la sonrisa a Feijóo a final de semana.