El nuevo sistema de becas “vulnera el principio de igualdad y no discriminación” al exigir un 5,5 como nota media mínima para acceder a exención de pago de la matrícula en la Universidad. Así lo considera la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), que ha interpuesto un recurso contra el Real Decreto de becas del Ministerio de Educación aprobado el pasado 2 de agosto ante Tribunal Supremo (TS). “El decreto vulnera el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución española por negar la posibilidad igualitaria de alcanzar una educación y estudios a quien no llegue al umbral académico establecido en el real decreto, beneficiando a aquellos que sin alcanzar esta nota tengan medios económicos para poder seguir sus estudios”.
La responsable del gabinete jurídico de la Federación de Enseñanza de CCOO, Carmen Perona, ha informado de que también se ha pedido la suspensión cautelar del real decreto para evitar el daño “irremediable” que supondría la aplicación de esta normativa para aquellos estudiantes que, en el tiempo que tarde en pronunicarse el Tribunal Supremo, pueden quedar fuera del sistema educativo por no poder hacer frente a las tasas. Así, Perona ha aconsejado a los universitarios presentar su solicitud de beca para tener después la posibilidad de recurrir. Pese a que con los criterios actuales la ayuda les vaya a ser denegada, “es una manera de protegerse si se declara nulo el real decreto”.
Aunque el sindicato ha reconocido la dificultad de calcular una cifra de alumnos perjudicados de terminar aplicándose la norma, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, admitió que podrían ser al menos 10.000 los estudiantes que perderían la beca en su primer año de universidad. A este número, hay que sumar a aquellos que no tendrían la posibilidad de acceder a las ayudas por no aprobar suficientes materias. Con todo, Educación siempre ha defendido que la exigencia de una nota media de 5,5 no es “exagerada” pues lo que se pretende es mejorar los resultados del sistema y hacer a los beneficiarios de estas becas partícipes del esfuerzo que suponen para la sociedad.
Sin embargo, el responsable de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO, Julio Serrano, sostiene que la nueva norma “no incentivará el rendimiento académico”. Incluso, dice, podría generar “un efecto contrario” si los alumnos deciden no presentarse a determinadas asignaturas por miedo a obtener una nota baja que haga caer su media.
Por esta razón, CCOO argumenta que el decreto vulnera también el principio de interdicción de arbitrariedad. Un principio que advierte de “la necesidad de que el contenido de la norma no aparezca carente de fundamentación objetiva, no resulte incongruente o contradictorio con la realidad que se pretende regular”. Al respecto, Carmen Perona ha señalado que esta “incongruencia” puede “declarar nula” la normativa.
Consulta ciudadana sobre las políticas educativas del Gobierno
La Plataforma Estatal en Defensa de la Educación Pública pone en marcha desde el 23 de septiembre hasta el 13 de octubre una consulta popular que pretende recoger la opinión de los ciudadanos sobre las políticas en materia de educación del Ejecutivo. En la encuesta que se entrega, los participantes pueden mostrar su acuerdo o su desacuerdo (mediante un sencillo “sí” o “no”) con los recortes en educación y con las políticas educativas del Gobierno central.
Las mesas de consulta, donde pueden recogerse y rellenarse las papeletas, están colocadas en la entrada de todos los centros educativos públicos y, de forma permanente, en la Puerta del Sol. Según los organizadores, está previsto que el resultado se entregue al presidente del Gobierno el día 17 de octubre, una semana antes de la huelga general educativa convocada para el 24 de octubre.