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Denuncian a España por incumplir sentencia europea que anuló el canon digital

EFE

Barcelona —

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Un abogado de Barcelona ha interpuesto hoy una demanda ante la Comisión Europea (CE) contra el Estado español, al que acusa de incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que en 2011 dictaminó la nulidad del canon digital por ser contrario al derecho comunitario.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, el abogado Josep Jover, en nombre de la empresa de electrónica Freephone Axarquia SL de Vélez-Málaga (Málaga), pide a la CE que condene al España a una multa de 500 millones de euros, que es la cantidad que el letrado entiende que deberían haber devuelto las entidades de gestión que cobraron indebidamente el canon.

En octubre de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en la sentencia -conocida como caso Padawan- que el canon digital aplicado en España a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada no era conforme con el Derecho comunitario.

En su sentencia, la Corte señaló que no resultaba conforme con la directiva europea la “aplicación indiscriminada” del canon, en particular a equipos, aparatos y soportes de reproducción digital -como CD o DVD- que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y estén reservados a usos distintos a la realización de copias privadas.

La empresa Freephone Axarquia SL de venta de CD y DVD de Vélez-Málaga, regentada por Noelia Ben Tarifit, fue condenada inicialmente a pagar 600.000 euros a la SGAE por el canon digital, una cantidad que posteriormente le fue rebajada a 300.000 y que ratificó el Tribunal Supremo “sin hacer caso a la sentencia europea”, según ha explicado a Efe Jover.

“Noelia y su marido vieron como le embargaron la casa, tuvieron que cerrar la tienda y están arruinados”, ha señalado su abogado, que ha explicado que ha demandado a España ante la CE por tres motivos, “el primero de ellos porque el Tribunal Supremo español no aceptó la cuestión prejudicial entablada por la mercantil Freephone Axarquia SL”.

También ha presentado la demanda por que el alto Tribunal español “no ha revocado las sentencias a favor del canon digital que antes habían dictado, tanto ellos como las audiencias, en virtud de su jurisprudencia”, ha añadido el abogado.

“Y la tercera parte de la denuncia es contra el propio Estado quien, en un momento de brutal crisis de los ciudadanos y de los servicios públicos pasa olímpicamente, con la ayuda de la resolución del Supremo, de reclamar lo que le es propio, el canon pagado con nuestros impuestos, beneficiando a unas entidades de gestión que lo cobraron con apoyo de los políticos”, ha señalado Jover.

Para el letrado, las entidades que cobraron el canon digital, “deberían devolver lo indebidamente percibido, porque además constituye una financiación de las mismas no regulada por la Comisión Europea, vulnerando la disciplina de mercado y la política de fondos comunitarios que el Estado español está obligado a respetar”.

En su demanda, el abogado barcelonés asegura que la Administración española “ha pagado incorrectamente a las entidades de gestión un mínimo de 57 millones anuales por el concepto de canon, lo que a lo largo de 9 años (2003-2011) permite concluir que las entidades de gestión debieran estar obligadas a la devolución de un mínimo de no menos de 500 millones de euros”.

Jover ha explicado que la empresa de Vélez-Málaga no podrá reclamar la devolución de los 300.000 euros hasta que la CE no sancione al Estado español, lo que abriría la puerta a reclamar a todos los damnificados por el cobro del canon.

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