¿Por qué acusan a la jueza Alaya de ostentar “el control absoluto del Real Betis” desde 2010?
La jueza Mercedes Alaya “ha venido ostentando el control absoluto del Real Betis Balompié SAD” desde hace casi cinco años a través de los administradores judiciales. Lo asegura el empresario Luis Oliver, representante del grupo empresarial Bitton Sport que en julio de 2010 compró el paquete mayoritario de acciones al expresidente Manuel Ruiz de Lopera. No ha pasado un día desde que el CGPJ haya archivado la queja de Lopera contra Alaya por las supuestas irregularidades en la designación de los administradores judiciales del club y la jueza tiene que hacer frente a nuevas acusaciones, en este caso en forma de querella criminal.
Según la tesis del exconsejero delegado, desarrollada a través de 90 claves y el repaso de “las resoluciones prevaricadoras” de la jueza, Alaya adoptó un conjunto de medidas cautelares “de radical ilegalidad” en aquel verano de 2010, tras el ascenso a Primera División del equipo verdiblanco, que le impidieron mantener dicho paquete accionarial. Desde la posterior Junta General Extraordinaria de diciembre de 2010, Alaya dejó la atribución del pleno poder de administración y disposición del 51% del capital social del club (las acciones compradas a Farusa) a los distintos administradores judiciales designados “a su antojo” y “prescindiendo total y aboslutamente de los procedimientos legales”.
Casualmente, el último y actual administrador judicial del Real Betis es Francisco Estepa, designado en enero de 2014 y “persona próxima” a Jorge Castro, marido de Alaya, según la querella, que está estudiando la Fiscalía Superior de Andalucía y para la que ha pedido más documentación antes de admitirla a trámite. La propia jueza negó en un auto la relación de Estepa con su esposo, calificándola de “imaginada” y basada en “bulos periodísticos”. Lo cierto es que Estepa, que lleva otras causas como administrador judicial en Córdoba, trabajó en el concurso de la farmacéutica cordobesa Laboratorios Pérez Giménez junto al esposo de la jueza y otras tres personas, imputadas por un juez de Posadas por vender un bien intervenido para cobrar. Castro designó como abogado a Estepa, según desveló la SER hace unos meses.
Oliver, que perteneció al Consejo de Administración del Betis entre julio y diciembre de 2010, ha interpuesto ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA una querella criminal contra la jueza Alaya por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación. Oliver expone que la jueza y los administradores “controlan bajo su personal criterio” el club y somete al empresario a “una verdadera inquisición general” al estar procesado como supuesto cómplice de Lopera en el delito societario por adquirir “acciones litigiosas” y negándole su personación como parte afectada en la pieza separada de las medidas cautelares “que tan seriamente le afectan”. El empresario recuerda, además, que la Fiscalía ha pedido 15 veces sin éxito el levantamiento de dichas medidas de aquel verano de 2010.
Alaya, que remitió el pasado mes de enero a la Audiencia de Sevilla el sumario de la gestión del expresidente del club Manuel Ruiz de Lopera, “impidió” la plena consumación de la compraventa por parte de Bitton Sport, según los querellantes. Asimismo, advierten de “una perfecta maniobra orquestada” en la que las acusaciones particulares (Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos) afirmaron que Oliver es un mero testaferro de Lopera y que había que evitar la “simulada” transmisión de acciones, a la que el Consejo Superior de Deportes se opuso en julio de 2010 a instancias de Alaya. La jueza, según Oliver, busca mantener vigente la paralización del expediente de autorización de la compraventa de las 59.925 acciones de Farusa.
