VIVIENDA
De alquiler asequible a venta “abusiva” de unas VPO en Sevilla: “Han tomado el pelo a 200 familias durante diez años”

Imagen general de las viviendas desde el patio interior

Javier Ramajo

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Llevan diez años pagando el arrendamiento con opción de compra de una vivienda de protección oficial en Sevilla pero no pueden ejercer dicha opción porque ni las condiciones ni el precio “pactado” se corresponden, a su juicio, con lo que les pide ahora la promotora. Se trata de unas 200 familias residentes desde 2013 en la promoción Pino Montano Renta, que se han llevado las manos a la cabeza cuando este 14 de junio la sociedad les hizo saber por carta el cálculo provisional del precio de venta fijado para estas viviendas protegidas de régimen especial: entre 192.000 euros y 210.000 euros, dependiendo de los metros cuadrados, pero “muy por encima del mercado” en esa zona de la capital hispalense. Por otra parte, y aquí ha sido la “gran sorpresa”, esa cantidad no se correspondería con la que les comunicaron “verbalmente” durante la firma de los contratos, cuando la promotora les trasladó que el precio “estimado” de venta pasados esos diez años rondaría entre los 90.000 y los 100.000 euros, descontando además la mitad de las rentas mensuales que vienen pagando. “Han tomado el pelo a 200 familias durante diez años”, resume a SevillaelDiario.es una vecina que ejerce de portavoz y que prefiere mantenerse en el anonimato.

A punto de vencer aquellos contratos, al finalizar los diez años establecidos, les corresponde a estas familias ejercer o no el derecho de opción a compra. La Junta de Andalucía aprobó, mediante visado en 2013, el precio máximo estipulado en 1.307'55 euros el metro cuadrado, que ha sido al que se ha agarrado finalmente la promotora. Esa cantidad se multiplicaría por 1,5 veces el Precio Máximo de Referencia establecido en la calificación provisional, es decir, esos 1.307,55 euros, para poder ejercer la opción de compra, como constaba en el contrato firmado por cada inquilino, tal y como ha comprobado este periódico.

Los vecinos están recabando información al respecto desde que recibieron la comunicación de la promotora pero “cada uno nos dice una cosa”, apunta esta vecina afectada en alusión a conversaciones y escritos con la Consejería de Fomento y con la promotora, habiendo contactado también con una abogada que pueda representar al colectivo. “A todos nos dijeron en 2013 que en 2023 no se vendería la vivienda por el precio máximo, pero que había que ponerlo”, añade.

El tiempo corre en su contra porque la sociedad les ha dado hasta el 20 de julio para ejercer esa opción de compra de los pisos, de dos y tres habitaciones, entre 52 y 69 m2, y por los que han ido pagando la parte correspondiente de IBI y de IVA, además de la comunidad. Salvando las distancias, su caso recuerda al de los inquilinos de la promoción de VPO de Los Bermejales Residencial Arttysur, que hace poco perdieron la demanda civil en la que acusaban a la empresa Se-perian, que construyó y gestiona esos pisos, de imponer “cláusulas abusivas” en los contratos. En el caso de Pino Montano se trata de la sociedad limitada Pino Montano Renta, perteneciente al grupo empresarial Ansan, que no ha querido comentar nada al respecto pese a la consulta telefónica por parte de este periódico. La Delegación de Vivienda de la Junta tampoco ha atendido la petición de información por parte de este medio.

“Aguantando” durante diez años

Las familias, al tratarse de viviendas VPO, tuvieron que cumplir con una serie de requisitos económicos de ingresos pero, al ver ahora los precios de venta provisionales de los pisos, aquellos requisitos están “dentro de la ley” pero “no son acordes a unas VPO”, argumentan, por lo que “ninguna familia va a poder ejercer el derecho a compra” y por consiguiente perderán el dinero que han ido aportando durante los diez años de alquiler (el 50% de las rentas) para “una supuesta entrada” de la vivienda que no parece que vaya a tener que utilizar. También dejarían atrás las cocinas, que hace diez años tuvieron que montar de su bolsillo al ser obra nueva, así como las máquinas de aire acondicionado.

“Casi todos hemos ido aguantando estos diez años, pero el precio es a todas luces abusivo y nos han estado tomando el pelo en todo este tiempo”, dice la vecina portavoz, a la que le piden 208.000 euros por un piso de VPO de dos habitaciones. “Hay pisos más baratos de renta libre en este barrio”, comenta. Si no quieren ejercer la compra, la sociedad les ha ofrecido seguir de alquiler pero “subiendo la cuota unos 200 euros” y “perdiendo”, como consecuencia, los aproximadamente 20.000 euros abonados para la entrada, procedente del 50% de las rentas mensuales. “Eso o marcharnos de los pisos”, indica la portavoz, que detalla que se trata en su mayoría de familias con hijos pequeños nacidos en estos años de alquiler en Pino Montano Renta.

Los vecinos se han dirigido a la Consejería de Fomento para que se revise el precio de venta ya que desde la promotora les insisten en que se les ha aplicado el precio máximo del piso, que es “no coincidente con lo pactado y firmado en el contrato inicial y único de arrendamiento con opción de compra”, argumenta otro vecino en una carta enviada a la promotora.

Imposibilidad de hipoteca

La “supuesta” entrada de 20.000 euros no les serviría, además, para reducir una hipotética hipoteca, según les han informado en las entidades bancarias a las que también han consultado por si finalmente pueden ejercer la opción. “Las condiciones están puestas de tal forma nadie va a poder comprar el piso y no sabemos qué hacer”, resume la portavoz. También añade que, en el caso de ejercer la opción de compra, si durante los diez años siguientes quisieran vender el piso, tendrían que justificar su salida del mismo y, además, tendrían que vender por poco más de 115.000 euros la vivienda al seguir tratándose de una VPO.

Según comenta finalmente la portavoz de estos vecinos, la promotora en los últimos días está “enseñando los pisos” a nuevas familias “diciendo que muchos se van a quedar vacíos”, una vez venza el plazo para ejercer o no la opción de compra“, intuyendo que ”lo que quieren es echarnos para volver a poner los pisos en alquiler“.

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