El Gobierno ha incumplido la obligación legal de revisar el Plan Nacional Forestal, caducado en 2012
El Gobierno de Rajoy debía haber revisado el Plan Nacional Forestal en 2012, tras ganar las elecciones. Y no lo ha hecho. La Ley de Montes obliga a que se evalúe cada diez años y el plazo venció hace cinco. Sin embargo, el Ejecutivo ha incumplido esta imposición y va para un lustro. La razón principal está en “cuestiones presupuestarias”, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo fechada el 14 de marzo pasado.
El Plan Forestal es un documento clave. Desarrolla la estrategia sobre qué hacer y cómo gestionar los montes españoles que suponen más de la mitad del territorio. Abarca su papel medioambiental, social y económico y debe coordinarse con la comunidades autónomas. Las revisiones prescritas por la ley implican una evaluación sobre si se está cumpliendo con el documento. Un síntoma de la jerarquía del plan es que su aprobación requiere un acuerdo del Consejo de Ministros. El Gobierno explica ahora que “estaba prevista iniciarla en 2015” y que esos problemas de dinero impidieron cumplir incluso en 2016.
Para dimensionar la importancia de la política forestal de un estado como España, hay que tener en cuenta que la superficie de monte suma unos 27 millones de hectáreas de suelo, más del 54% del suelo total. Dos tercios de ellas son de titularidad privada. Sin embargo, una gran parte no tiene árboles. En este tiempo, la superficie forestal ha crecido, según el recuento oficial, pero su calidad ha bajado. De hecho, el deterioro de las masas de árboles se ha acelerado en los dos últimos años, según ha constatado el Inventario de Daños Forestales.
Los objetivos estratégicos que vertebran el plan engloban la protección del territorio, la gestión sostenible de los espacios naturales, la restauración forestal, los usos recreativos del monte o el aprovechamiento económico de los productos forestales. La revisión obligatoria implica evaluar si se ha cumplido con las exigencias que impone.
La regulación ha crecido del 5% al 13%
Un ejemplo muy claro: en 2002, cuando se aprobó, el Ministerio de Medio Ambiente reconocía que había “cierto vacío de planificación de espacios forestales”. Solo el 5% de todo ese terreno tenía planes de ordenación y gestión. Esto significa saber cuánto puede talarse, cuánto ganado puede soportar, cuánta caza, los productos que pueden obtenerse sin agotarlo… “La futura ley de Montes regulará la obligatoriedad de disponer de instrumentos de gestión”, añadía.
La efectividad de esa obligación queda medida de la siguiente manera: en 2015, el Colegio de Ingenieros Forestales calculó que la regulación había llegado al 13% del suelo forestal. Además, la desregulación ha sido reforzada por el Ejecutivo del Partido Popular mediante una modificación de la ley en 2012 que abrió una posible prórroga de 25 años para establecer si los dueños de gran parte de los montes deben redactar un plan de gestión concreto.
La revisión conlleva determinar si se ha cumplido con diversas directrices a la hora de emprender lo que se califica como “acciones prioritarias”. Así, a la hora de repoblar, hay zonas calificadas como pertinentes para potenciar los tipos de bosques ya existentes, otras donde se admiten nuevas plantaciones para frenar la desertificación, otras susceptibles para las repoblaciones con fines comerciales…
También debería discernirse si se ha cumplido con una explotación “en forma e intensidad que permita mantener la biodiversidad, productividad, regeneración, vitalidad y satisfaga ahora y en el futuro sus funciones ecológicas, económicas y sociales”. Es decir, que no se esquilme el monte en busca de maximizar los beneficios económicos a corto plazo.
Otro de los ejes cruciales era la defensa y protección del medio. Señalaba como amenazas claras los incendios forestales, las plagas, la contaminación, el cambio climático, el turismo incontrolado… Tras más de diez años, era el momento de comprobar si se está llevando a cabo satisfactoriamente.
España está en riesgo creciente de desertificación. Una de las consecuencias más palpables del cambio climático en los países mediterráneos. Y las masas forestales son uno de los mejores antídotos contra la degradación de las tierras áridas y semiáridas, según establecía esta hoja de ruta. De tal manera que al plan que espera una revisión se le otorgó un papel “de gran relevancia” en el freno de este deterioro.
La estrategia imponía “restablecer o establecer una cubierta vegetal estable a largo plazo” de forma que se acotara la erosión del suelo, se previnieran los incendios y, además, se favoreciera “la infiltración del agua y la recarga de acuíferos dulces”. Los bosques traen y retienen el agua. ¿Cuánto se ha cumplido? Aún no se sabe. En su contestación parlamentaria, el Gobierno asegura que esta vez sí es la buena: prevé “poder empezar la citada revisión dentro del ejercicio”.
