Un grupo feminista crítico con la Ley Trans, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, celebra las conclusiones del informe del Consejo General del Poder Judicial que considera que la Ley Trans puede discriminar a mujeres, aunque señala como “preocupante” que la institución judicial avale la autodeterminación de género en el Registro Civil.
La entidad ha difundido un documento en el que destaca los aspectos positivos del informe del CGPJ, aprobado este miércoles, y añade otros puntos que “requieren una mayor atención jurídica”. Algunos ejemplos de las cuestiones que apoya son la separación por sexo biológico en ámbitos deportivos, que el cambio de sexo no modifique un proceso penal en los casos de violencia machista o la necesidad de autorización judicial para el cambio del sexo legal en el caso de los menores.
En el texto, la organización también aplaude que el documento del Poder Judicial utilice la expresión “mujeres” en lugar de “mujeres no transexuales”, como recoge el anteproyecto de ley, un lenguaje que, según la Alianza, “deshumaniza y convierte a las mujeres en una otredad”.
El informe del CGPJ pide que un menor de 18 años no pueda cambiar su inscripción en el Registro Civil sin requisitos, mientras que en el anteproyecto se recoge que en determinados tramos de edad se pueda permitir el cambio con la presencia de los progenitores o con un proceso de jurisdicción voluntaria. Este es uno de los puntos con los que la Alianza se muestra más crítica, ya que considera que el texto debería exigir también un informe psicológico.
Por otro lado, critica que la “libre determinación del sexo registral” no solo afectaría al deporte femenino, sino también a “otras cuestiones que afectan a las políticas públicas basadas en el sexo”, y a otros aspectos como la “paridad” o la “seguridad” en determinados espacios.
Un grupo feminista crítico con la Ley Trans, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, celebra las conclusiones del informe del Consejo General del Poder Judicial que considera que la Ley Trans puede discriminar a mujeres, aunque señala como “preocupante” que la institución judicial avale la autodeterminación de género en el Registro Civil.
La entidad ha difundido un documento en el que destaca los aspectos positivos del informe del CGPJ, aprobado este miércoles, y añade otros puntos que “requieren una mayor atención jurídica”. Algunos ejemplos de las cuestiones que apoya son la separación por sexo biológico en ámbitos deportivos, que el cambio de sexo no modifique un proceso penal en los casos de violencia machista o la necesidad de autorización judicial para el cambio del sexo legal en el caso de los menores.
En el texto, la organización también aplaude que el documento del Poder Judicial utilice la expresión “mujeres” en lugar de “mujeres no transexuales”, como recoge el anteproyecto de ley, un lenguaje que, según la Alianza, “deshumaniza y convierte a las mujeres en una otredad”.
El informe del CGPJ pide que un menor de 18 años no pueda cambiar su inscripción en el Registro Civil sin requisitos, mientras que en el anteproyecto se recoge que en determinados tramos de edad se pueda permitir el cambio con la presencia de los progenitores o con un proceso de jurisdicción voluntaria. Este es uno de los puntos con los que la Alianza se muestra más crítica, ya que considera que el texto debería exigir también un informe psicológico.
Por otro lado, critica que la “libre determinación del sexo registral” no solo afectaría al deporte femenino, sino también a “otras cuestiones que afectan a las políticas públicas basadas en el sexo”, y a otros aspectos como la “paridad” o la “seguridad” en determinados espacios.
La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, imputada por corrupción, ha sido nombrada este miércoles por la Junta directiva del PP de Madrid vicepresidenta del Congreso del regional que se celebrará los próximos 20 y 21 de mayo y que elegirá a Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la formación. Millán es una persona de la máxima confianza Ayuso.
La investigación que se sigue en un juzgado de Navalcarnero contra la dirigente del PP de Madrid Ana Millán apunta a que ésta y un empresario disfrazaron una mordida con las mensualidades por el alquiler de un ático propiedad de la regidora. Millán y el empresario Francisco Vicente Roselló declararán este viernes 22 de abril ante el juez de instrucción José Manuel García Marfil por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales.
La imputación de la alcaldesa de Arroyomolinos no ha impedido que la Junta Directiva del PP de Madrid la haya nombrado número dos del comité organizador del Congreso regional en el que Ayuso será proclamada presidenta del partido regional. Millán es vicesecretaria de Acción Sectorial del PP madrileño y persona de confianza de la presidenta autonómica.
El que fuera responsable de Organización del PP durante el mandato de Mariano Rajoy, Juan Carlos Vera, presidirá la Comisión Organizadora mientras que la delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ejecutivo municipal, Inmaculada Sanz, será la otra vicepresidenta junto a Millán. La Comisión, que contará además con 18 vocales, tendrá “plenas competencias sobre todos los aspectos y decisiones relacionadas con la preparación del Congreso”.
El congreso se celebrará los próximos 20 y 21 de mayo. Los candidatos a la Presidencia deberán presentar su precandidatura del Congreso antes de las 20:00 horas del 29 de abril, aunque no se espera que Ayuso tenga rival. En cualquier caso, quien quiera presentarse, deberá hacerlo con el aval de al menos 90 militantes, una cifra muy similar a la que tuvieron que presentar los candidatos a presidir el PP nacional en el Congreso extraordinario reciente en el que fue elegido Alberto Núñez Feijóo.
La Junta directiva también ha fijado la semana entre el 2 y el 8 de mayo para la campaña electoral de las candidaturas, coincidiendo con el aniversario de las elecciones del 4M de hace un año, como era deseo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El número de compromisarios de cara a este Congreso será de 2.953, de los cuales 327 son natos, 2.616 electivos y 10 de la Comisión Organizadora. Los criterios de distribución se hacen atendiendo al nivel de afiliación, en un 75% y el 25% por resultados electorales de las anteriores comicios autonómicos.
Escribe Fátima Caballero.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, mantendrá mañana jueves un encuentro en la Cámara Baja con el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. La reunión, que tendrá lugar a las 12.30 horas, se suma a los contactos que tiene previsto mantener el president en Madrid con formaciones independentistas que fueron espiadas a través del sistema Pegasus, unas acciones que han provocado una crisis en las relaciones entre el Gobierno, del que forma parte Unidas Podemos, y la Generalitat.
Aragonès, que tiene previsto comparecer también ante la prensa madrileña, se reunirá con diputados de su propio partido, ERC, Junts, PDeCAT, CUP y EH Bildu.
Informa Iñigo Aduriz.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha respaldado este miércoles la gestión del Ayuntamiento de Madrid en el caso de las mascarillas y las comisiones millonarias que ya investiga un juzgado de Madrid. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Ejecutivo madrileño, Enrique Ossorio, ha asegurado que es necesario tener en cuenta el contexto en el que se produjeron aquellas compras por parte de una administración “no acostumbrada” a este tipo de gestiones.
Ossorio ha hecho hincapié durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que la Fiscalía está actuando sobre el expediente del contrato “desde hace mucho tiempo” y se ha conocido que “hace meses se produjeron declaraciones y se recabó información de todo tipo de información”. “En esas circunstancias el Ayuntamiento de Madrid está como acusación particular como perjudicado en ese contrato. Eso es lo que yo veo”, ha señalado el portavoz del Gobierno regional.
En este punto, ha hecho hincapié en que lo que se vivió durante los primeros meses de la pandemia fue “un horror” porque “el mercado estaba roto totalmente”. “¿Nos imaginamos que nosotros de pronto nos cayera, sin ninguna experiencia, a comprar mascarillas en China y en Malasia sabiendo que aquí se moría la gente? Ahora somos muy duros con la forma en que actuaron esas personas, pero ¿nos lo podemos imaginar?”, ha defendido.
El portavoz y consejero del Gobierno regional ha incidido en que todas las administraciones tuvieron que “luchar” para “conseguir esos productos” y ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid ni siquiera “estaba acostumbrado a comprar mascarillas” y probablemente nunca lo había hecho.
Escribe Fátima Caballero.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que su intención es resolver “cuanto antes” la incógnita de cuándo se celebrarán las elecciones andaluzas, al tiempo que ha mostrado su deseo de tener constituido un gobierno autonómico “a finales de agosto, principios de septiembre” para presentar en noviembre el proyecto de Presupuestos de 2023.
Sobre la coalición entre PP y Vox en la Junta de Castilla y León, Moreno ha dicho que le gusta el Gobierno de Mañueco, y que está “convencido de que lo va a hacer francamente bien porque es una persona capaz, leal y muy sensata”.
“Andalucía necesita tener un instrumento sólido y ese instrumento sólido es un presupuesto y para tenerlo necesito que haya un Gobierno a finales de agosto, primeros de septiembre, ya constituido y presentar en noviembre el proyecto de Presupuestos para 2023”, ha afirmado Moreno en declaraciones a los medios a su llegada a la sede nacional del PP, donde tiene lugar el Comité Ejecutivo Nacional.
Preguntado por si la semana que viene dará a conocer la fecha de las elecciones autonómicas, Moreno ha indicado que quiere cerrar “cuanto antes” el asunto de los comicios para “no hablar más de campaña” y centrarse en los proyectos que tiene Andalucía. “Cuanto antes me lo quite de en medio, mejor, porque es que al final no puedo hablar de otra cosa que no sea elecciones”, ha dicho.
En este sentido, el líder del PP andaluz ha señalado que la convocatoria de elecciones “se hará con serenidad y próximamente”, aunque primero, según ha resaltado, tendrá que informar a su vicepresidente y socio de coalición, Juan Marín, de Ciudadanos.
“Por respeto a los andaluces es una decisión que, una vez que la tome, que la tomaré próximamente, al primero en comunicárselo será al vicepresidente de mi gobierno, al Consejo de mi Gobierno e, inmediatamente después, al conjunto de los andaluces”, ha enfatizado.
A través de Europa Press.
El socio minoritario del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, y todos los aliados parlamentarios del Ejecutivo han registrado este miércoles una solicitud de creación de comisión de investigación sobre el espionaje a 65 dirigentes independentistas catalanes y vascos –entre ellos el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès– a través del sistema Pegasus, que solo pueden adquirir los gobiernos.
Según figura en la iniciativa, lo que se busca aclarar es “el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad a través de los 'malware' Pegasus y Candiru de los líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones, familiares y allegados”. El texto lo firman, además del grupo confederal, ERC, PNV, Junts, CUP, BNG, Pdecat, Más País y Compromís.
Por Iñigo Aduriz.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha asegurado este miércoles que su grupo “en ningún caso” apoyará la nueva propuesta planteada por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, respecto a los autónomos, y que contempla cuotas de entre 240 y 600 euros hasta 2025 y posponer la reforma total del sistema.
En un tuit, Echenique ha asegurado que el espacio confederal está “con la inmensa mayoría de los autónomos que saben perfectamente que es imposible pagar una cuota de 240 euros si se ganan 600”.
Informa Iñigo Aduriz.
El exvicepresident de la Generaltat Oriol Junqueras ha apuntado a que el CNI está detrás del espionaje a los independentistas con el programa Pegasus: “Es evidente que lo tiene”, ha dicho en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, de la Sexta, a preguntas sobre las respuestas de Isabel Rodríguez y Margarita Robles sobre los presuntos espionajes a líderes del procés. “Lo afirman Citizen Lab y New Yorker, que explican que este programa solo se vende a Estados”, ha argumentado. “Es evidente que a nadie le interesa escuchar a periodistas y abogados si no es a una parte de los aparatos represivos del propio Estado”.
Junqueras, que no fue espiado porque se encontraba en la cárcel y allí no tenía teléfono móvil, ha subrayado que nadie debería estar más interesado que el propio Gobierno en aclarar los hechos, sobre todo cuando una parte del mismo lo ha pedido, y ha comparado la falta de reacciones de España con lo que estaría sucediendo “en cualquier otro país” si hubiese ocurrido esto. “Hay tantos ámbitos, tantas cuestiones, en los que por desgracia para la democracia el Estado no responde, que creo que todos deberíamos ser muy exigentes al respecto”, ha expresado.
En vísperas de encontrarse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Kiev, Pedro Sánchez ha asegurado que le va a trasladar “el compromiso rotundo de la UE y de España por la paz” y que mientras tanto el Gobierno seguirá “desplegando ayuda humanitaria y militar” en la que ha denominado una “guerra cruel e injusta”.
El presidente ha hecho esas declaraciones en una visita al centro de acogida de refugiados en Málaga, donde ha actualizado las cifras de personas que han llegado desde que estalló la guerra el 24 de febrero: unas 134.000. De ellas, 64.000 se han acogido a la orden de protección temporal.
Sánchez ha señalado que a principios de marzo España tenía una capacidad de acogida de 6.400 plazas y que actualmente está por encima de las 24.000. 18.000 de ellas están ocupadas en este momento. Además, ha explicado que se ha puesto en marcha un proyecto piloto de acogida por parte de familias españolas en Madrid, Málaga, Murcia y Barcelona.
Sobre los refugiados, ha dicho que el 72% son mujeres y que la media de edad son los 28 años. “Es gente cualificada que lo que quiere es trabajar en su tierra hacer crecer a su país”, ha dicho Sánchez, que ha asegurado que “hasta que llegue ese momento puede contar con la solidaridad de España”.
Informa Irene Castro.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha pedido explicaciones por el espionaje a líderes independentistas con el software Pegasus desvelado por la organización Citizen Lab. “Es una cuestión de calidad democrática”, ha dicho la también secretaria general de Podemos en Bruselas, a donde ha acudido para reunirse con el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit: “Nosotros mejor que nadie sabemos lo que significa que te persigan las cloacas del Estado. Y, precisamente por ese motivo, pensamos que no puede quedar ninguna sombra de duda sobre esta cuestión. En este nuevo caso de espionaje que han sufrido políticos catalanes pensamos que se tiene que investigar hasta el final y que, en su caso, se tienen que depurar las responsabilidades que se deriven”.
El software Pegasus, de origen isreaelí, solo puede adquirirse por Estados o agencias estatales, por lo que tanto Citizen Lab como algunos de los espiados, como el ex president catalán Carles Puigdemont y su exvicepresidente, Oriol Junqueras, han apuntado al Gobierno. En este sentido, Belarra ha reclamado “todas las investigaciones que sean necesarias para llegar hasta el fondo del asunto”, un día después de que la portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Rodríguez, rechazara tras el Consejo de Ministros dar explicaciones sobre el espionaje a líderes del procés alegando razones de seguridad nacional.
“Hay que llegar hasta el fondo de este asunto”, ha insistido la secretaria general de Podemos: “Estamos hablando de una cuestión que es de calidad democrática básica, de derechos fundamentales. Nosotros hemos sido víctimas de la persecución de las cloacas del Estado, y necesitamos llegar hasta el fondo de este asunto, que se investigue en todos los ámbitos y por parte de todos los que puedan tener alguna responsabilidad. Y, si se concluye que hay responsabilidades, que se depuren”.
Informa Andrés Gil.