Los ministerios de Derechos Sociales y Sanidad han alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para reducir los tiempos de espera en el sistema público de los niños y niñas con problemas de desarrollo que necesitan atención temprana. El pacto, aprobado en una conferencia multisectorial, marca un plazo máximo para intervenir en los menores de cero a seis años que no debe superar los 45 días desde que se detecta un caso, en la línea de lo que marca la Garantía Infantil Europea, una recomendación del Consejo de Europa aprobada en 2021.
El cumplimiento de las medidas, sin embargo, no será inmediato. El acuerdo da un margen hasta 2030 para implantarlas porque, justifican ambos ministerios, durante este próximo lustro se irán distribuyendo fondos progresivamente a la vez que se hace un seguimiento de cómo avanzan las autonomías. De momento, la inversión se sitúa en 42 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus.
Casi 130.000 niños y niñas con problemas de desarrollo necesitaron estos recursos en 2023, un 5,38% de la población entre 0 y 6 años, según datos de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, que lleva años denunciando las largas esperas y la contratación de recursos privados ante la falta de una red eficaz. Los primeros seis años de vida son una “etapa crucial” y la intervención en este periodo puede prevenir “situaciones agravadas de discapacidad o dependencia”, explican ambos ministerios en una nota de prensa conjunta.
Informa Sofía Pérez Mendoza