El Cermi aboga por refundar la ley de dependencia que cumple diez años

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, ha abogado hoy por “refundar” la ley de atención a la dependencia en el décimo aniversario de su aprobación.

En una comparecencia ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad para exponer las demandas del sector en esta legislatura, Cayo ha considerado que en su momento la ley de dependencia fue “una conquista social”, aunque el modelo tenía “algunas deficiencias”.

Esta ley “ha decepcionado a los dos grandes grupos sociales que eran sus destinatarios, los mayores y las personas con discapacidad”, según el presidente del Cermi, quien ha opinado que es el momento de “refundar” el sistema y reorientar este dispositivo de protección social para responder a las expectativas de miles de personas.

Ha argumentado que el copago es “especialmente hiriente” para las personas con discapacidad y ha recordado que hay una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que recibió el apoyo de 740.000 firmas, pendiente de toma en consideración en la Comisión de Servicios Sociales para no expulsar a ninguna familia del sistema por motivos económicos.

En su intervención, ha resaltado que, con la recuperación económica, es el momento, de revertir los “recortes” que se han producido en las políticas sociales públicas durante los últimos años como consecuencia de la crisis, en los que se han perdido prestaciones, apoyos y recursos que se ofrecían a las personas con discapacidad.

Igualmente, ha apostado por un nuevo modelo legal de inclusión laboral para pasar de la actual tasa de actividad del 37 por ciento al 50 por ciento en el año 2020 con el objetivo de que 150.000 personas con discapacidad más puedan incorporarse a un puesto de trabajo “digno”.

Ha defendido una reforma constitucional con el objetivo de elevar a la categoría de fundamentales los derechos sociales y, en concreto, enunciar el derecho a la inclusión social de las personas con discapacidad.

Cayo ha reivindicado una revisión urgente para adaptar el ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad en aquellos ámbitos “incompatibles con los derechos humanos”.

Entre otras propuestas, ha planteado la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para revertir la situación de casi 100.000 personas con discapacidad que no pueden ejercer su derecho al voto porque soportan una sentencia de incapacitación.

En materia de accesibilidad, ha recordado que en 2017 todas las infraestructuras y servicios de interés deberían ser accesibles, como establece la Ley de Accesibilidad del año 2003, aunque ha lamentado que no se alcanzará ese objetivo.

En España, ha precisado Cayo, hay más de cuatro millones de personas con discapacidad (el 9 por ciento de la población) y uno de cada cinco hogares con una situación de discapacidad.

El 60 por ciento de las personas con discapacidad son mujeres y el 60 por ciento son mayores de 65 años.

Un millón de personas con discapacidad reside en el medio rural, lo que hace que “sus factores de exclusión y de dificultad en el ejercicio de sus derechos y acceso a servicios básicos se incremente notablemente”, ha apuntado.

Tras indicar que las personas con discapacidad están en una situación de exclusión “permanente o estructural”, ha destacado que se necesitan políticas públicas para promover la igualdad y la normalidad cívica.

Todos los grupos parlamentarios han mostrado su disposición a impulsar leyes y políticas públicas en favor de la discapacidad en los próximos cuatro años.