Las comunidades autónomas avalan el nuevo modelo del Gobierno para las residencias de mayores. El Consejo territorial de Servicios Sociales ha dado luz verde este martes al acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia, estableciendo unos estándares de equipamientos, personal y capacidad, en el que el Ministerio de Derechos Sociales lleva meses trabajando. El texto ha salido adelante de forma muy ajustada, con diez votos a favor y nueve en contra, según fuentes presentes en la reunión.
“Hoy me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado uno de los acuerdos más importantes de esta legislatura. Un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el Sistema de Atención a la Dependencia”, ha celebrado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Su departamento lleva meses en conversaciones con las autonomías para conseguir su apoyo.
En el último consejo, celebrado hace un mes, Ministerio y gobiernos autonómicos no llegaron a un acuerdo. En esta ocasión, la negativa de regiones gobernadas por populares, socialistas y Catalunya y Euskadi impidió que el proyecto estrella del Gobierno central para los centros de mayores fuese aprobado.
En estas cuatro semanas algunas autonomías han cambiado su posicionamiento. Entre ellas, el voto a favor de Extremadura y Asturias, gobernadas por el PSOE, ha sido muy relevante para que el acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y el Sistema de Atención a la Dependencia haya recabado una mayoría muy ajustada.
No todas las autonomías socialistas han apoyado el texto, Castilla-La Mancha ha mantenido su negativa porque “no se garantiza la financiación a largo plazo”, apuntan fuentes del equipo de Emiliano García-Page. “No estamos dispuestos a la política del yo invito, tú pagas, porque es faltar a la realidad. Hoy mismo se han tomado decisiones en ese sentido”, ha apuntado el presidente autonómico minutos después de que el nuevo modelo de calidad asistencial haya salido adelante, informa Carmen Bachiller.
En la misma línea que la región liderada por Page, se han pronunciado Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia, Catalunya, Euskadi, Castilla y León y Ceuta. Por su parte, las autonomías que han salvado el acuerdo son Extremadura, Canarias, Navarra, Valencia, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla.
A falta de conocer los detalles del texto final, que según las fuentes consultadas se ha rematado en la reunión mantenida este martes, el Ministerio prevé que la aplicación de este acuerdo conlleve la creación de 34.294 empleos en el sistema nacional de dependencia. “En concreto 21.071 empleos en las residencias progresivamente hasta diciembre de 2029 y 13.223 empleos en centros de día, en diciembre de 2023”, apuntaron fuentes de Derechos Sociales hace un par de semanas.
Unidades de convivencia de 15 personas y libres de sujeciones
El documento que ha sido ratificado este martes establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas. Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales, de equipamientos y de calidad que deben regir en el futuro de los centros de mayores.
En un vídeo difundido tras el acuerdo, Belarra ha dado algunos detalles de las medidas que se han pactado con las autonomías. “A partir de ahora las residencias van a tener que parecerse mucho más a un hogar, con un tamaño máximo y con unidades de convivencia por afinidad de un máximo de quince personas”, ha indicado la ministra. Estos espacios “tendrán que contar con espacios comunes como una cocina o un salón”.
En la última propuesta de Derechos Sociales a las comunidades autónomas se pretendía acotar la capacidad de las nuevas residencias a 75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro. Eso sí, estos límites no se aplicarán a los recursos asistenciales que ya están construidos.
El Ministerio de Belarra apuesta por transformar el modelo de cuidados y, por lo tanto, prevén que cada usuario tenga “un plan personal de atención y apoyos que recoja sus preferencias”. En los documentos que se han intercambiado comunidades autónomas y Gobierno central, también se ha planteado dar un margen de tres años a los centros para que sus usuarios reciban “una atención libre de sujeciones”. De esta forma, Derechos Sociales aboga por contemplar la “supresión total y segura” de la inmovilización de los mayores por esta vía, que solo podrá usarse “de manera excepcional” y de forma protocolizada.
Las ratios mínimas actuales, muy criticadas por familiares de usuarios y trabajadores, es otro de los puntos que este acuerdo pretende modificar. “Durante los próximos años vamos a incrementar los trabajadores y las trabajadoras de residencias para personas mayores hasta que haya al menos un trabajador o trabajadora por cada dos personas atendidas”, ha adelantado Belarra.
El objetivo de Derechos Sociales es que las medidas acordadas se alcancen progresivamente y estén todas en vigor en 2029, por lo que los centros públicos y concertados tienen todavía siete años para alcanzar las ratios acordadas.