El Supremo prohíbe querellarse a los perjudicados por las mentiras de Aldama en el juicio del caso mascarillas

Las mentiras de Víctor de Aldama siguen impunes. El empresario, corrupto confeso y condenado a cuatro años de cárcel, sigue libre por decisión unánime de los siete magistrados que le juzgaron en el Tribunal Supremo. Todas las acusaciones sin pruebas que disparó contra otros durante su testimonio de defensa en el juicio del caso mascarillas. Quienes se consideran gravemente dañados en su honor por las supuestas patrañas de Aldama son el PSOE, al que acusó de financiación ilegal con mordidas de empresas adjudicatarias de contratos amañados; el constructor Manuel Contreras (de la empresa AZVI); el jefe de gabinete de la que fue ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la compañía Renfe.

El PSOE pidió durante el juicio autorización al tribunal para querellarse contra Aldama, pero los magistrados denegaron el permiso argumentando que aún no había concluido el juicio. Renfe y Contreras también solicitaron lo mismo y el Supremo contestó con más negativas. Tanto Renfe como Cel empresario de AZVI recurrieron esta decisión. Pero los seis magistrados del Tribunal Supremo, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, se lo ha denegado en un auto firmado por la semana pasada.

Las mentiras de Aldama, muchas de las cuales formaron parte de lo que la Fiscalía Anticorrupción consideró “colaboración con la justicia” para sacarle primero de la cárcel cuando estaba preso por otro caso de corrupción y pedir la reducción de pena después durante el juicio celebrado en el Supremo, siguen blindadas frente a una posible acción penal de quienes fueron los principales perjudicados.

Aldama confesó ante el instructor del caso en el Supremo que pagó hasta cinco millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas que se repartieron entre el entonces ministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el PSOE. Cuando conoció esta declaración, el PSOE pidió permiso al magistrado Leopoldo Puente para interponer una querella por injurias y calumnias contra Víctor de Aldama. Pero el instructor denegó la autorización argumentando que si se abriera un proceso paralelo por injurias y calumnias mientras se desarrolla la investigación generaría inaceptables disfunciones procesales.

Durante el juicio, el comisionista Aldama acusó a Contreras (AZVI) por el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos y también relató un intento de amaño de contratos por parte de Renfe. Ninguna de esas acusaciones se ha demostrado cierta.

Contreras y Renfe pidieron permiso para querellarse al Supremo, lugar donde se produjeron los supuestos testimonios delictivos de Aldama. Pero este tribunal bloquea esas iniciativas pues sostiene que entre el derecho de defensa de Aldama y el derecho al honor de los perjudicados por las supuestas calumnias del comisionista, prevalece el primero. Siempre y cuando, matiza el Supremo, las acusaciones de Aldama no resulten manifiestamente falsas y que las haya hecho para apuntalar su defensa, como los magistrados entienden que ha ocurrido en este caso.

El juicio del caso Mascarillas, donde Aldama desplegó todo un catálogo de acusaciones contra numerosas personas y empresas, acabó con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel. Aldama fue la persona que lo corrompió, pero el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los siete magistrados que juzgaron el caso apreciaron en la colaboración del empresario con la justicia un motivo suficiente para rebajarle la pena y evitarle el cumplimiento de los cuatro años de cárcel. Otro de los condenados, Koldo García, asesor de Ábalos, denunció en el turno de última palabra las supuestas maniobras de Aldama de falsa colaboración con la Justicia: “Me ha metido a mí y al señor Ábalos en la cárcel a base de mentiras, porque el único que tiene sociedades fuera de España, viviendo a costa de todos los españoles, es él”.

Las acusaciones durante el juicio

Parte de esa colaboración con la justicia consistió en acusar a otros de graves delitos, entre ellos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que dijo era el número 1 de la trama de corrupción que se estaba juzgando. Atento a las palabras de Aldama, y su supuesta colaboración con la Justicia, el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, pasó por alto este pasaje de su confesión al considerar que se trataba de un “desahogo” del empresario.

Aldama, imputado en otra causa por fraude multimillonario y blanqueo de capitales en el negocio de hidrocarburos, sigue en libertad difundiendo mentiras contra el Gobierno de Pedro Sánchez en medios de sesgo conservador.

Una de esas mentiras llegará por fin a juicio.

En enero de 2026, apenas unos meses antes del juicio, Aldama se paseaba por los platós para acusar al Ejecutivo socialista de todo tipo de corruptelas. En un programa de Telemadrid sostuvo que el ministro Félix Bolaños intentó sobornarle en octubre de 2024 ofreciéndole una gran suma de dinero a cambio de su silencio, se supone que sobre los negocios que mantenía con el exministro Ábalos. La versión de Aldama es que no accedió al soborno y que por eso le encarcelaron. Salió en libertad solo un mes después tras comprometerse a colaborar con la justicia, admitir los delitos cometidos y aportar pruebas contra dirigentes del Gobierno socialista.

Aquella versión de Aldama sobre el intento de soborno, asumida por los periodistas que le rodeaban sin expresar una sola duda, fue evolucionando con el paso del tiempo. Aldama atribuyó ese intento de soborno a lo que le había contado otra persona, Ramón Bermejo, quien se presentó como portavoz del empresario en noviembre de 2024, meses después de las supuestas maniobras de Bolaños para comprar el silencio del corruptor.

El supuesto portavoz intentó acreditar que la acusación de Aldama era cierta aportando una decena de llamadas al PSOE o al ministerio de Justicia en las que, según sus interlocutores, habló de diversos temas sin relación con el empresario corrupto.

El ministro Bolaños denunció a Aldama: “No conozco ni he hablado nunca, ni tengo ni he tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el señor Aldama, se llama Ramón Bermejo. Mi relación personal es total y absolutamente inexistente, nunca he mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el señor Aldama ni con el señor Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tengo sus números de teléfono”. Desde que se presentó la denuncia hasta hoy, Aldama no ha sido capaz de presentar una prueba sólida de aquello que afirmó con rotundidad en Telemadrid.

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid celebró el pasado miércoles una audiencia previa para ofrecer a las partes la posibilidad de alcanzar un acuerdo y poner fin al litigio. Como no hubo acuerdo, el comisionista se sentará en el banquillo el próximo 17 de febrero. La primera vez que las mentiras de Aldama contra el Gobierno de Sánchez serán juzgadas.