Madrid, 22 ago (EFE).- El Gobierno ha subrayado este martes que el reparto de la acogida de menores migrantes no acompañados entre las distintas autonomías figura en una ley que está en vigor y que hay que cumplir, después de que Baleares haya anunciado que recurrirá esta norma ante el Tribunal Supremo, y pedirá su suspensión cautelar.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha comparecido ante los periodistas tras reunirse este jueves con el presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, Manuel Villoria, un ente que comenzará a funcionar el 1 de septiembre.
El ministro ha subrayado que el reparto de menores con criterios objetivos entre distintas comunidades es “una ley que está en vigor” y que las leyes han de cumplirse y “solo se pueden suspender si” hay una decisión judicial que así lo determina“ y que no hay hasta la fecha.
Bolaños espera que los tribunales no suspendan este mecanismo, que considera esencial y ante el movimiento de Baleares para frenar este reparto ha recordado que la ley en vigor establece un sistema de solidaridad para repartir la “presión migratoria” que reciben Canarias, Ceuta o Melilla y que puede darse también en, ha afirmado, Andalucía o Baleares.
El reparto de la acogida busca “que ninguna comunidad autónoma tenga que asumir ese sobrecoste que supone atender en condiciones de dignidad a personas, sobre todo niños y niñas, que llegan a nuestro país”, ha argumentado el ministro.
También ha recordado que España como país ha pedido a Europa un sistema de solidaridad y se ha hecho cargo también, como en el caso de los refugiados ucranianos que entraron por la frontera polaca tras la agresión de Rusia a Ucrania.
Diez comunidades presididas por el PP y Castilla-La Mancha recurrieron ante el Tribunal Constitucional el mecanismo forzoso de reparto de menores migrantes desde zonas con los recursos saturados, aprobado en marzo.
La Comunidad de Madrid recurrió además ante el Supremo el segundo decreto del Gobierno, que desarrolla este proceso de reubicación, como ahora ha anunciado que hará Baleares.
Pese a estos recursos, el Gobierno ha manifestado su intención de comenzar con los procedimientos de traslado la próxima semana, después de que el Consejo de Ministros apruebe el martes, día 26 de agosto, un tercer decreto que detallará las cifras de reubicación que deberá asumir cada región y la financiación que corresponde a cada autonomía.