Las largas listas de espera siguen lastrando al sistema de dependencia, que aunque hace ya 15 años que fue puesto en marcha, aún no es capaz de dar respuesta a todas las personas que están sin atender. Entre las prestaciones demandadas se encuentran las plazas en residencias, el sector más golpeado por la pandemia, en el que aún harían falta “entre 62.000 y 63.000 plazas” para cubrir la lista de espera de las personas con Grado II y III, que son las que tienen derecho a esta prestación. Son los cálculos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha publicado un nuevo informe en el que hace balance de la situación en las residencias tras casi dos años de emergencia sanitaria.
Para obtener la estimación, la asociación parte de las cifras que ofrece mensualmente el IMSERSO sobre el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD): actualmente hay en lista de espera 91.729 personas a las que ya se les ha reconocido el derecho y han sido calificadas como dependientes severos o grandes dependientes (Grado II y III) pero aún no han obtenido su prestación. A ellas suma a las más de 67.000 pendientes aún de valorar “y que previsiblemente obtendrán uno de estos grados” tomando como referencia el porcentaje actual de valorados. De ese total de 158.729 personas, cuatro de cada diez demandarán un servicio residencial, que es la proporción actual.
Pero a pesar del gran número de personas que siguen engrosando el llamado “limbo” de la dependencia y que necesitarían una plaza en una residencia, el sistema no ha recuperado el nivel de prestaciones residenciales previo a la pandemia. Hoy hay menos personas en estas plazas que en febrero de 2020: de acuerdo con los datos disponibles, a 31 de noviembre de 2021 169.399 personas tienen concedida la prestación residencial mientras que en febrero de 2020 eran 171.119.
“Son 1.720 plazas que aún el sistema no ha absorbido. Podemos achacarlo a personas que han fallecido durante la pandemia, pero al ser prestaciones más caras, la Administración aún no las ha concedido. Habiendo miles de personas esperando esta prestación, es obvio: el sistema ha dado un paso atrás”, asegura Gustavo García, miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y coordinador del informe.
De hecho, la rebaja de las listas de espera aún sigue siendo un reto y el Gobierno, de la mano del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se ha marcado como objetivo una “reducción sustancial”, para lo que ha incrementado la partida destinada al sistema en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en un 23,3%. Además, el Ejecutivo está poniendo en marcha nuevos criterios para las residencias que atienden a personas reconocidas por el SAAD, entre ellos, limitar el tamaño de las residencias hasta un máximo de 50 plazas o fomentar un funcionamiento de “tipo hogar”. El documento debe aún consensuarse con los sindicatos, la patronal, organizaciones y comunidades autónomas, aunque desde la asociación lamentan que no incluya “una memoria valorativa de las inversiones necesarias para la cobertura de centros ni sus costes”.
El déficit de plazas se mantiene
El informe concluye además que en general faltan plazas de residencias para mayores; un balance habitual al final de cada año, pero que se ha mantenido en 2020 a pesar del enorme impacto que ha tenido la COVID-19 en estos centros y entre los mayores en general. El año del estallido de la pandemia acabó con una ratio de cobertura por cada 100 personas por encima de los 65 años de 4,19 –en 2019 fue de 4,22–, según los cálculos de la asociación, que estima que aún harían falta 75.699 plazas residenciales para llegar a las cinco por cada 100 habitantes mayores de 65 años establecidas por la Organización Mundial de la Salud como baremo aconsejable.
La razón es doble: por un lado, la población mayor de 65 años en España continuó creciendo en 2020. Lo hizo a un ritmo más lento que en años anteriores debido a la gran cantidad de personas fallecidas en esa franja de edad, pero aún así a finales del año la subida supuso un 0,97% más, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero además, el número de plazas en residencias sufrió un estancamiento y solo se incrementó en 643 con respecto a 2019, hasta alcanzar las 389.677. En 2019 el ascenso fue mayor, de 7.873.
En número de centros son 5.529, 13 menos que un año antes, “lo que confirma el estancamiento del sector”, asegura la asociación: los centros públicos sí se incrementaron, son 16 más, pero los privados descendieron y son 29 menos que antes de la pandemia. El resultado es un mayor déficit de plazas residenciales año a año: si en 2014 faltaban 53.103 para alcanzar el 5% recomendado por la OMS, en 2019 fueron 64.258 y en 2020 75.699.
“Fallecieron muchas personas mayores de 65 años, pero se compensa con el incremento de esta población, que es un fenómeno que sucede desde hace mucho, y al mismo tiempo el número de plazas no ha crecido nada. Las residencias en 2020 bastante tenían con soportar el temporal, por decirlo de alguna manera, y lo que hemos visto es que en el año 2020, un año dramático y excepcional, el crecimiento es anecdótico y es un problema estructural. En algunas comunidades autónomas incluso hay un retroceso de plazas”, esgrime Gustavo García, miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y coordinador del informe.
Cinco comunidades superan el umbral
Andalucía, la Comunitat Valenciana y Galicia son las comunidades con mayor déficit de plazas residenciales, según ha calculado la asociación, mientras que en cinco autonomías hay un exceso, es decir, superan el rango de cinco por cada 100 habitantes mayores de 65 años. Son Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias.
Por tipología de plaza, en total casi dos de cada tres (el 63,2%) son de financiación pública, un porcentaje que ha ido aumentando en los últimos años. Sin embargo, hay diferencias entre comunidades: en algunas como en Castilla y León o Castilla-La Mancha, el número de plazas públicas por cada 100 mayores de 65 está en torno a las cinco, mientras que en Murcia o Canarias no llega al 1,5. Madrid es la única comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,5) que las de financiación pública (1,86).
Gráficos elaborados por Victòria Oliveres