Voces ciudadanas recorren Madrid pidiendo el final de recortes de derechos

Una furgoneta de Amnistía Internacional ha recorrido hoy Madrid pasando frente a los ministerios de Sanidad, Interior y Fomento, así como por el Congreso y La Moncloa, emitiendo a través de un megáfono los mensajes de voz de más de 1.400 personas que exigen al Gobierno el fin de los recortes en derechos humanos.

A media mañana, la furgoneta se ha dirigido al Palacio de la Moncloa para entregar, junto a los mensajes de voz, 65.000 firmas recogidas por AI con un mensaje claro dirigido a las autoridades: “Hasta que nos escuchen, nos van a oír”.

“En tiempos de crisis hay que proteger los derechos de los más vulnerables, no recortarlos”; “el derecho a la salud hace justicia”; “manifestarse pacíficamente no debería ser peligroso” y “los derechos humanos ni se golpean ni se silencian”, son algunos de los mensajes recogidos en las calles de más de 30 ciudades de toda España en los últimos meses.

La intención de esta iniciativa es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy deje de “recortar en derechos humanos como la vivienda, la sanidad o la manifestación pacífica”.

Esta acción forma parte de una campaña en la que también han participado algunas voces conocidas como Chenoa, Ariel Rot, Rubén Pozo, Luis Auserón, o la cantante de rap, Vanexxa.

La directora adjunta de AI en España, Eva Suárez-Llanos, ha resaltado que cientos de miles de personas hacen frente a ejecuciones hipotecarias en España y que la reforma en el sistema de salud ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Además, ha expuesto que muchas personas sufren el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía cuando se manifiestan pacíficamente o son “estigmatizadas” si pertenecen a determinados movimientos sociales.

“No se trata de recortes sociales, sino de violaciones de derechos humanos y eso es algo inadmisible e innegociable”, ha aseverado.

Un Gobierno, a su juicio, no puede permitir que una persona se quede en la calle como consecuencia de un desalojo si no tiene medidas para proveerse de otra vivienda, que cientos de miles vean en peligro su acceso a la atención sanitaria gratuita o que quienes estén en contra de las medidas que toma ese mismo Ejecutivo no puedan manifestarse pacíficamente para protestar.

“Si lo permite, la crisis económica pasa a ser de derechos humanos”, ha matizado la portavoz.

La organización recuerda que el Estado debe cumplir obligaciones de derechos humanos contraídas internacionalmente a la hora de diseñar las medidas de respuesta a la actual crisis económica.