La empresa de tecnología de Gales a la que recurrió la pareja de Dina Bousselham para intentar recuperar su contenido ha informado a la Audiencia Nacional de que el dispositivo llegó “físicamente intacto”, por lo que el deterioro que sufrió el dispositivo antes de que la excolaboradora de Pablo Iglesias lo entregara en el juzgado se tuvo que producir con posterioridad a recibirlo de manos del líder de Podemos. La firma Field Associates confirma igualmente que, pese a no tener daños físicos, el contenido de la tarjeta no pudo ser recuperado, según consta en la respuesta a la comisión rogatoria internacional cursada por el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón.
“Tras haber investigado los diversos términos, puedo decir que se recibió una tarjeta de memoria Micro SD Samsung EVO 32Gb en nuestras oficinas en Briegden de un cliente llamado Ricardo Sá Ferreira el 29 de septiembre de 2017; que el dispositivo estaba físicamente intacto, no tenía cortocircuitos; y no se pudo acceder usando nuestro software especializado en recuperación de datos”, recoge el informe enviado por la empresa.
El informe de la Policía Científica en el que se apoyó el juez para ordenar la diligencia aseguraba que la tarjeta estaba “parcialmente quemada” cuando Bousselham la entregó en sede judicial. Por tanto, el informe de la empresa de recuperación de contenidos digitales se limita a confirmar que un usuario le envió un dispositivo a cuyos datos no se podía acceder, pero que no tenía daños externos. El juez insistía en su auto en que la empresa aclarase “el estado” en el que recibió el dispositivo.
Queda así en el aire si alguien voluntariamente inhabilitó la tarjeta para que no se pudiera acceder a su contenido y, en ese caso, quién lo hizo y cuándo, habiendo pasado la tarjeta por Iglesias, Bousselham y la pareja de ésta. Los daños externos que reportó la Policía Científica se habrían cometido, por tanto, en un momento posterior a que la tarjeta hubiera pasado por la empresa galesa, siempre después de que Pablo Iglesias entregara el dispositivo a su excolaboradora.
Una empleada de la empresa galesa, Bethany Chloe Gilder, asegura en la respuesta al juez español que le resulta imposible recordar el trabajo sobre la tarjeta demandado por Ricardo Sa Ferreira porque reparaba entre 30 y 70 dispositivos diarios en el año 2017. Explica, en cualquier caso, que primero utilizaría un método “no intrusivo” para recuperar los datos, pero que si el resultado, como se dice, fue negativo, entonces debería haber retirado “una capa delgada de la tarjeta” por medio de “un papel de lija muy fino”. Esta declaración descartaría también que la quemazón parcial se hubiera producido durante el trabajo realizado por la empresa.
En marzo de 2019, y después de que el contenido de esa tarjeta de móvil apareciera en casa del comisario Villarejo, el juez llamó a Bousselham e Iglesias y les ofreció personarse como perjudicados, ya que varios medios de comunicación habían publicado la información allí contenida que afectaba a Podemos y a su líder. La mujer era también presunta perjudicada porque había denunciado el robo de su móvil, con la tarjeta dentro, en noviembre de 2015.
En esa declaración, Iglesias le dijo al juez que el contenido de la tarjeta le había sido facilitado por los responsables de la revista Interviú en enero de 2019 y que aquello, original o copia, lo guardó un tiempo hasta que se lo dio a Bousselham. En su declaración de ese mismo día, Bousselham trasladó al juez que cuando recibió de Iglesias la tarjeta, el dispositivo estaba dañado. Tuvieron que pasar, sin embargo, quince meses y un nuevo informe de la Policía para que la Fiscalía propusiera al magistrado volver a tomar declaración a Bousselham ante las sospechas sobre su testimonio y el de Iglesias. Ella reconoció que había realizado los pantallazos de chats publicados, lo que sirvió a Anticorrupción y al juez para concluir que entonces no tenía por qué ser exclusivamente el comisario Villarejo el origen de la filtración a los medios.
Como consecuencia de ello, la Fiscalía propuso retirar la condición de perjudicado a Iglesias, sospechoso de un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos, por haber guardado durante al menos seis meses una información que pertenecía a Bousselham. En su informe, la Fiscalía advertía también al juez de que no era posible actuar contra Iglesias porque Dina Bousselham no había dado muestra alguna de querer acusarle, requisito indispensable para ejercer la acción penal en los dos delitos que podría haber cometido de forma indiciaria.
Anticorrupción propuso entonces citar de nuevo a Bousselham para aclarar sus intenciones, pero el juez hizo caso omiso de ello, retiró la condición de perjudicado a Iglesias y desató una investigación que incluyó una orden internacional a la empresa de Gales a la que la pareja de Bousselham había recurrido cuando comprobó que no podía acceder al contenido de la tarjeta. Algunos medios llegaron a publicar que el juez pretendía desplazarse en persona a Gales para tomar declaración a los empleados de la empresa. Entre medias, Bousselham cambió su versión e informó al juez por escrito de que la tarjeta sí funcionaba cuando se la dio Iglesias, dando a entender que pudo ser ella o alguien de su entorno quien la dañara. García-Castellón siguió adelante con su investigación contra el secretario general de Podemos.
El magistrado instructor deberá decidir ahora si continúa practicando diligencias, detiene su investigación sobre Iglesias o, como aforado que es el vicepresidente segundo ante el Supremo, eleva una exposición razonada contra él porque ha reunido los indicios suficientes para solicitar su imputación ante el Alto Tribunal. La investigación a Iglesias se produce en el marco de la pieza 10 del caso Villarejo en la que continúan imputados dos periodistas.