VIVIENDA

La Junta apoya que una promotora venda una promoción de VPO al precio máximo a 230 familias de Sevilla

Apenas 24 horas duró la alegría entre las más de 200 familias residentes desde 2013 en la promoción Pino Montano Renta de Sevilla. Después de que el pasado martes 18 de julio recibieran un informe de la Junta de Andalucía que decía que el precio máximo de la vivienda protegida para el ejercicio de la opción de compra era de 1.307,55 euros multiplicado por la superficie útil de la vivienda, y de 784,53 euros por la superficie útil del garaje y del trastero, al día siguiente recibieron una “aclaración” donde se les explicaba que no, que el precio máximo es “el acordado” hace diez años con la propietaria arrendadora de las viviendas, esto es, multiplicando cada cantidad por 1,5 veces el precio máximo de venta establecido en la calificación provisional, de acuerdo a la modificación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 y de acuerdo también a lo firmado formalmente en los contratos de arrendamiento en 2013.

Estas familias vienen manteniendo que esa tasación supone un precio de compraventa en torno a los 200.000 euros, dependiendo de los metros cuadrados de cada piso, “muy por encima del mercado” en esa zona de Sevilla, y que cuando firmaron sus contratos la empresa les dijo verbalmente que en 2023 no se vendería la vivienda por el precio máximo “pero que había que ponerlo de todas formas en el contrato”. Firmaron un contrato “impuesto” y a ello se remiten ahora la propietaria y la Junta, a quien las familias habían pedido una actualización de ese precio máximo.

Los vecinos están contra de que la empresa mantenga, con el beneplácito de la Junta, el precio máximo de la vivienda cuando el suelo “no se ha revalorizado” en estos años. También cuestionan que a la cantidad de compra se le reduzca “solamente” un 5% conforme a las condiciones impuestas por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), actualmente Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía AVRA), en la venta del suelo, cuando “en otras promociones la reducción es de hasta el 30%”. Las familias residentes confían en que los contactos que se vienen estableciendo con la Junta lleguen a buen puerto para poder conseguir unas mejores condiciones en la compra de los pisos, si bien la Consejería no parece poder hacer mucho más al respecto, según les han trasladado, y ha instado a los vecinos a que negocien la venta directamente con la empresa, según fuentes cercanas al proceso.

Fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda consultadas por sevillaelDiario.es indican que han sido en estas semanas numerosas peticiones de los arrendatarios para que la Junta emitiera un informe sobre el precio máximo de las viviendas protegidas. La administración autonómica remitió a la promotora propietaria un escrito de personación, solicitándole que retrasara el plazo fijado para que los vecinos manifestaran su interés o no en ejercitar su derecho de opción de compra, extendiéndolo finalmente hasta finales de septiembre.

“No cabe la actualización”

El informe remitido por la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería se apoya en el citado Plan de Vivienda y Suelo, que dice que “el precio máximo de venta de la vivienda en el momento de ejercerse la opción de compra, será 1,5 veces el precio máximo de venta establecido en la calificación provisional, minorado en una cuantía equivalente al 50 por ciento de las rentas de alquiler abonadas por la persona que ejerce la opción a compra”. Un párrafo casi calcado al que aparece en el contrato que firmaron los vecinos, al que se remite la promotora, también al que les traslada la Junta y al que ahora se deben atener pese a las promesas de la arrendataria hace diez años.

“El precio máximo de la vivienda protegida para el ejercicio de la opción de compra es por tanto el acordado o congeniado por ambas partes a la fecha del contrato de arrendamiento”, zanja el informe, que apunta a un decreto estatal que regula de forma básica las condiciones del ejercicio de la opción de compra. Respecto al precio máximo de venta como de las reducciones que correspondan por el alquiler dispone que serán “las condiciones que establezcan las comunidades Autónomas”, remitiéndose al citado Plan de Vivienda y Suelo y concluyendo que una de las estipulaciones del contrato de arrendamiento (la 12ª) “recoge expresamente la regulación del Decreto de la Junta de Andalucía, por lo que no cabe la actualización prevista en la normativa estatal, ni posibilidad de aplicación de forma conjunta de ambas normas”.

Los vecinos no están de acuerdo en que fuera un contrato “acordado o congeniado” como dice el informe de la Junta sino que fue “el impuesto” por la promotora para poder entrar en los pisos, dentro del cual se contemplaba la opción de compra que ahora pueden ejercitar pero con un precio de compraventa “que no es el de una VPO” y que no parecen dispuestos a pagar.

La Delegación Territorial “ha atendido a los vecinos en todo momento”

Las fuentes de la Consejería añaden que se le ha dado audiencia a la empresa constructora para hacer las alegaciones que estimase pero, al no contestar en tiempo y forma, se le ha enviado respuesta a los vecinos que habían consultado. Algunos de ellos han solicitado una cita para que se les aclaren algunos puntos del informe y se les ha dado para esta semana que viene. Las mismas fuentes añaden que desde la Delegación Territorial se ha atendido a los vecinos en todo momento, incluso se han reunido con la delegada, con quien también se va ha reunido la representante legal de los vecinos.

Como ya se informó, las familias, al tratarse de viviendas VPO, tuvieron que cumplir con una serie de requisitos económicos de ingresos pero, al ver ahora los precios de venta de los pisos, aquellos requisitos están “dentro de la ley” pero “no son acordes a unas VPO”, argumentan, por lo que “ninguna familia va a poder ejercer el derecho a compra” y por consiguiente perderán el dinero que han ido aportando durante los diez años de alquiler (el 50% de las rentas) para “una supuesta entrada” de la vivienda que no parece que vaya a tener que utilizar. También dejarían atrás las cocinas, que hace diez años tuvieron que montar de su bolsillo al ser obra nueva, así como las máquinas de aire acondicionado.

“Casi todos hemos ido aguantando estos diez años, pero el precio es a todas luces abusivo y nos han estado tomando el pelo en todo este tiempo”, dijo la vecina portavoz, a la que le piden 208.000 euros por un piso de VPO de dos habitaciones. “Hay pisos más baratos de renta libre en este barrio”, comenta. Si no quieren ejercer la compra, la sociedad les ha ofrecido seguir de alquiler pero “subiendo la cuota unos 200 euros” y “perdiendo”, como consecuencia, los aproximadamente 20.000 euros abonados para la entrada, procedente del 50% de las rentas mensuales. “Eso o marcharnos de los pisos”, indica la portavoz, que detalla que se trata en su mayoría de familias con hijos pequeños nacidos en estos años de alquiler en Pino Montano Renta.