El Gobierno refuerza el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras sin residencia legal en España.
Aunque los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy que excluyeron a las personas migrantes en situación irregular se revirtieron en 2018, en los últimos años se han seguido documentando barreras administrativas que han limitado el acceso a la asistencia sanitaria a estos grupos de la población.
Los procedimientos se homogeneizan ahora de esta manera: a las personas extranjeras sin permiso de residencia se les solicitará “una declaración responsable que confirme que no disponen de cobertura sanitaria por otra vía”, como seguridad social de otro país, seguro privado, visado de estancia en vigor.
También tendrán que acreditar su “residencia efectiva en España, mediante empadronamiento de al menos tres meses”. La novedad es que “en caso de imposibilidad”, podrán hacerlo “certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, informes de servicios sociales o certificados de registro de visitas, facturas de luz, gas, agua, telefonía o Internet a nombre del solicitante o cédulas de inscripción o documentos de inscripción consular”.
La solicitud, ha señalado Sanidad, activa un documento provisional que permite el acceso a la asistencia sanitaria desde el primer momento y fija un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente. Este derecho a la atención en la sanidad pública se ampliará a las personas españolas de origen residentes en el exterior y a sus familiares durante sus desplazamientos temporales a España.