El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, retrasa de nuevo la publicación del informe sobre la ley de amnistía que le solicitó el Senado. La Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— ha acordado este jueves solicitar a la Mesa de la Cámara Alta la concesión de una nueva prórroga, por un plazo de quince días y con efectos desde este viernes, para la elaboración de ese dictamen. Se trata de la tercera prórroga solicitada tras las pedidas el 24 de enero y el 14 de febrero. Los ponentes del informe son los vocales Wenceslao Olea, del sector conservador; y Mar Cabrejas, del bloque progresista.
Que la realización de este informe tenga amparo legal es una cuestión que genera debate entre los expertos. El CGPJ sostiene que la petición de la Mesa del Senado —donde el PP tiene mayoría— se produce al amparo de lo dispuesto en el artículo 561.1.9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece entre las materias que pueden ser sometidas a informe del CGPJ “cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna”.
Pero es una cuestión que divide a los juristas. Algunos entienden que ese artículo de la ley del Poder Judicial limita los informes de los órganos consultivos a las iniciativas legislativas que tienen su origen en el Gobierno, no en proposiciones de ley que emanan de los grupos parlamentarios, que es la vía utilizada para tramitar la amnistía. El fiscal general del Estado ha rechazado hacer el informe que le pidió el Senado al considerar que no hay amparo legal para que el Consejo Fiscal realice el dictamen al tratarse de una iniciativa de los grupos parlamentarios ya en tramitación parlamentaria y no del Ejecutivo.
Lo cuenta Elena Herrera