La ampliación de los aeropuertos de El Prat y Barajas choca con el compromiso climático del Gobierno

Destinar 3.600 millones de euros a ampliar los aeropuertos de Madrid y Barcelona es una decisión que choca con el compromiso ecológico que el Gobierno quiso exhibir al declarar la emergencia climática en enero de 2020. Entonces, esa declaración suponía, decía el Ejecutivo, un compromiso por la “acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía”. Además, se señalaba que así se subrayaba “la prioridad” que se daba a los “grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático”.

Sin embargo, el acuerdo con la Generalitat para convertir El Prat en un nodo internacional y la remodelación de Barajas anunciada este lunes no dejan de representar una promoción del sector aéreo cuyas emisiones de gases invernadero (GEI) –que causan el cambio climático– ya crecieron un 30% solo entre 2013 y 2018. “Si [la aviación] fuera un país, estaría entre los diez que más GEI emiten”, recuerda la Comisión Europea. En contraste, en aquel enero del año pasado, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, contemplaba favorablemente la opción de aplicar una tasa verde al transporte aéreo al ser sus usuarios “los que más tienen”. No era una medida sacada de la chistera pues, en ese momento, Francia había establecido por su parte un impuesto así. “Es interesante”, analizaba Ribera.

Escribe Raúl Rejón.