El Gobierno propone que las residencias de mayores tengan un máximo de 50 plazas

El Gobierno ha lanzado una propuesta en la que plantea limitar el tamaño de las residencias de mayores hasta un máximo de 50 plazas. Es uno de los criterios que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha incluido en el documento con el que pretende llegar a un acuerdo con los sindicatos, la patronal, organizaciones y comunidades autónomas para impulsar un nuevo modelo residencial tras convertirse en los lugares más golpeados durante la primera ola de la pandemia y evidenciarse las fallas del sistema.

Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja recortaron en dependencia en plena pandemia de COVID

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El documento, adelantado por InfoLibre y al que ha tenido acceso elDiario.es, establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas, aquellas que atienden a personas reconocidas por el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD). Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales y de equipamientos y de calidad, que deberán ser evaluados periódicamente, para lo que las comunidades deberán contar con un inspector/a por cada 30 centros residenciales.

La idea del ministerio es que el borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), como se llama el documento, pueda ser aprobado por las comunidades durante el primer trimestre de 2022, pero actualmente se trata de un texto “de trabajo”, por lo que aún se puede modificar.

El objetivo es asegurar “la dignidad de trato y el ejercicio de derechos” de las personas residentes y “caminar hacia un modelo en el que las residencias sean hogares”, asegura Luis Barriga, director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que insiste en que es una propuesta pendiente de acuerdo. En la práctica, los criterios afectarían a todas las residencias porque es extremadamente inusual que existan centros que no se acrediten para atender a personas reconocidas por el sistema de dependencia.

La propuesta obliga a los centros a ubicarse en suelo urbano, garantizando “el acceso y la proximidad” de los usuarios a “espacios de actividad social y comunitaria” o si se trata de centros que ya están a día de hoy construidos sin cumplir este requisito, “se deberá garantizar la comunicación mediante transporte público o medios de transporte propios” para facilitar el acceso a los servicios.

El documento propone no acreditar centros de nueva construcción que superen las 50 plazas, mientras que los que ya lo están deberán adecuarse: o bien reduciendo “paulatinamente” el número de plazas pasando de habitaciones de uso colectivo a individuales o dividiendo sus instalaciones.

Funcionamiento “tipo hogar”

Las personas residentes deberán contar con espacios que “preserven debidamente su intimidad”, podrán personalizar “al máximo” sus habitaciones y disfrutar de “espacios de convivencia en el centro” independientes de los generales, compartidos por “un grupo reducido de personas” con el objetivo de que “se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar”.

En cuanto a los recursos humanos, se prevé exigir a las residencias un ratio de profesionales mínimo de 0,36 trabajadores entre los de “primer nivel”, que son cuidadoras/es o auxiliares y los de “segundo nivel”, que son fisioterapeutas, enfermeras, médicas... a partir del 1 de enero de 2023. Un mínimo que aumentará en 2025 hasta 0,40 y hasta 0,43 en 2027. En el caso de que sean residencias con personas con discapacidad, las cifras serán mayores: 0,45; 0,48 y 0,55.

También aborda el documento las condiciones de trabajo en el sector, uno de los más precarios y feminizados. Así, para residencias se prevé un máximo de contratos temporales del 20% para trabajadoras de “primer nivel”. Y en el caso de centros de día y servicios de ayuda a domicilio, cuyas condiciones también aborda el plan, no podrá superar el 33%. Tampoco los contratos a tiempo parcial podrán superar un límite máximo del 30% sobre el total.

Planes personalizados de apoyos

La propuesta prevé además que todas las residencias cuenten con planes personalizados de apoyos, para “avanzar hacia una gestión” del modelo “centrada en las personas”: “Cada una tendrá un plan personal de apoyos en el que se planificarán y se hará seguimiento de los apoyos que recibe para el desarrollo y disfrute de su proyecto y estilo de vida”. El plan recogerá “las preferencias y la voluntad” de la persona residente, especifica el texto, que contará también con un “profesional de referencia” responsable de promover este apoyo personalizado en su día a día.

El Ministerio de Derechos Sociales también sugiere que otro de los criterios sea garantizar una atención “libre de sujeciones”, en la que su utilización se reduzca a momentos excepcionales, temporales y siempre en un procedimiento “documentado” con atención médica y siempre que se haya “constatado el fracaso” de otras medidas alternativas. Se propone además fomentar el papel de las familias siempre que el residente lo considere oportuno y se deberán implementar canales de comunicación “permanentes”, así como celebrar “reuniones periódicas”.

El Gobierno ha lanzado una propuesta en la que plantea limitar el tamaño de las residencias de mayores hasta un máximo de 50 plazas. Es uno de los criterios que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha incluido en el documento con el que pretende llegar a un acuerdo con los sindicatos, la patronal, organizaciones y comunidades autónomas para impulsar un nuevo modelo residencial tras convertirse en los lugares más golpeados durante la primera ola de la pandemia y evidenciarse las fallas del sistema.

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El documento, adelantado por InfoLibre y al que ha tenido acceso elDiario.es, establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas, aquellas que atienden a personas reconocidas por el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD). Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales y de equipamientos y de calidad, que deberán ser evaluados periódicamente, para lo que las comunidades deberán contar con un inspector/a por cada 30 centros residenciales.

La idea del ministerio es que el borrador del Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), como se llama el documento, pueda ser aprobado por las comunidades durante el primer trimestre de 2022, pero actualmente se trata de un texto “de trabajo”, por lo que aún se puede modificar.

El objetivo es asegurar “la dignidad de trato y el ejercicio de derechos” de las personas residentes y “caminar hacia un modelo en el que las residencias sean hogares”, asegura Luis Barriga, director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que insiste en que es una propuesta pendiente de acuerdo. En la práctica, los criterios afectarían a todas las residencias porque es extremadamente inusual que existan centros que no se acrediten para atender a personas reconocidas por el sistema de dependencia.

La propuesta obliga a los centros a ubicarse en suelo urbano, garantizando “el acceso y la proximidad” de los usuarios a “espacios de actividad social y comunitaria” o si se trata de centros que ya están a día de hoy construidos sin cumplir este requisito, “se deberá garantizar la comunicación mediante transporte público o medios de transporte propios” para facilitar el acceso a los servicios.

El documento propone no acreditar centros de nueva construcción que superen las 50 plazas, mientras que los que ya lo están deberán adecuarse: o bien reduciendo “paulatinamente” el número de plazas pasando de habitaciones de uso colectivo a individuales o dividiendo sus instalaciones.

Funcionamiento “tipo hogar”

Las personas residentes deberán contar con espacios que “preserven debidamente su intimidad”, podrán personalizar “al máximo” sus habitaciones y disfrutar de “espacios de convivencia en el centro” independientes de los generales, compartidos por “un grupo reducido de personas” con el objetivo de que “se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar”.

En cuanto a los recursos humanos, se prevé exigir a las residencias un ratio de profesionales mínimo de 0,36 trabajadores entre los de “primer nivel”, que son cuidadoras/es o auxiliares y los de “segundo nivel”, que son fisioterapeutas, enfermeras, médicas... a partir del 1 de enero de 2023. Un mínimo que aumentará en 2025 hasta 0,40 y hasta 0,43 en 2027. En el caso de que sean residencias con personas con discapacidad, las cifras serán mayores: 0,45; 0,48 y 0,55.

También aborda el documento las condiciones de trabajo en el sector, uno de los más precarios y feminizados. Así, para residencias se prevé un máximo de contratos temporales del 20% para trabajadoras de “primer nivel”. Y en el caso de centros de día y servicios de ayuda a domicilio, cuyas condiciones también aborda el plan, no podrá superar el 33%. Tampoco los contratos a tiempo parcial podrán superar un límite máximo del 30% sobre el total.

Planes personalizados de apoyos

La propuesta prevé además que todas las residencias cuenten con planes personalizados de apoyos, para “avanzar hacia una gestión” del modelo “centrada en las personas”: “Cada una tendrá un plan personal de apoyos en el que se planificarán y se hará seguimiento de los apoyos que recibe para el desarrollo y disfrute de su proyecto y estilo de vida”. El plan recogerá “las preferencias y la voluntad” de la persona residente, especifica el texto, que contará también con un “profesional de referencia” responsable de promover este apoyo personalizado en su día a día.

El Ministerio de Derechos Sociales también sugiere que otro de los criterios sea garantizar una atención “libre de sujeciones”, en la que su utilización se reduzca a momentos excepcionales, temporales y siempre en un procedimiento “documentado” con atención médica y siempre que se haya “constatado el fracaso” de otras medidas alternativas. Se propone además fomentar el papel de las familias siempre que el residente lo considere oportuno y se deberán implementar canales de comunicación “permanentes”, así como celebrar “reuniones periódicas”.

El Gobierno ha lanzado una propuesta en la que plantea limitar el tamaño de las residencias de mayores hasta un máximo de 50 plazas. Es uno de los criterios que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha incluido en el documento con el que pretende llegar a un acuerdo con los sindicatos, la patronal, organizaciones y comunidades autónomas para impulsar un nuevo modelo residencial tras convertirse en los lugares más golpeados durante la primera ola de la pandemia y evidenciarse las fallas del sistema.

Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja recortaron en dependencia en plena pandemia de COVID

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El documento, adelantado por InfoLibre y al que ha tenido acceso elDiario.es, establece los estándares que deben cumplir las residencias acreditadas, aquellas que atienden a personas reconocidas por el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD). Se trata de un mínimo de recursos humanos, materiales y de equipamientos y de calidad, que deberán ser evaluados periódicamente, para lo que las comunidades deberán contar con un inspector/a por cada 30 centros residenciales.