El Poder Judicial en funciones retrasa su informe sobre la ley de amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, retrasa la publicación del informe sobre la ley de amnistía que le solicitó el Senado. La Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— ha acordado este jueves solicitar a la Mesa de la Cámara Alta la concesión de una nueva prórroga, por un plazo de 15 días y con efectos desde el 14 de febrero de 2024, para la elaboración de ese dictamen. Por tanto, el informe no estará listo, al menos, hasta marzo. Sus ponentes son los vocales Wenceslao Olea, del sector conservador, y Mar Cabrejas, del bloque progresista.

Que la realización de este informe tenga amparo legal es una cuestión que genera debate entre los expertos. El CGPJ sostiene que la petición de la Mesa del Senado —donde el PP tiene mayoría— se produce al amparo de lo dispuesto en el artículo 561.1.9º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece entre las materias que pueden ser sometidas a informe del CGPJ “cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna”.

Pero es una cuestión que divide a los juristas. Algunos entienden que ese artículo de la ley del Poder Judicial limita los informes de los órganos consultivos a las iniciativas legislativas que tienen su origen en el Gobierno, no en proposiciones de ley que emanan de los grupos parlamentarios, que es la vía utilizada para tramitar la amnistía. El fiscal general del Estado ha rechazado hacer el informe que le pidió el Senado al considerar que no hay amparo legal para que el Consejo Fiscal realice el dictamen al tratarse de una iniciativa de los grupos parlamentarios ya en tramitación parlamentaria y no del Ejecutivo.

Por Elena Herrera