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España no ha ejecutado gran parte de las medidas de protección ante inundaciones que debían realizarse desde 2016

El retraso acumulado hasta 2018, con un 7% de los planes finalizado, hace que en 2020 las confederaciones avisen: el ritmo de implantación "es insuficiente"

España ya roza los 12.000 kilómetros de zonas con riesgo de inundación, que la crisis climática amenaza con empeorar

 Imagen tomada este viernes 13 de septiembre por el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias en Los Alcázares

Imagen tomada el 13 de septiembre de 2019 por el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias en Los Alcázares REMITIDA / HANDOUT por 112

Ana, Hugo, Gisele, la DANA, Elsa, Gloria. Son solo algunas de las borrascas que han atravesado España desde 2016 y dejado un centenar de episodios graves de inundación. A pesar de ser un país con grandes zonas vulnerables, las medidas que debían ejecutarse desde 2016 para gestionar el riesgo de crecidas acumulan mucho retraso. Al acabar 2018, poco más del 7% de las nuevas acciones aprobadas para prevenir y aminorar las avenidas de agua estaban finalizadas, según los datos de la última revisión global de Transición Ecológica. En enero de 2020, las confederaciones –estatales y autonómicas– admiten que, tras los "grandes episodios de crecidas" registrados desde que se aprobaron estos planes, el ritmo es "insuficiente" cuando no indican directamente: "El programa va más lento de lo deseable".

Las inundaciones son el desastre natural que, a lo largo del tiempo, ha causado más daños personales y materiales en España. Más de 360 muertos desde 1995 y 130 millones de euros anuales en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (el 62% del total). Algunas localidades y comarcas –como Los Alcázares, Orihuela, Mar Menor, Ribera Alta, Ribera Baja, Marina Alta, La Safor, Campo de Dalias, el Besós...– se han hecho ya familiares por padecer crecidas repetidamente.

Cuadro sintético de los eventos de inundación más relevantes por demarcación hidrográfica en 2016, 2017 y 2018 / Miteco.

Cuadro sintético de los eventos de inundación más relevantes por demarcación hidrográfica en 2016, 2017 y 2018 / Miteco.

Y aunque las avenidas del agua son un fenómeno natural y recurrente, su capacidad destructiva se ha multiplicado por la acción humana a base de "la ocupación de terrenos inundables por viviendas, industrias, infraestructuras, etc. y la ausencia de ordenación", como describen los técnicos de la Junta de Andalucía.

Los planes de gestión de riesgo de inundación derivan de una directiva europea de 2007. Redactados en 2015, aglutinaban más de 1.000 medidas que debían estar al 100% en 2021. "El objetivo está aún lejos", resumía la evaluación a finales de 2018.

"Reconocer la existencia del problema"

La Confederación Hidrográfica del Segura, en su análisis de temas importantes sobre la gestión de inundaciones de enero de 2020, dice sobre "el ritmo actual de ejecución de medidas" que había 100 acciones para "preparación, prevención, protección y recuperación" de inundaciones. 510 millones de euros. "Descontando las finalizadas o en marcha quedan por ejecutar 90 medidas que suponen una inversión de 475 millones".

Este organismo, que abarca la Región de Murcia y parte de Alicante, Albacete, Jaén y Almería, tiene identificados 650 kilómetros como de riesgo potencial significativo. Allí viven 60.000 personas en áreas de "alta probabilidad" de inundación –cada diez años–, 238.000 de media probabilidad –cada 100 años– y 386.000 de baja –cada 500–.

El acceso al parking La Via, en Dénia

El acceso al parking La Via, en Dénia, inundado.

Su vecina del norte, la Confederación del Júcar, también subraya en su documento de enero pasado que la aplicación de medidas es "insuficiente". Y hace una propuesta significativa para impulsar su programa de gestión de riesgo: "Reconocer la existencia del problema descrito y ajustar sus términos definitorios con la mayor racionalidad, objetividad y transparencia posibles". En esta demarcación hay 1.000 kilómetros de riesgo. La alta probabilidad de inundación afecta a 104.000 ciudadanos, 287.000 personas están en áreas de media probabilidad y 413.000, de baja.

La mayoría de los organismos de cuenca están inmersos en la revisión de los temas cruciales que deben abordarse en la planificación hidrológica de España entre 2021 y 2027. Los responsables de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, cuya gestión recae en el Gobierno autonómico, detallan en 2020 que su plan de 20 medidas "va más lento de lo que sería deseable, ya que de las ocho programadas para su inicio o finalización en el horizonte 2021 tan solo un 13% han sido ejecutadas y un 50% se encuentran en ejecución o son actividades periódicas".

En la parte Atlántica de Cádiz a Huelva, los técnicos relatan que muchas medidas se habían programado para 2033: "La mayoría de las acciones previstas se incluyeron sin presupuesto". De hecho, en la Demarcación de los ríos Tinto-Odiel-Piedras, solo tres de un paquete de 22 acciones se había planificado para estar acabadas el año que viene. "No será posible cumplir con los objetivos de inundación en el 2021", resumen. Una situación similar describen en la zona de Guadalete-Barbate: "Ante la imposibilidad de cumplir en el escenario 2027", hay que elegir las medidas que "por plazo y presupuesto puedan desarrollarse en el plazo".

Los estudios en las cuencas del Guadalquivir, el Tajo, el Duero o el Ebro repiten lo mismo: "Se considera que debido a los grandes episodios de crecidas acaecidos desde la aprobación de los planes, el ritmo de implantación de los mismos es insuficiente". En la del Guadiana se detalla más al introducir que "el avance que han venido teniendo las medidas enmarcadas en este tema importante no se considera suficiente, la inversión pendiente de iniciar y ejecutar es muy elevada".

Canarias hace que Europa lleve a España ante la justicia

Algunas administraciones no cumplieron los plazos para redactar sus planes de inundación. La Comisión Europea terminó por abrir un expediente a España en marzo de 2018 por el retraso en Catalunya y Canarias. La primera aprobó su plan poco después. Sin embargo, en las islas el tapón sigue: la Comisión llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia en un recurso de mayo de 2019 –conocido en agosto– por no haber completado los planes en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y La Palma. El plazo que había dado la directiva europea de 2007 para tener estos documentos era el 22 de diciembre de 2015. El recurso pide que los jueces declaren que "el Reino de España ha incumplido sus obligaciones" y se le condene al pago de las costas. 

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